Por cuanto, está plenamente probado en autos, que en la presente causa operó la perención de la instancia, este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y CRUZ SALMERÓN ACOSTA DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la demanda intentada por HENRY LUIS VILLAROEL MACHADO contra ARMANDO PEREDA y MANUEL RIVERA y la EMPRESA PROSEGUROS, por DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO.

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la presente solicitud de Divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil formulada por los ciudadanos PORFIRIO JOSE LOPEZ RAMOS Y CARMEN VICTORIA RODRIGUEZ CALVO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros 11.828.051 y 10.467.232 respectivamente

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la presente solicitud de Divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil formulada por los ciudadanos WILFREDO JOSE FERNANDEZ Y LESME DEL VALLE CORTEZ GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros 14.008.918 y 12.663.338

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la presente solicitud de Divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil formulada por los ciudadanos LUISA IRENE ANAYA SEGURA Y AROLDO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº 15.360.456 y 13.360.100 respectivamente

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la presente solicitud de Divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil formulada por los ciudadanos MANUEL ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ Y CRISTINA JOSE MONTES CARVAJAL , venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros17.539.407 y 16.701.350.

Estas obligaciones ha señalado la Sala, se encuentran contenidas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial excluyéndose las correspondientes al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de la boleta de citación y los atinentes al pago del funcionario judicial para la obtención del acto de comunicación procesal de citación, que fueron derogadas por el principio de gratuidad de la justicia contenidos en la Constitución de 1.999; sin embargo subsiste la obligación del actor que debe ser satisfecha dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, de presentación de las diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la Perención de la Instancia, siendo así un criterio de la S.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Tribunal Tercero de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA conceder un lapso de Ciento Veinte (120), días contados a partir de la presente fecha para que la representante del Ministerio Público presente el Acto Conclusivo correspondiente en el presente asunto seguido al imputado PEDRO DOMINGUEZ CARREÑO, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FÍSICA previsto y sancionado en el artículo 42, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia perjuicio de la ciudadana ODRIS MORABIA ARRIETA; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal

Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal, del Estado Sucre, Extensión Carúpano Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al imputado: YORBIN RAFAEL GARCÍA SALAZAR, quien era venezolano, soltero, de 22 años de edad, pescador, nacido en fecha 07-02-1981, titular de la cédula de identidad N° 16.266.013, natural de Río Caribe, Municipio Arismendi del Estado Sucre y residenciado en la Urbanización Bahía Honda, casa s/n Río Caribe , Municipio Arismendi del Estado Sucre, a quien la Fiscalía Primera del Ministerio Público acusa por el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITOS, previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos, en perjuicio de FRANCISCO ANTONIO ROMERO RODRÍGUEZ. Todo de conformidad con el artículo 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia.....

el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 numeral 3 y 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA iniciada por denuncia; en contra del imputado PERSONAS DESCONOCIDAS; por hecho punible tipificado delito de Hurto Simple, previsto y sancionado en el artículo 453 del Código Penal Venezolano vigente para la fecha de los hechos, en virtud de que el ejercicio de su acción se encuentra evidentemente prescrita conforme al artículo 108 numeral 5 del Código Penal ejusdem.

el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, a favor de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinales 4° y 6° del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos; en virtud que el ejercicio de su acción se encuentra evidentemente prescrita conforme al artículo 108 numeral 4 del Código Penal.