Revisadas como han sido las presentes actuaciones y por cuanto se observa: Que en fecha 07 de Junio del 2.004, se admitieron las pruebas presentada por la parte demandada en el presente juicio, y en cuanto al capitulo II de las pruebas promovidas, se fijo el cuarto día para que el ciudadano Pedro Antonio López, absolviera las posiciones Juradas, y de manera que desde esa fecha hasta la presente han transcurrido Tres (03) años y Ciento Cincuenta y Siete (157) días de despacho, sin que la parte impulsara la misma, debe entender esta Instancia que el promovente ha desistido de dicha prueba. Así se decide. Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara DESISTIDA la prueba promovida en la presente causa.- Y asimismo, .....

Las normas antes señaladas establecen que el tercero afectado por la medida recaída sobre bienes de su propiedad, debe intervenir en el proceso mediante demanda de tercería, tal y como ha sido señalado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12 de Junio de 2.003, expediente Nº RC-00256, y en este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional en Sentencia de fecha 18 de Abril de 2.007, expediente Nº 06-1114 y en Sentencia de la misma Sala en Sentencia Nº 180 del 08 de Marzo del 2.005, que señaló: “Bajo la perspectiva Constitucional de los Derechos de la Tutela judicial efectiva y al debido proceso, es criterio Jurisprudencial de esta Sala que la Oposición que preceptúa el Artículo 546 no solo es aplicable para el supuesto de afectación de la situación jurídica subjetiva de un tercero por una medida de embargo, sino también para el caso de que lo sea por causa de cualquier otro tipo de medidas preventivas (secuestro, prohibición de ena.....

En este sentido, la Sala Civil en Sentencia N° 997 de fecha 31 de Agosto de 2.004, estableció que la indicación que haga el demandante en su libelo del domicilio del demandado, es pertinente para su citación o intimación, por lo que constituye una obligación impretermitible del accionante señalarle al Juez el lugar en el que se debe practicar la actuación procesal que dará inicio al contradictorio, y de no hacerlo imposibilitaría la realización de las actividades procesales a cargo del Tribunal, dado que, el alguacil desconocería la dirección a la cual debe trasladarse para poner en conocimiento al demandado de que ha sido instaurado un juicio en su contra. Siendo así, y evidenciándose en autos que, el libelo de la demanda no señala el domicilio donde el alguacil debe practicar la citación de la parte demandada, y no habiendo puesto a disposición del alguacil de los medios y recursos necesarios para la citación del demandado, es por lo que este Juzgado de Primera Instanc.....