ACUERDA: Otorgar Medida de Protección tanto a quien aparecen como víctima, ciudadano LEONARDO JOSÉ MÁRQUEZ OSUNA, titular de la cédula de identidad N° V-14.291.493 y a su núcleo familiar, a fin de garantizarles sus integridades físicas y emocionales; en consecuencia, se exhorta al Comandante de la Policía del Municipio Bermúdez, para que ordene a los funcionarios adscritos a la zona donde reside la víctima, que efectúen RONDAS POLICIALES consecutivas durante el día y la noche, alrededor de la vivienda donde habita la víctima y su núcleo familiar, ubicada en Guayacán de las Flores, sector el Río, calle Virgen del Valle, casa s/n, de color azul, al frente de la capilla, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, así como en el lugar de trabajo de la víctima ubicado en la calle Acosta N° 87, Electrónica Integral J.R. C.A. Municipio Bermúdez del Estado Sucre, por el lapso de seis meses.

acuerda remitir el presente asunto, seguido al ciudadano FREDDY JOSÉ MARIN VICENT, por la comisión del delito de Violencia Física, en perjuicio de la ciudadana Luisa Beatriz Rojas Macuarán, al Tribunal Cuarto de Control de esta extensión Judicial, a los fines legales consiguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 ordinal 4° y 73 del Código Orgánico Procesal Penal.

acuerda remitir el presente asunto, seguido al ciudadano FREDDY JOSÉ MARIN VICENT, por la comisión del delito de Violencia Física, en perjuicio de la ciudadana Luisa Beatriz Rojas Macuarán, al Tribunal Cuarto de Control de esta extensión Judicial, a los fines legales consiguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 ordinal 4° y 73 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARA SIN LUGAR LA REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD solicitada por el Defensor Público Penal Abg Edgar Alexander Brito Torrez, a favor del ciudadano Luis David Carreño Gil, plenamente identificado en las actas procesales, negándose así la sustitución por una medida cautelar sustitutiva de libertad; con fundamento en el artículo 264, 250, 251 ordinales 2° y 3° parágrafo 1° del Código Orgánico Procesal Penal.