En consecuencia, este Tribunal Quinto de Control Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD, del imputado JESÚS ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.345.966, residenciado en la población de Araya, por el delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánico Contra Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El Imputado quedará recluido en la Comandancia de Policía de esta ciudad de Cumaná. Líbrese boleta de encarcelación, que deberá ser remitida junto con oficio a la Comandancia General de la Policía del Estado Sucre. Remítase en su oportunidad las presentes actuaciones a la Fiscalía Undécima del Ministerio Público. En virtud de que esta decisión fue dictada en audiencia Oral en presencia de las partes téngase por notifi.....

En consecuencia este Juzgado Quinto de control, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda dictar MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL DE LA LIBERTAD al ciudadano Anderson José Maestre Araguache, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 16.997.481, y de este domicilio; a quien se le imputa el delito de Homicidio Intencional, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana Maribel del Valle Jiménez. Líbrese la correspondiente Orden de Aprehensión dirigida a los Cuerpos de Seguridad del Estado, y una vez aprehendido sea puesto a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público.

En consecuencia este Tribunal Quinto de Control Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley acuerda desestimar la denuncia de la ciudadana Norelys del Valle Sotillo, en contra de un ciudadano de nombre Gabriel, por la comisión del delito de Amenazas, previsto y sancionado en el artículo 175 segundo aparte del Código Penal vigente para la época, en virtud de que los hechos aunque revisten carácter penal, la acción debe ser intentada es a instancia de parte agraviada, y el procedimiento debe ser directamente intentado ante el juez de juicio respectivo.