Pues, bien, resulta que ante el incumplimiento del pago que la accionada convino en la transacción judicial, este Organo Jurisdiccional se encuentra impedido de conminarla al mismo, así como de ejecutar en la medida que se ha solicitado el aludido acto procesal, precisamente, por los efectos declarativos que debe comportar la decisión que resuelve pretensiones como las que nos ocupa; de allí que, las obligaciones pecuniarias asumidas por la demandada en la referida transacción judicial solo podrán ser exigidas en un procedimiento autónomo e independiente que culmine con una sentencia de condena, en razón de lo cual, sólo quedará a la parte interesada instaurar una pretensión dirigida a tal fin, con cargo a un título ejecutivo que vendría a constituirlo la transacción judicial debidamente homologada y así se establece.

En cuanto al pedimento relativo al cálculo de los intereses y la corrección monetaria, advierte esta jurisdicente que, tales conceptos no fueron condenados en la sentencia y por lo tanto, mal puede este Despacho Judicial conminar a la parte demandada a fin de que cumpla con el pago de los mismos y así se decide. Por último, en lo que concierne al cálculo de las costas procesales, resulta menester que se aclare que, si la parte ejecutante aspira el pago de los gastos causídicos del juicio los cuales integran la institución de las costas procesales, debe entonces seguir las pautas establecidas en la ley de arancel judicial, y si lo que pretende es el pago de los honorarios profesionales con cargo a la parte condenada en costas, entonces deberá el legitimado para ello intimarlos de acuerdo con las previsiones de la Ley de Abogados y así se decide. De modo que, sobre la base del argumento que precede, este Tribunal niega el pedimento formulado en relación al cálculo por parte de este Ju.....

éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara: INCOMPETENTE para conocer de la reclamación contra una VIA DE HECHO, incoada por el ciudadano FRANKLIN JOSE CARMONA, portador de las cédula de identidad N° V- 9.276.526, representado judicialmente por el abogado en ejercicio JUAN CARLOS BRAVO MUNDARAY, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 93.009; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT; y en tal sentido DECLINA la competencia en el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a quien acuerda remitir las presentes actuaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, una vez quede firm.....