Por todo lo antes expuesto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara PRIMERO: INCOMPETENTE por la Materia para conocer y decidir la presente demanda de partición de la comunidad conyugal incoada por el ciudadano JORGE LUIS CHAKRA ADILIBI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.818.270 y de este domicilio, asistido por el abogado en ejercicio JUAN FIGUEROA RADA inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 50.018 contra la ciudadana CHARIBA SAWASN, mayor de edad, de Siria con número de pasaporte 007338971. SEGUNDO: SE DECLINA LA COMPETENCIA EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION, SUATANCIACION, Y REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. ASÍ SE DECIDE.

En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho antes planteados, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRANSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara de oficio la PERENCION BREVE en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES POR LETRA DE CAMBIO incoara el abogado JULIO JULIAN ARIAS, titular de la cédula de identidad número V-12.663.801 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 119.981, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JAIME RAFAEL ROJAS ROMERO, venezolano, mayor de edad, contratista, titular de la cédula de identidad número V-12.920.271, según Poder debidamente autenticado por ante la Notaria Pública del Municipio Sucre del Estado Sucre, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), bajo el N° 16, Tomo 153, Folios 56 hasta el 58 de los libros respectivos. Así se decide.-

En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho antes planteados, este Tribunal SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRANSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara de oficio la PERENCION BREVE en el juicio que por DIVORCIO siguió la ciudadana ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ RIVERO, titular de la cédula de identidad número V-9.980.236, asistida por los abogados en ejercicio ELINOR BOADA RIVAS y FELICIANO MADRID, titulares de las cédulas de identidad números V-9.977.184 y V-8.937.856, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 45.647 y 35.961, respectivamente, contra el ciudadano JUAN RAMON BORGES GEDLER, titular de la cédula de identidad número V-6.484.626. ASÍ SE DECIDE.

En atención a los motivos de hecho y derecho anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario, Marítimo y Tránsito del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio a través del cual se ventila la pretensión de DIVORCIO 185-A, interpuesta por los ciudadanos, JOSÉ NATIVIDAD ROJAS Y MIGUELINA DEL CARMEN CARABALLO venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-4.494.914 y V- 4.784.142, asistido por el abogado en ejercicio YVAN JOSE SALAZAR, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.756.

En fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la pretensión de REIVINDICACION incoada por el ciudadano JOSE LUIS GUANCHEZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.978.873, debidamente representado por sus Apoderados Judiciales, Abogados CARLOS JAVIER RODRIGUEZ y MIGUEL ANGEL CORDERO, inscritos en el IPSA bajo los números 142.372 y 44.428, respectivamente, en contra de los ciudadanos PABLO MARCUS y la ciudadana MARIA GABRIELA CASTILLO, en su carácter de Administradora del Centro Comercial MAKRO.

es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 149, 152 y 153, considerando que la situación planteada se ajusta a los supuestos de dicha norma, siendo obvio y procedente lo alegado y probado, DECLARA CON LUGAR la solicitud de RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO Nº 116, de fecha veinticinco (25) de Agosto del año Dos Mil (25-08-2000), llevada por ante el Registro Civil del Municipio Ribero del estado Sucre. En consecuencia se ordena librar oficio al Registrador Civil Municipal del Municipio Ribero del Estado Sucre

Por todo lo Antes expuesto este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, LA MEDIDA DE PROTECCIÓN COLOCACIÓN EN FAMILIA DE ORIGEN, intentada por la ciudadana OLIMPIA MARIA HERNANDEZ DE CARMONA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 4.296.057, en su carácter de Abuela materna en beneficio de su nieto OMISSIS, Todo de conformidad con los Artículos 126 literal i), 396, 397 de la Ley Orgánica para la Protección de niños, niñas, y adolescentes, en concordancia con los Artículos 09 de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-

En mérito y con fundamento a cada uno de los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente fallo, esta Tribunal de Mediación, Sustanciación, Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes esta Circunscripción Judicial Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara con lugar la Homologación de Autorización de viaje, interpuesta por la ciudadana JOHANNA MARIA FIGUERA DUQUE, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 23.433.537 y domiciliada en la Urbanización la Llanada, Sector 1, Vereda 44, Casa N° 03, Jurisdicción de la Parroquia Altagracia, Cumaná, Municipio Sucre, estado Sucre, y previa notificación al ciudadano ADRIAN JOSUE FERNANDEZ SALAZAR venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 20.991.025 CON DOMICILIO EN Brasil Sur, Segunda Etapa, Terraza 25, Jurisdicción de la Parroquia Altagracia, Cumaná, Municipio Sucre, estado Sucre, .....

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, Este Tribunal Primero de Primera Instancia en Lo Penal, en Funciones de Ejecución, del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de La Ley Acumula las Penas impuestas a Gabriel Enrique Espinoza, Venezolano, Mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Número V- 21.287.319 ...

DISPOSITIVA En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal Penal QUINTO en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y por decisión dictada conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida RONNI RAFAEL MUÑOZ RODRIGUEZ, por la comisión del delito de ULTRAJE A LA INVESTIDURA DEL FUNCIONARIO PUBLICO previsto y sancionado en el artículo 222 Numeral 1 del código penal, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, por considerar que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento público de persona alguna en este delito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de conformidad con lo previsto en el artíc.....