REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE EXTENSION CARÚPANO Carúpano, 19 de julio de 2018 208º y 159º ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2018-000285 ASUNTO: RP11-P-2018-000285 NEGANDO SUSTITUCION DE MEDIDA PRIVARIVA DE LIBERTAD Corresponde a este órgano dictar decisión en relación al escrito interpuesto por la Abg. Siolis Crespo, actuando en su carácter de Defensora Pública de los de los ciudadanos MAIKOL JOSÉ CARABALLO FERNÁNDEZ, ALAN RAFAEL CARABALLO FERNÁNDEZ, y LUÍS ANTONIO CHALÓN FARIAS, quienes se encuentran incursos en la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 5 y 6 numeral es 1, 2 y 3 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio de JHOAN JOSÉ GONZÁLEZ HURTADO, a través del cual solicita la REVISION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD de sus representados, en virtud de que los mismos se encuentran privados de su libertad desde el 06/02/2018, y aún no se ha realizado en Juicio Oral y Público. De conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal se procede a revisar la Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre los ciudadanos MAIKOL JOSÉ CARABALLO FERNÁNDEZ, ALAN RAFAEL CARABALLO FERNÁNDEZ, y LUÍS ANTONIO CHALÓN FARIAS.- Observando quien aquí decide que en fecha 08/02/2018, el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, decretó la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra de los ciudadanos MAIKOL JOSÉ CARABALLO FERNÁNDEZ, Venezolano, natural de Carúpano Municipio Bermúdez, soltero, de 22 años de edad, de profesión u oficio pescador, Titular de la Cedula de Identidad Número V- 24.625.589, nacido en fecha 15-04-95, hijo de Lisbeth Caraballo y Demetrio Caraballo y residenciado en Copacabana, sector las salinas, cerca de SIDOR, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, ALAN RAFAEL CARABALLO FERNÁNDEZ, Venezolano, natural de Carúpano Municipio Bermúdez, soltero, de 20 años de edad, de profesión u oficio pescador, Titular de la Cedula de Identidad Número V- 27.572.457, nacido en fecha 12-09-97, hijo de Lisbeth Caraballo y Demetrio Caraballo y residenciado en Patilla, calle principal, en la redoma, Municipio Bermúdez del Estado Sucre y LUÍS ANTONIO CHALÓN FARIAS, Venezolano, natural de Maturín, soltero, de 23 años de edad, de profesión u oficio obrero, Titular de la Cedula de Identidad Número V- 24.123.687, nacido en fecha 31-07-95, hijo de Marcelo Chalán y Carmen Farias y residenciado en Los Uveros, calle principal, casa S/N, cerca del Bodegón los uveros, Municipio Bermúdez del Estado Sucre; por encontrarse incursos en la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 5 y 6 numeral es 1, 2 y 3 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio del ciudadano JHOAN JOSÉ GONZÁLEZ HURTADO; todo de conformidad con lo establecido en los artículos 236, numerales 1º, 2º y 3º; 237, numerales 2º y 3º parágrafo primero y segundo y artículo 238, numerales 1º y 2º del Código Orgánico Procesal Penal; constatándose que desde la fecha en que se le decretó de la medida de coerción personal (08/02/2018), hasta la fecha, (19/07/2018) han transcurrido CINCO (05) MESE Y ONCE (11) DÍAS; observando quien aquí decide que los argumentos jurídicos presentados por la Defensora Pública no han sido quebrantados durante el proceso que se le sigue a sus representados, y así lo ha afirmado la Jurisprudencia venezolana, que la Privación Judicial Preventiva de Libertad una vez que ha sido dictada por un Juez competente, previo el análisis de todas las actuaciones presentadas por el Órgano Investigador, de modo alguno no quebranta el Principio de Presunción de Inocencia, ni el Debido Proceso y en cuanto a la afirmación a la Libertad, esta va directamente proporcional a las excepciones preestablecidas, en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual consideró procedente el Tribunal de Control dictar en su oportunidad legal, y que considera esta Juzgadora que no han variado tales circunstancias.- En el presente asunto se han realizado varios diferimientos, imputables a todas las partes intervinientes, por tanto no se puede atribuir el retardo del presente proceso, sólo a los órganos de la administración de justicia; si bien es cierto que los acusados de autos han permanecidos privados de libertad por el lapso CINCO (05) MESE Y ONCE (11) DÍAS; no es menos cierto que esta Juzgadora debe sopesar, no solo los derechos de los acusados, sino también debe valorar el alcance del daño causado con su presunto actuar, daño este que actúa sobre la víctima, y la comunidad en general.- Por otro lado tenemos que se ha constatado que desde la fecha en que el Tribunal de Control les decretó la Privación de Libertad no se ha superado el lapso establecido por el legislador en el Código Orgánico Procesal Penal, a saber dos años como máximo para la aplicación de las medidas pertinentes, por lo que aun estamos ante el parámetro de ley, para el mantenimiento de la Medida de Coerción impuesta; máxime, cuando no han variado las circunstancias que motivaron al Juez de Control para dictar la misma.- Es evidente que existe una presunción razonable de peligro de fuga tomando en consideración la gravedad de los delitos y el tipo de pena que llegara a imponérseles en caso de resultar condenados, e igualmente existe una presunción razonable de obstaculización a la justicia, por lo que la única medida de coerción suficiente para asegurar las finalidades del proceso es la Privación Judicial Preventiva de Libertad; razón por la cual, no les es procedente para estos momentos la Sustitución de la Privación Judicial Preventiva de Libertad por una menos gravosa.- Así pues, por todo lo antes expuesto, este Tribunal NIEGA la solicitud de MEDIDA CAUTELAR, formulada por la Defensora Pública Abg. Siolis Crespo a favor de sus representados MAIKOL JOSÉ CARABALLO FERNÁNDEZ, ALAN RAFAEL CARABALLO FERNÁNDEZ, y LUÍS ANTONIO CHALÓN FARIAS, y en consecuencia se MANTIENE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el acusado de autos, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÌ SE DECIDE. DISPOSITIVA En base a las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: REVISA y NIEGA la solicitud de la Defensora Pública Abg. Siolis Crespo, de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, conforme al artículo 242 del Código Orgánico procesal Penal, a favor de sus representados MAIKOL JOSÉ CARABALLO FERNÁNDEZ, ALAN RAFAEL CARABALLO FERNÁNDEZ, y LUÍS ANTONIO CHALÓN FARIAS, por estar presuntamente incursos en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 5 y 6 numeral es 1, 2 y 3 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio del ciudadano JHOAN JOSÉ GONZÁLEZ HURTADO. SEGUNDO: Se MANTIENE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD que pesa sobre los acusados de autos, por cuanto no han variado las circunstancias que motivaron la medida de coerción personal, decretada por el Tribunal Primero de Control, en fecha 08/02/2018, por encontrarse llenos los extremos de los artículos 236, numerales 1º, 2º y 3º; 237, numerales 2º y 3º parágrafo primero y segundo y artículo 238, numerales 1º y 2º del Código Orgánico Procesal Penal, dada la magnitud del daño causado, el peligro de fuga y de obstaculización y la posible pena a imponer; todo de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Cúmplase.- LA JUEZA PRIMERA DE JUICIO. LA SECRETARIA JUDICIAL. ABG. JENNYS MATA HIDALGO. ABG. ERIKA PINO