REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRÁNSITO, MARÍTIMO Y BANCARIO DEL
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Se inició el presente procedimiento en virtud de la demanda que por INDEMNIZACION DE DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, por el Abogado en ejercicio y de este domicilio JOSE ANGEL MARCANO LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.441.904 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 26.821, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano WILMER JOSE RAMOS MAZA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-20.575.562, contra de los ciudadanos FREDDY IDELFO UGAS BRAVO y MANUEL DEL JESUS UGAS BRAVO, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-20.563.084 y V-9.942.094.
Admitida la demanda por este Tribunal, mediante auto de fecha Veintiocho (28) de Octubre de Dos Mil Quince (2015), se ordenó Despacho de citación y oficio respectivos. A tal efecto, se libró boleta de notificación respectiva. (vér folios 15 y 16).
Riela al folio 37, diligencia de fecha 05/11/2015, suscrita por el Abogado JOSE ANGEL MARCANO, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, mediante la cual solicita se designe correo especial, con el objeto de tramitar la citación de los demandados.
En fecha 10 de Noviembre de 2015, se dicto auto en el cual este Tribunal designa correo especial al Abogado JOSE ANGEL MARCANO, en su carácter de Apoderado de la parte actora.
En fecha 15 de Febrero de 2016, se recibió y consigno comisión N° C-063-16, emanada del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio, constante de diecinueve (19) folios, sin cumplir. Ver folios 39 al 58)
Corre inserto al folio 59, diligencia de fecha 26/02/2016, presentada por el Abogado JOSE ANGEL MARCANO, plenamente identificado en autos, mediante la cual solicita se practique la citación mediante Cartel. En fecha 02/03/2016 se dicto auto acordando dicha citación por cartel. Por cuanto se evidencia en autos que los demandados tienen si domicilio en la población de Irapa, se comisiona al Juzgado Distribuidor de de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Mariño, para que ordene al secretario que fije el cartel correspondiente. Y otro cartel igual deberá ser publicado por la prensa.
En fecha 12 de Abril de 2016, comparece el Abogado JOSE ANGEL MARCANO, apoderado judicial de la parte actora y presento Escrito mediante le cual consigna publicaciones de cartel de citación en los diarios ultimas noticias y región. Se dicto auto en esta misma fecha por ante este Tribunal ordenando agregarlo a los autos. (Ver folio 67 al 70)
En fecha 07 de Julio de 2016, se recibió y consigno Comisión N° 076-16, emanada del Juzgado Distribuidor de de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Mariño, recibida mediante oficio N° 3060-134, debidamente cumplida. Asimismo se dicto auto ordenado agregarla a los autos, testar la foliatura comisión y seguir con la correlativa. (Ver folio 72 al 79)
Ahora bien, analizadas las actas que conforman el presente expediente, se observa que la última actuación habida en el expediente fue realizada en fecha 07 de Julio del año 2016.
El Tribunal para decidir observa:
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto o procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Ahora bien, la Perención ha sido considerada como un medio de terminación del proceso fundamentado en la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal dentro del término señalado en la propia ley, por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de obligaciones o cargas procesales típicas y propias de los actos de procedimiento. En ese sentido, para el derecho Venezolano, advierte Arístides RENGEL ROMBERG, señalando los elementos comunes que caracterizan la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. <>.
Luego de lo cual, al referirse a la materialización de la perención señala que la inactividad debe estar referida a la materialización de la perención, señala que la inactividad debe estar referida a las partes debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan, pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso. <>.
De manera que, para el derecho venezolano, cuando el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil señala que la instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, entonces, a criterio de esta juzgadora, ello significa, tal cual aparece evidente del significado de sus propias palabras, que la inactividad a la cual se refiere la ley capaz de procurar la extinción de la instancia está referida a la pasividad que puedan observar las partes en el cumplimiento de obligaciones o actos de procedimiento referidos a las partes, y en modo alguno, esta pasividad, vale decir, la falta de intención de impulsar el proceso, puede serle atribuida a la Sentenciadora de la causa como supuesto determinante para que opere la perención.
Ahora bien en el caso bajo estudio, esta juzgadora estima conducente examinar a lo que a la luz de la doctrina patria debe entenderse por acto de procedimiento, y en tal sentido, se permite transcribir la opinión del maestro Humberto CUENCA, para quien, al estudiar el acto procesal o de procedimiento en relación con el tema de la perención de la instancia, de manera esclarecedora dejó establecido que:
“....No son actos procesales los preparativos para introducir la demanda, como la solicitud de la copia certificada de un documento, tampoco la actividad de hecho desempeñada durante el proceso, como el retiro de un documento presentado, ni aquellas actividades de derecho sustantivo realizadas en el curso del proceso, como el pago de honorarios, de emolumentos judiciales, etc. Pero estas mismas actividades de mero hecho pueden revestir carácter procesal cuando tienden al impulso de la causa.
Desde este punto de vista, el acto procesal tiene la misma finalidad del proceso en general: ascender, marchar hacia delante. Por tanto, no es acto procesal aquel que mantiene la relación en un mismo estado, que la estanca o la detiene, sin ponerla a marchar, como la simple expedición de una copia certificada A veces el órgano jurisdiccional se pone en movimiento para cuestiones de carácter administrativo y su actividad no puede ser considerada, propiamente, como procesal. Digamos que en este aspecto el acto procesal contiene dos elementos: a) Subjetivo, el uno, caracterizado por la manifestación de voluntad contenida en el acto de avanzar, de poner en marcha la relación, y b) Objetivo, el otro, que es avance del proceso mediante aquella manifestación, de una etapa a otra (por ejemplo, de citación a contestación) o de una fase inferior a otra superior (de primera instancia a segunda instancia, por impulso de la apelación).” <>.
De modo tal que, el acto de procedimiento capaz de interrumpir la perención de la instancia, debe tener la connotación de entrañar una solicitud clara e inequívoca de impulso procesal, del cual se presuma que el interés verdadero de la petición es que prosiga el curso de la causa a la fase inmediatamente siguiente con el objeto de procurar el avance hacia la fase de sentencia de fondo.
Siendo así, a juicio de quien decide, lo antes dicho obliga a que necesariamente tengan que ser conjugadas las circunstancias que aquí se han hecho referencia para que tenga lugar la materialización de la perención, vale decir, en primer lugar, inactividad procesal a cargo de las partes integrantes de la relación procesal y, por último, la connotación de acto de procedimiento que debe revestir el acto procesal realizado por una ó cualquiera de las partes en litigio para que sea susceptible de haber evitado la consumación de la perención.-
Con vista a las consideraciones antes transcritas a criterio de esta juzgadora, y siendo el Juez el director del Proceso que está en la obligación de impulsarlo de oficio hasta su conclusión, y por cuanto, la presente causa no ha tenido actividad desde hace más de un (01) año, la instancia se ha extinguido y en consecuencia, opera la Perención y así se declara.
Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA.
Notifíquese a la parte actora de la presente decisión, mediante boleta librada de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boleta de notificación correspondiente.
Publíquese, déjese copia Certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los Dieciséis (16) días del mes de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018). Años: 207° de la Independencia y 159° de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIO.
ABG. MARIA DE LOS ANGELES ANDARCIA.-
LA SECRETARIA TITULAR.
ABG. RAQUEL RIVERO MATA.-
NOTA: La presente decisión ha sido publicada a las puertas del despacho, siendo las 12:00 p.m.
LA SECRETARIA TITULAR. Abg. RAQUEL RIVERO MATA.-
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA
MATERIA: CIVIL
Exp. N° 7389-15
MDLAA/mgfo
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