Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, la apelación ejercida por el Abogado Manuel Milano Agreda, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 91.312, Apoderado Judicial del Ciudadano José Gonzalo Ramos Montaño, titular de la Cédula de Identidad Nº V-1.321.237, contra el auto de fecha 14 de Noviembre de 2013, dictado en el presente asunto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.- SEGUNDO: SE REVOCA el auto recurrido. En consecuencia se declara desistida la prueba de cotejo promovida por la parte demandada; y en tal sentido se exhorta al Juzgado A Quo.....

Con fuerza en los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Primero de Control del Sistema de Responsabilidad Penal de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la ciudadana LISBETH MARCANO MILANO, Defensora Público Penal del Adolescente OMISSIS,; contra quien en fecha veintiuno de enero del dos mil catorce (21-01-2.014) éste Tribunal decretó DETENCIÓN PARARA ASEGURAR LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PRELIMINAR, conforme al artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; por estimarlo presuntamente incurso en la comisión de los delitos de HURTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, tipificados en los artículos 1 y 2, este último en los numerales 3º y 5º; y DESVALIJAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR, tipificado en el artículo 3, ambos de la .....

este Tribunal Primero de Control Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley acuerda Medida de Protección consistente en Recorridos Policiales, por el domicilio de la testigo ciudadana MARIAN MARCELIS HERNÁNDEZ GUERRA, titular de la cédula de identidad Nº-V24.514.412, la cual tendrá una duración de Seis meses y podrá ser prorrogada en caso de necesidad y a solicitud del Ministerio Público; todo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 2,4, 5, 7 y 30 de la Ley de Protección de Victimas, testigos y Demás Sujetos Procesales y así se decide. En tal sentido se acuerda oficiar lo conducente al DIRECTOR DEL INSTITUTO AUTONOMO DE POLICÍA DEL ESTADO SUCRE, (I.A.P.E.S.), a objeto de informarle que funcionarios adscritos a esa Institución Policial deben cumplir con el presente mandato de protección a la testigo.

DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al Ciudadano RAMON JOSE SUBERO CASTILLO, quien en es venezolano, Mayor de Edad, Titular de la cedula de identidad N: 16.625.481 y residenciado en: Sector Bahía Honda, cerca del mercal, Casa S/N; Río Caribe, Municipio Arismendi, Estado Sucre, por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de SONIA MARIA GARCIA ACOSTA, quien en es venezolana, Mayor de Edad, Titular de la cedula de identidad N: 21.012.375 y residenciada en: Sector Bahía Honda, cerca del mercal, Casa S/N; Río Caribe, Municipio Arismendi, Estado Sucre, por considerar que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento público de persona alguna en este delito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordi.....

DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al Ciudadano CRUZ JUVENAL RODRIGUEZ BARCENAS, quien en es venezolano, Mayor de Edad, Titular de la cedula de identidad N: 6.300.319 y residenciado en: Yaguaraparo, Sector Domingo de Ramos, Casa S/N; Municipio Cajigal, Estado Sucre, por la comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de ELINOR MARGARITA MARIN URBANO, quien en es venezolana, Mayor de Edad, Titular de la cedula de identidad N: 15.596.729 y residenciada en: Sector Cuway, Chorochoro, Casa S/N, Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, por considerar que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento público de persona alguna en este delito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida a PERSONAS DESCONOCIDAS, por la comisión del delito de ALTERACION DE SERIALES, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, por considerar que el Hecho objeto del proceso no se realizo o no puede atribuírsele al imputado o imputada, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida a PERSONAS DESCONOCIDAS, por la comisión del delito de ALTERACION DE SERIALES, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al Ciudadano JEAN CARLOS ZORRILLA (de quien se desconocen mas datos), por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de KEILA CAROLINA RODRIGUEZ SUNIAGA, quien en es venezolana, Mayor de Edad, Titular de la cedula de identidad N: 21.010.777 y residenciada en: Urbanización Charallave, Calle 01, casa S/N, Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, por considerar que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento público de persona alguna en este delito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al Ciudadano YOEL ANTONIO LEON MENDOZA, quien en es venezolano, Mayor de Edad, y residenciado en: Calle 14 de Charallave, Casa S/N, Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y VIOLENCIA FISICA, previstos y sancionados en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de ROSELIS DEL CARMEN FRONTADO BELLORIN, quien en es venezolana, Mayor de Edad, Titular de la cedula de identidad N: 12.741.796 y residenciada en: Vereda 09, Sector la Cumbre de Charallave, casa S/N, Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, por considerar que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento público de persona alguna en este delito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

DECRETA el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al Ciudadano JORGE ANTONIO LA ROSA (de quien se desconocen mas datos), por la comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de YOLANDA JOSEFINA ESPINOSA HERNANDEZ, quien en es venezolana, Mayor de Edad, Titular de la cedula de identidad N: 5.485.293 y residenciada en: Los Uveros, Calle Principal, Casa S/N, Carúpano, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, por considerar que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento público de persona alguna en este delito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.