Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRANSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la demanda de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION, suscrita por el ciudadano AMAURIS MANUEL RIVERO LUGO, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad número V-14.671.816, inscrito en el inpreabogado bajo el número 100.683, con domicilio procesal en el Edificio Fundabermúdez, piso número 1, oficina, número 06, Calle independencia de la ciudad de Carúpano del Estado Sucre, en contra del ciudadano ARMANDO DEL VALLE RUIZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-14.580.269 y con domicilio en el Sector La Salina de la Población de la Esmeralda, casa s/n, Municipio Ribero, Estado Sucre. ASI SE DECIDE.

En virtud de las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRANSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Con Lugar la pretensión contenida en la demanda de PRESCRIPCION ADQUISITIVA incoada por la ciudadana MARLENE COROMOTO TOVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-3.874.019, asistida por el abogado en ejercicio CLAUDIO GARCIA MATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-13.539.387, inscrito en el inpreabogado bajo el número 91.425. La parte demandada estuvo representada por la defensora Ad Litem, Abogada ELISA VASQUEZ VIZCAINO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 29.596.

Esta Juzgadora comparte el criterio que en forma reiterada ha sentado la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, como por los Tribunales de Instancia, en las Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de Mayo de 2003, 16 de Agosto de 2002 y 29 de Noviembre de 2002 siendo consecuentes con la necesaria aplicación del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que esa aplicación afecte el derecho a proteger los derechos Constitucionales, de las personas, ni constituye el incumplimiento del deber de abstenerse de exigir formalidades que limitan el ejercicio de la acción de Amparo; a fin de procurar que la solicitud presentada por los accionantes, quede redactada con toda claridad y precisión sin que el Juez Constitucional este obligado a "Señalarle al solicitante paso a paso, lo que debe contener el escrito y como explanarlo ya que, de obrar así, el Juez prácticamente estaría redactándole al acci.....