resulta que, mal puede afirmar la parte demandante que, los instrumentos mercantiles sobre la base de los cuales solicitó las cautelares en cuestión, crean una presunción grave; requisito éste indispensable para el decreto de las medidas cautelares, de conformidad con lo establecido en el artículo 585 ibídem, y por tal motivo este Tribunal niega el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar y de embargo preventivo. Así de decide.-

este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito Agrario, Bancario y Marítimo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el abogado en ejercicio ROMULO CALDERON TORRES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 72.790, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana DILIA DEL CARMEN MARQUEZ GONZALEZ DE MOTA, portadora de la cédula de identidad Nº V- 8.649.840, contra el ciudadano GIUSEPPE LUCCHI CAPUTI, portador de la cédula de identidad Nº E- 81.079.194, representado judicialmente por el abogado en ejercicio JUAN ERNESTO PUIG MUÑOZ,