Este Tribunal Mixto Tercero de Juicio compuesto por el Abogado SAMER ROMHAIN quien actúa como Juez Presidente y los ESCABINOS: JUAN ENRRIQUE PEREDA MARCANO Y NORIS DEL CARMEN LICET GIL Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Decretan: Se acordó el cambio de Calificación Jurídica de Homicidio Intencional Con Error en la Persona Previsto y sancionado en el artículo 407 en concordancia con el artículo 68 ambos del Código Penal por el de Homicidio Culposo Previsto y Sancionado en el Artículo 411 del Código Penal y en consecuencia se declara: Por UNANIMIDAD que el Ciudadano: RICHARD JOSE GOMEZ, indocumentado, Venezolano, Soltero de profesión Albañil, nacido el 12-10-1978, Residenciado en el Sector la manga, Jurisdicción de la parroquia Cumanacoa, hijo de Avelina Gómez y Jesús Ramón Coronado, es CULPABLE del delito de Homicidio Culposo Previsto y Sancionado en el Artículo 411 del Código Penal. En Cuanto a la penalidad el artículo 4.....

Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la solicitud de traslado del acusado RIVERO JIMENEZ ANGEL RAFAEL, para los días 15 al 20 de Julio del año en curso hacia el Internado Judicial de Maturín a los fines de participar en el los Juegos deportivos en la Zona Oriental. Líbrese Oficio al Internado Judicial. CUMPLASE.

Este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la solicitud del abogado Rafael Latorre Cáceres e igualmente estima que se debe notificar al querellado para que en un plazo perentorio de tres días siguientes a la fecha de su notificación designe un abogado de confianza, de lo contrario este Tribunal le proveerá al querellado de la asistencia Jurídica Gratuita de un abogado a través de un Defensor Público Penal, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal.