por Unanimidad resuelve lo siguiente: POR UNANIMIDAD se absuelve al acusado MANUEL DE JESUS ILARRAZA, de la comisión del delito de Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el artículo 409 ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso NORBERTO ILARRAZA y en consecuencia, se ordena su libertad inmediata desde la propia sala de audiencia. Las costas corresponderán al estado de conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Código Orgánico procesal penal.

Por todo los razonamientos expuestos, este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la acción de DIVORCIO fundamentada en la causal Segunda del Artículo 185 del Código Civil intentada por la ciudadana MONICA SANCHEZ BERTI, contra el ciudadano JESUS OBERTO IVIMAS BELLORIN, y en consecuencia disuelto el vínculo conyugal que contrajeron por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Federal, el día 03 de Setiembre del año 1994, de conformidad con lo establecido en el artículo185 causal Segunda del código Civil Venezolano.-

Es por lo que este Juzgado del Municipio Bermúdez del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la presente demanda, por ser contraria a derecho, de conformidad con lo establecido en el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.- Y así se decide.-

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado en ejercicio NESTOR GUEVARA B., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 32.744, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante, ciudadana MARISOL MONTEVERDE y en consecuencia, se Confirma la decisión del Tribunal de la Causa de fecha 20-02-04. Así se decide. Por cuanto la presente decisión fue dictada fuera del lapso legal, se ordena notificar a las partes de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Por los motivos expuestos, es posible concluir que no existe identidad de cosa, lo cual hace inoficioso el análisis de los otros requisitos. De modo que observa quien decide, que tampoco coincide la identidad de causas, por cuanto, ante la pregunta de ¿porqué litigan?, encontramos respuestas distintas en ambos procesos. En el proceso anterior, la razón jurídica para pedir estuvo en la condición de arrendadores del inmueble objeto del contrato de arrendamiento; en cambio, en el presente proceso la razón jurídica es la condición de propietarios del mencionado inmueble. Por último, no comparte esta juzgadora lo utilizado por el demandado ante las reclamaciones de los actores, ya que según él, debieron impugnar la transacción mediante el recurso de apelación en contra del auto de homologación o en su defecto proponer la correspondiente pretensión de nulidad, pero nunca intentar demanda. Lo anterior resultaría cierto, si los actores realmente pretendieran ener.....

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado en ejercicio REINALDO VASQUEZ R., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 15.478, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada, ciudadana PRUDENCIA RODRIGUEZ y en consecuencia, se Confirma el auto del Tribunal de la Causa de fecha 09-02-04. Así se decide. Por cuanto la presente decisión fue dictada fuera del lapso legal, se ordena notificar a las partes de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda DE OBLIGACION ALIMENTARIA solicitada por la ciudadana DEIRIS DEL CARMEN MARQUEZ ROJAS contra el ciudadano JOSE LUIS PEDRO ALONSO BLANCO, plenamente identificados en el encabezamiento de la presente decisión, a favor del niño, este Tribunal condena al progenitor a suministrar a su hijo la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (BS. 400.000,00), MENSUAL, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 30, 365 y 369 de la LOPNA, en concordancia con el 76 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

declaró improcedente la solicitud formulada y en consecuencia niega la expedición de copias certificadas.

Por todas las razones expuestas, este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la SEPARACIÓN DE CUERPOS EN CONVERSION DE DIVORCIO de los Ciudadanos JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ Y ROSAURA DEL VALLE BELLO SIFONTES, quedando así en consecuencia disuelto el vínculo conyugal que contrajeron por ante la Prefectura de LA Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, el día 10 de Junio del 2000. De conformidad con el Artículo 185 en su primer aparte del Código Civil venezolano, así se decide

mediante la cual solicitan al tribunal deje sin efecto la ejecución solicitada y homologue la presente diligencia, y habiéndosele dado cuenta al Juez de la misma, este Tribunal imparte la HOMOLOGACION al CONVENIMIENTO hecho por las partes. Y por cuanto dicho Convenimiento no es contrario al orden público, ni a la moral, ni a ninguna disposición expresa de la Ley, se ordena proceder como si se tratara de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y el archivo del expediente, de conformidad con el Artículo 263 del Código de procedimiento Civil.