TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control
Carúpano, 1 de Junio de 2018
208º y 159º

ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2018-001586
ASUNTO: RP11-P-2018-001586

Realizada como ha sido la audiencia de presentación en fecha: 29 de Mayo de 2018, siendo las 12.00 de la tarde , se constituye en la sala N° 04 de este Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 05, conformado por la Jueza Abg. Carol Cristy Muziotti Hernández, acompañada por la Secretario Judicial en funciones de Sala Abg. Abril Morales y el alguacil de sala; a los fines de celebrar la Audiencia De Presentación De Imputado, en el asunto instruido en contra de los ciudadanos ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ y VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ. A tal efecto se verifica la presencia de las partes, encontrándose presentes: El Fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público Abg. Wilfredo Monsalve, y el imputado de autos (previo traslado), a quien se le pregunta si tiene Defensor de Confianza que los asista en el presente acto, manifestando el mismo, que No tiene defensor de confianza, designando en este acto a la Defensora Pública Penal Nº 02, en funciones de guardia Abg. Siolis Crespo, quien fue impuesto de las actuaciones para su revisión. Seguidamente se le otorga el derecho de palabra al Fiscal del Ministerio Público, quien expone: Con las atribuciones que me confiere la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes, Presento e imputo en éste acto al ciudadano que no presenta tatuajes visibles en el cuerpo de la cual la victima se identifica como la persona que portaba la pistola esta representación fiscal precalifica para el ciudadano VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 de Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, y para el ciudadano ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458, con relación con el artículo 84 numeral °1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, por los hechos ocurridos en fecha 27/05/2018, según consta en DENUNCIA, de fecha 27-05-2018, rendida por la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, suscrita por ante funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Gral. José Francisco Bermúdez, quien expone: es el caso que venia caminando por la calle juncal cerca de Acosta Montaño frente al hotel San Francisco, cuando venían tres ciudadanos en eso dos se quedaron cuidando mientras que uno s eme acerca y saco una pistola y me la puso en la cabeza y me dijo mira mamahuevo dama la bolsa y me la quito dentro de la bolsa llevaba la cantidad de 50 mil bolívares en efectivo y salio corriendo gracias que estaba un policía cerca que se dio cuenta y lo agarro a dos ciudadanos el que me robo con la pistola y a otro que lo acompañaba el tercero se fue es todo.(…). Razón por la cual solicito se sirva decretar la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, numerales 1º, 2º y 3º; 237, numerales 2º, 3º, 4° y artículo 238, numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto de las actuaciones se evidencia que existen suficientes elementos de convicción que comprometen como autores o responsables a los ciudadanos identificados en autos de la comisión del delito ante precalificado, por considerar que se configura el peligro de fuga y obstaculización, por la pena que pudiera imponerse, la magnitud del daño causado, y el comportamiento demostrado durante el presente procedimiento. Solicito se decrete la Flagrancia de conformidad con el articulo 234 y se decrete el procedimiento ordinario de conformidad con el articulo 373 del Código Orgánico Procesal penal. Solicito que la presente causa sea remitida a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, a los fines de continuar con la investigación y presentar el acto conclusivo en su oportunidad legal. Por último solicito copias simples de la presente acta es todo. Seguidamente la ciudadana Juez impuso a los imputados de autos del Precepto Constitucional establecido en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 133, 134 y 138 del Código Orgánico Procesal Penal; identificándose el primero de ellos como ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, Venezolano, natural de Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre, soltero, de 25 años de edad, de profesión u oficio comerciante, Titular de la Cedula de Identidad N° V-20.375.763, nacido en fecha 23-10-1992, hijo de Fredy Rodríguez y Maryoris Jiménez, residenciado Playa Grande, Ato Román I, casa H 15, cerca del ambulatorio, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, quien expone: cuando yo iba subiendo a la calle juncal, yo iba hacia el san francisco y cuando yo volteo le hacen el robo a la chama y cuando yo me acerco veo que ella sale corriendo al tipo que la robo, los tres que ella dice se fueron, yo no soy cómplice, yo iba para barrio sucre, para llevar algo de comer, yo tengo dos días en la policía sin comer, incluso yo le dije a ella en la policía señora yo la apunte a usted y ella me dijo yo no se nada. A ella eso le pasó en todo el medio de la calle, es todo. Acto seguido se le cede la palabra al Fiscal del Ministerio público, quien realiza las siguientes preguntas: ¿Diga usted si posee en lugar visible de su cuerpo tatuajes y de ser positiva su respuesta, indique que figura esta representada en los mismos? Si tengo, el nombre de mi pareja y de mi hijo. Acto seguido se procede a identificar al segundo de ellos como: VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, Venezolano, natural de Valencia Estado Carabobo, soltero, de 23 años de edad, de profesión u oficio agricultor, Titular de la Cedula de Identidad N° V-25.335.938, nacido en fecha 09/04/1995, hijo de Irvin Rafael Mercado y Mirta Elena Rodríguez, residenciado Flor Amarillo, calle Mayorista, casa 15, cerca del Mercado el Mayorista, Valencia del Estado Carabobo, quien expone: yo venia por el Francis y yo venia con mi bolsita, y si vi que estaban robando a la señora, pero en ningún momento la robo, paso el policía y me agarro y le dije que paso, y me dijo vamos para el comando y me dijo dame cinco mil bolívares, le dije yo tengo dinero y me dijo bueno vamos que te tomaremos los datos y vamos al comando. Acto seguido se le cede la palabra al Fiscal del Ministerio público, quien realiza las siguientes preguntas: ¿Diga usted si posee en lugar visible de su cuerpo tatuajes y de ser positiva su respuesta, indique que figura esta representada en los mismos, indique igualmente si usa zarcillos y de ser positiva su respuesta indique en que parte del cuerpo usted lo tiene? No tengo tatuajes, no tengo zarcillos, usaba cuando tenía 14 años, pero si tengo una sola perforación, pero no uso zarcillos desde hace años. Es todo. Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la Defensa Pública Abg. Siolis Crespo, quien expone: Esta defensa en nombre y representación de ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ Y VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, solicito muy respetuosamente la Libertad sin Restricciones para mis representados, por considerar que no se configura los tipos penales atribuidos a los mismos, no están dados ninguno de los supuestos previsto en el articulo 236 del Código Organito Procesal Penal, para que opere alguna medida de coerción personal, es decir, fundados elementos de convicción que comprometan la responsabilidad penal de mis representados; asimismo no existen declaraciones de testigos que avalen lo dicho por la victima, por lo que no existen elementos que configuren lo precalificado por el ministerio público por cuanto no existe peligro de fuga, y por cuanto tienen su domicilio estable y carece de recurso económicos para abandonar la jurisdicción, ni peligro de obstaculización del proceso ya que no influirá sobre testigo, en caso de no compartir el Criterio de esta defensa solicito se decrete medida cautelar de las contenidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, por ultimo solicito copia simple de todas las actuaciones, es todo. En este estado toma la palabra la Juez de Control, y expone: Presentada como ha sido la solicitud del Fiscal del Ministerio Público, escuchado los alegatos de la defensa, y revisadas las presentes actuaciones, observa este Tribunal de Control que el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal contempla como principio fundamental dentro del proceso penal, el estado de libertad de los procesados, el cual tiene su base en que todo ciudadano a quien se le impute la comisión de un hecho delictivo debe permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso que contra él se instaure, salvo las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. No obstante tal situación, por mandato mismo de la norma en mención, tiene una excepción constituida por la medida de privación judicial preventiva de libertad, la cual prevalece cuando exista una sospecha razonable que las demás medidas preventivas existentes sean consideradas insuficientes para poder asegurar las resultas del proceso. Es así como el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla los supuestos de procedencia para decretar el Juez de Control- la privación preventiva de libertad de los imputados siempre que se acredite: “…1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;… 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;… 3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”. En todo caso, las medidas preventivas que se invoquen deben ser siempre proporcionales en relación con la gravedad de los delitos, las circunstancias de la realización y la posible sanción a imponer. Igualmente el artículo 44, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece respecto a la libertad personal lo siguiente: Artículo 44. “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: … 1.-Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”. De lo citado se concluye que la privación de libertad, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación. Desde esta óptica, el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: “… Artículo 237. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias…1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso; 3. La magnitud del daño causado; 4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; 5. La conducta predelictual de los imputados. Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años…”. Del artículo trascrito se infiere, que estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada, sino por el contrario, deben analizarse con los diversos elementos presentes en el proceso, que permitan juzgar si existe objetivamente una presunción real de fuga o de obstaculización de la investigación y así evitar vulnerar los Principios de Afirmación y Estado de Libertad, establecidos en los supra citados artículos 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicho lo anterior, considera quien aquí decide que se encuentra cubierto el primer numeral del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; toda vez, que estamos en presencia de un delito de acción pública, que merece pena Privativa de Libertad el cual el Ministerio ha precalificado dentro de las previsiones de los delitos ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 de Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, y el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458, con relación con el artículo 84 numeral °1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, ya que los hechos que lo configuran ocurrieron en fecha reciente, es decir, el día 27/05/2018. Asimismo, se encuentra cubierto el segundo extremo del referido artículo por cuanto existen fundados elementos de convicción para estimar que los ciudadanos son los presuntos autores o partícipes del hecho punible antes señalado lo cual se evidencia de las actas que cursan insertas en el presente asunto, las cuales son las siguientes: ACTA DE DENUNCIA, de fecha 27-05-2018, rendida por la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, suscrita por ante funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Gral. José Francisco Bermúdez, quien expone: es el caso que venia caminando por la calle juncal cerca de Acosta Montaño frente al hotel San Francisco, cuando venían tres ciudadanos en eso dos se quedaron cuidando mientras que uno s eme acerca y saco una pistola y me la puso en la cabeza y me dijo mira mamahuevo dama la bolsa y me la quito dentro de la bolsa llevaba la cantidad de 50 mil bolívares en efectivo y salio corriendo gracias que estaba un policía cerca que se dio cuenta y lo agarro a dos ciudadanos el que me robo con la pistola y a otro que lo acompañaba el tercero se fue es todo. ACTA DE PROCEDIMIENTO POLICIAL, de fecha 27-05-2018, rendida por la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, suscrita por ante funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Gral. José Francisco Bermúdez, quienes dejan constancia de las diligencias practicadas en el procedimiento, cursantes al folio 03. MEMORANDUM, de fecha 28-05-2018, suscrito por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalisticas sub Delegación Carúpano, quienes dejan constancia que el ciudadano ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, si presenta registro policial, mientras que el ciudadano VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, no presenta registros policiales ni solicitud alguna, cursantes al folio 07. RECONOCIMIENTO Nº 0458, de fecha 28-05-2018, suscrito por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalisticas sub Delegación Carúpano, quienes dejan constancia de las evidencias incautadas en el presente procedimiento, cursantes al folio 08. RECONOCIMIENTO Nº 0458, de fecha 28-05-2018, suscrito por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalisticas sub Delegación Carúpano, quienes dejan constancia de las evidencias incautadas en el presente procedimiento, cursantes al folio 09. (...) Asimismo, por cuanto existe la presunción legal de peligro de fuga establecida en el artículo 237 numeral 2 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, por la pena que pudiera llegar a imponerse, la cual cuyo término máximo excede los diez (10) años de prisión, se considera cubierto el tercer extremo del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, a criterio de quien decide se encuentran configurados los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus numerales 1, 2 y 3. De lo dicho se concluye que la privación de libertad, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación; siendo así que ante todo lo expresado y encontrándonos en fase de investigación donde faltan diligencias que recabar, se estima procedente decretar la medida coercitiva de libertad solicitada por el Ministerio Público en los términos que han sido requeridos, por lo que se decreta la privación judicial preventiva de libertad en contra de los imputados ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ Y VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, en consecuencia, se declara sin lugar la solicitud de medida cautelar de las prevista en el articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal o Libertad sin Restricciones efectuada por la Defensa en este acto. Se decreta la flagrancia y se acuerda el procedimiento por la vía del procedimiento ordinario de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 373 ambos de Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuesto, este Tribunal Quinto de Control Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano VICTOR JOSE MERCADO RODRIGUEZ, Venezolano, natural de Valencia Estado Carabobo, soltero, de 23 años de edad, de profesión u oficio agricultor, Titular de la Cedula de Identidad N° V-25.335.938, nacido en fecha 09/04/1995, hijo de Irvin Rafael Mercado y Mirta Elena Rodríguez, residenciado Flor Amarillo, calle Mayorista, casa 15, cerca del Mercado el Mayorista, Valencia del Estado Carabobo, por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, y el delito de USO DE FASCIMIL, previsto y sancionado en el artículo 114, de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO y al ciudadano ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ, Venezolano, natural de Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre, soltero, de 25 años de edad, de profesión u oficio comerciante, Titular de la Cedula de Identidad N° V-20.375.763, nacido en fecha 23-10-1992, hijo de Fredy Rodiguez y Maryoris Jiménez, residenciado Playa Grande, Ato Román I, casa H 15, cerca del ambulatorio, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICE NO NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 458, con relación con el artículo 84 numeral °1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana YRAIDA JOSEFINA GARCIA MATA, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, numerales 1º, 2º y 3º; 237, numerales 2º, 3º, 4° y 5° parágrafo primero y artículo 238, numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal. Se Declara improcedente la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad o Libertad sin Restricciones efectuada por la Defensa. se decreta la Flagrancia de conformidad con el articulo 234 y se ordena se ventile el procedimiento por la vía ordinaria de conformidad con el articulo 373 del Código Orgánico Procesal penal. Se acuerda como sitio de reclusión Instituto Autónomo de Policía Gral. José Francisco Bermúdez. Líbrese oficio junto con las Boleta de Privación Judicial Preventiva de Libertad. En el caso de que las partes presentes en la sala de audiencia procedan a interponer recurso de apelación en contra de la presente decisión se Advierte a las mismas que deberán consignar las copias fotostáticas correspondientes para el trámite y remisión el referido recurso en su oportunidad legal a la Corte de Apelaciones. Se acuerda remitir la presente causa a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, en su debida oportunidad. En virtud que esta decisión fue dictada en audiencia oral en presencia de las partes téngase notificadas las mismas, conforme al artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Se acuerdan las copias solicitadas por las partes y se insta a las mismas a obtener la reproducción fotostática correspondiente. Cúmplase.-
LA JUEZ QUINTO DE CONTROL

ABG. CAROL CRISTY MUZIOTTI HERNANDEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

ABG. CARMEN ESPINOZA