Nótese de lo antes expuesto que, este Organo Jurisdiccional fue claro y preciso cuando decretó la referida medida preventiva, ya que ordenó la inmovilización de las cuentas corrientes anteriormente señaladas, pero, tal inmovilización sólo tendría como finalidad que no se efectuara retiro alguno de las mismas, circunstancia ésta que fue expuesta con suma puntualidad. De tal manera que, resulta obvio que al no ordenar este Tribunal el bloqueo absoluto de las cuentas en mención, necesariamente niega lo solicitado por la parte demandante, y si algún error ha ocurrido en la materialización de la medida no corresponde a este Juzgado subsanarlo.

Así las cosas, como quiera que por imperio del artículo 206 de la Ley Civil Adjetiva, le esta prohibido al Juez, de modo absoluto, declarar la nulidad "...si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado", prohibición esta que alcanza mayor vigor dentro de un marco constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar una justicia "...expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles" (artículo 26 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y que prohíbe asimismo, de forma expresa, sacrificar "...la justicia por la omisión de formalidades no esenciales" (artículo 257 eiusdem); en consecuencia, habiendo la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, dado contestación a la demanda en tiempo hábil para ello, a través de sus legítimos representantes judiciales, es obvio que el acto de citación producido en el presente procedimiento, alcanzó el fin al cual estaba destinado y, en fuerza de ello, este Tribunal estima inú.....

Significa entonces que, habiendo decretado este Órgano Jurisdiccional la medida antes referida con arreglo a la citada disposición legal, resulta que, la vía recursiva pertinente para enervar los efectos de la medida en cuestión la constituye el recurso de apelación, tal como se infiere del contenido del artículo 761 del Código de Procedimiento Civil. Luego, no habiendo recurrido la parte demanda contra la cual se decretó la medida preventiva acordada por este Juzgado, resulta obvio que, mal puede este Tribunal levantar dicha medida si no ha mediado recurso alguno contra ella, y por tal motivo se niega lo solicitado por el apoderado judicial de la parte demandada. Así se decide.

En el caso particular bajo estudio la representación judicial de la demandante requirió el decreto de la cautelar antes dicha, sobre la base de existir - de acuerdo con su decir - la presunción grave del derecho reclamado, sin que haya alegado hecho alguno ni traído prueba a los autos respecto del periculum in mora. De tal suerte que, siendo concurrentes ambos requisitos y no habiéndose alegado ni probado el periculum in mora, este Tribunal niega el decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar y así se decide.