SE DICTÓ PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LAS PARTES.

En consecuencia, definitivamente firme como se encuentra la sentencia recaída en la presente causa y habiendo transcurrido el lapso para el cumplimiento voluntario, este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCIÓN en la presente causa y aun cuando por la naturaleza dedicha decisión no corresponde ejecución alguna por parte de este Tribunal, toda vez que no se trata de una sentencia condenatoria, el acto administrativo impugnado quedó firme y por consiguiente las obligaciones tributarias allí expresadas también son firmes, líquidas y exigibles, en consecuencia, se ORDENA remitir el expediente ala Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de su ejecución. Líbrese oficio y remítase el expediente a la Coordinación Judicial de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributa.....

En consecuencia, definitivamente firme como se encuentra la sentencia recaída en la presente causa y habiendo transcurrido el lapso para el cumplimiento voluntario, este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCIÓN, en consecuencia, se ORDENA remitir el expediente a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a los fines de su ejecución. Líbrese oficio y remítase el expediente a la Coordinación Judicial de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, para su entrega definitiva a través de la Unidad de Actos de Comunicación (U.A.C). Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).....

Conforme con lo anteriormente expuesto, este Tribunal observa que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.507 extraordinaria de fecha 29 de enero 2020, el legislador le confirió la competencia para el cobro ejecutivo y la ejecución de los fallos a través de ese procedimiento administrativo, a la Administración Tributaria, tal como lo dispone el artículo 308 ejusdem, que a la letra dispone: "Artículo 308. Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario sin que éste se hubiere producido, la Administración Tributaria ejecutará forzosamente la sentencia conforme al procedimiento de cobro ejecutivo previsto en este Código". Al respecto, resulta oportuno traer a colación el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión Nº 00543 de fecha 14 de mayo de 2015, que estableció: "...corresponde a la Administración Tributaria iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del cobro ejecutiv.....

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO QUINTO (5°) SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta el 31 de julio de 2025, por el abogado HERBERT E. CASTILLO, en su carácter de apoderado judicial de la demandada recurrente, FUNDACIONES FRANKI C.A., contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2025, dictada por el Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial; SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia apelada; TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, ordenando a la demandada a pagar los conceptos y montos detallados en la motiva del presente fallo; y, CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad a lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJ.....

DISPOSITIVA Por las motivaciones precedentes, este TRIBUNAL DÉCIMO SEPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, Declara: PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de DIVORCIO formulada por el ciudadano JORGE ALBERTO JASPE PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 14.238.991. SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior queda DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído por los ciudadanos JORGE ALBERTO JASPE PEREZ y LUCIA DE LAS MERCEDES GRATEROL NAVARRO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-14.238.991 y V.- 18.584.523, respectivamente, en fecha 18 de diciembre de 2018, ante .....

(...) "....Este Juzgado vista que la mediación ha sido positiva y que la misma no vulnera derechos irrenunciables ni normas de orden público la HOMOLOGA, dándole efecto de cosa juzgada. Se deja constancia que se le hace entrega a las partes de las pruebas promovidas al inicio de la Audiencia Preliminar. LA JUEZ NEREIDA HERNÁNDEZ GONZALEZ LA SECRETARIA ESTEFANÍA OROPORTE BLANCO PARTE ACTORA Y SUS APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDADA Y SU APODERADO JUDICIAL

(....) "...Este Juzgado vista que la mediación ha sido positiva y que la misma no vulnera derechos irrenunciables ni normas de orden público la HOMOLOGA, dándole efecto de cosa juzgada. Se deja constancia que se le hace entrega a las partes de las pruebas promovidas al inicio de la Audiencia Preliminar. LA JUEZ NEREIDA HERNÁNDEZ GONZALEZ LA SECRETARIA ESTEFANÍA OROPORTE BLANCO PARTE ACTORA Y SU APODERADA JUDICIAL APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA

DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo estatuido en el artículo 267, en concordancia con lo previsto en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil.