Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO, formulada por los ciudadanos: CARLOS JOSE SANCHEZ LAZARDE y FRANCIRIS CAROLINA TOVAR TOVAR, venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-12.275.064 y V-17.212.110, respectivamente

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO, formulada por los ciudadanos: LUIS JOSE VASQUEZ RAMOS y ZULEIMA ROSA TOVAR MAYORGA, respectivamente, casados, cónyuges entre sí, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Civil, declara DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, existente entre éstos nacido de acta de matrimonio Nº 124

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO, formulada por los ciudadanos: LORENZO RAFAEL LEMUS Y MARTHA JOSEFINA CEDEÑO

Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO, formulada por los ciudadanos: EDUARDO ANTONIO LOPEZ RENGEL y JACQUELIN DEL CARMEN VERA RODRIGUEZ venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad Nros V-15.111.221 y V-15.361.032

en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO, formulada por los ciudadanos: CARLOS JOSE SANCHEZ LAZARDE y FRANCIRIS CAROLINA TOVAR TOVAR, venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-12.275.064 y V-17.212.110, respectivamente

Este Tribunal Sexto de Control, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, examinada como ha sido la acusación fiscal y oída la exposición de las partes en esta sala y revisadas las actuaciones, emite su pronunciamiento en los siguientes términos: de conformidad con lo previsto en el articulo 330 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a RESOLVER DE LA ADMISIÓN O NO DE LA ACUSACIÓN: Este Tribunal efectuada la revisión de la acusación fiscal para el ejercicio del control formal y material de la misma, presentada por la Fiscal Décima del Ministerio Público, y sobre la base de la norma citada emite las siguientes decisiones: Se Admite Totalmente la ACUSACION FISCAL, presentada por la Fiscalía Décima del Ministerio Público en contra del Imputado DANIEL ALEXANDER MÁRQUEZ GONZÁLEZ, por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código .....

De todo lo antes dicho considerada quien suscribe la presente acta el deber de no continuar conociendo el presente asunto puesto que me encuentro incursa en una de las causales contenida en el Artículo 86 numeral 4to del Código Orgánico Procesal Penal, ya que mi Norte como Juez es la Imparcialidad, en tal sentido ME INHIBO de conocer el presente asunto penal de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 numeral 4to, por tener ENEMISTAD MANIFIESTA, con el Abogado ROMULO URBANO LUGGI, en consecuencia, se acuerda expedir copias certificadas que guardan estricta relación con la inhibición y remitirlas a la Corte de Apelaciones del Estado Sucre, así mismo se acuerda enviar a la mayor brevedad posible el asunto original al Tribunal Primero de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, para que continué conociendo del mismo, líbrese en consecuencia notificación a las partes y líbrese oficio.

Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Admite Totalmente la Acusación Fiscal, así como las pruebas promovidas por la representación fiscal, por ser las mismas lícitas, necesarias y pertinente, en contra del acusado , Elvis Josué Salazar Urbáez, venezolano, de 27 años de edad, de estado soltero, de profesión u oficio docente, nacido el 25-08-79, titular de la Cédula de Identidad N° 14.063.584, hijo de Mateo Salazar y Celestina Urbáez y domiciliado en el Calle Principal casa S/n Guayana, Parroquia Campo Elías, Municipio Libertador del Estado Sucre; En consecuencia Decreta La Suspensión Condicional del Proceso, durante el plazo de un (01) año

Por todos los razonamientos de Hecho y de Derecho anteriormente expuesto, éste Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, DECRETA Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de conformidad con el articulo 256, ordinal 3° y 4ª del Código Orgánico Procesal Penal, al Ciudadano Marvin Antonio Rivas Velásquez, venezolano de 22 años de edad, cédula de identidad 16.997.907, nacido en fecha: 24-07-84 , soltero, hijo de Dominga Velásquez y Miguel Rivas, residenciado en la calle Santa teresa, sector Tío Pedro, casa Nª S/N, cerro la Estación, Estado Sucre, Robo Agravado en Grado de Complicidad, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal en concordancia con el articulo 84 numeral 3ª del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Richard José Dugarte Plaza, consistente en presentaciones cada Treinta (30) días, por ante la Unidad de Alguaci.....

Con fundamento en todo lo expuesto, este Tribunal Cuarto de Juicio actuando en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, por UNANIMIDAD Resuelve: Se absuelve al acusado CARLOS LUIS ORTIZ venezolano, titular de la cédula de identidad N° 18.210.542, soltero, de 23 años de edad,, nacido en fecha 11 de agosto de 1983, residenciado en el barrio Los Molinos, calle Principal, casa No. 01, Cumaná Estado Sucre, hijo de Palmira del Valle Ortiz y José Luis Moreno, de la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal en perjuicio de LUIS MUÑOZ y LESIONES INTENCIONALES MENOS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal en perjuicio de LUIS BLADIMIR HERRERA y, en consecuencia, se ordena la libertad del acusado desde la propia sala de audiencias conforme a lo previsto en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyas costas correrán por cuenta del Estado Venezolano.