JUZGADO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.- Cumana, catorce (14) de Noviembre del año 2017 207º y 158º Exp. RP41-G-2017-000078 En fecha 06 de Noviembre de 2017, el ciudadano Edgar Ramón Ruiz, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.277.724, asistido por el Abogado Ángel Bautista Hernández Rengel, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.829, interpuso por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Querella Funcionarial, contra la Gobernación del Estado Sucre. En fecha seis (06) de Noviembre de 2017, este Órgano Jurisdiccional le dio entrada. DEL ASUNTO PLANTEADO Alegó el querellante lo siguiente: Que en fecha 07 de enero del 1991, comenzó a prestar servicios a la Gobernación del estado Sucre, desempeñándose como docente, hasta el día 15 de marzo de 2012, cuando se le reconoció el derecho de jubilación, según Decreto Nº 1.791, 1.792, 1.793 corregidos, mediante Decreto Nº 2.415 de fecha 13 de noviembre de 2012. Continuo alegando, que una vez decretada su jubilación, la Gobernación del estado Sucre, en violación del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la exigibilidad inmediata de las prestaciones sociales, no procedió a cancelar de inmediato mis prestaciones sociales y demás derivados de la terminación de la relación, sino que lo hizo el día cuatro (04) de agosto de dos mil diecisiete (2017), es decir, cinco (05) años, tres (03) meses y días después de culminada la relación, sin tomar en cuenta para dicho pago, la indexación resultante de la obligatoria aplicación a la cancelación de prestaciones sociales, tanto en el caso de los funcionarios públicos como el caso de los trabajadores al servicio del sector privado, más aun cuando existe en los actuales momentos un crecimiento de trabajadores que se encuentran a la orden de la Administración pública, tal como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, en sentencia de fecha catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover. Finalmente solicitó que se declare Con Lugar la presente querella funcionarial y en consecuencia, ordene el calculo de la indexación de las cantidades condenadas desde la fecha del otorgamiento del beneficio de jubilación, hasta la fecha del efectivo pago. II DE LA COMPETENCIA En primer lugar, este Juzgado pasa a emitir pronunciamiento respecto de su competencia para conocer de la presente controversia, con base a los siguientes términos: El presente recurso contencioso administrativo funcionarial, se trata de una relación de empleo público que mantuvo el querellante con la Gobernación del Estado Sucre, en este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 señala que corresponderá a los Tribunales Contenciosos Administrativos Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los Funcionarios o Funcionarias Públicos o aspirantes a ingresar a la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública. En este mismo orden de ideas, establece la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25 ordinal 6 lo siguiente: Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: Ordinal 6: Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley. Ahora bien, estando involucrados en el recurso un derecho reconocido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley del Estatuto de la Función Pública y que deriva de la terminación de la relación funcionarial, y siendo que en fecha 13 de abril de 2011 el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución Nº 2011, estableció la competencia exclusiva en materia contencioso-administrativa, no cabe duda para este Juzgado que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por ejercer su competencia territorial en el estado Sucre, razón por la cual declara su competencia y así se decide. III DE LA ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA INTERPUESTA Determinada la competencia para conocer la presente querella, le corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma, por lo que debe analizarse si incurre en alguna de las causales determinantes de la inadmisibilidad que han sido previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable supletoriamente de conformidad con el articulo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En este sentido se advierte que en el presente asunto no se acumulan acciones que se excluyan mutuamente o con procedimientos incompatibles entre sí; no existe prohibición legal alguna para su admisión; no se evidencia la falta de algún documento fundamental para el análisis de la acción; el escrito recursivo no contiene conceptos ofensivos, irrespetuosos, ininteligibles o contradictorios; y, por otra parte, se aprecia que no se desprende una falta de representación o legitimidad de la parte querellante y no existe cosa juzgada. En cuanto a lo que corresponde sobre la caducidad de la acción interpuesta sobre este particular el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece: “…Todo recurso con fundamento es esta Ley solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en el que el interesado fue notificado del acto...” En tal sentido, se observa de las actas que conforman el presente expediente, que el ciudadano Edgar Ramón Ruiz, solicita indexación de las cantidades condenadas desde el otorgamiento de su jubilación hasta la fecha efectiva del pago esto es 04 de agosto de 2017. Ahora bien, de un simple cómputo se observa que desde el 04 de agosto de 2017, fecha en la cual se le cancelaron sus prestaciones sociales, hasta la fecha de interposición de la querella, es decir, hasta el seis (06) de noviembre de 2017, se evidencia que dicho término de caducidad se cumplió en fecha 04 de noviembre de 2017, que correspondió a un día sábado, no laborable y la presente demanda fue interpuesta el día lunes 06 de noviembre de 2017, esto es, el primer día hábil siguiente luego de verificarse el lapso de caducidad previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica. En este orden de ideas, debe considerarse que de conformidad con la doctrina jurisprudencial contencioso administrativa (Sala Político Administrativa No. 543 de 17/04/2007, cuando el vencimiento del lapso de caducidad se verificare en un día que no fuese de despacho, “el recurrente dispondrá hasta el día de despacho siguiente a aquel para la interposición del recurso”, por cuanto ello “atiende mejor a la prestación de una justicia más adecuada, permitiendo al justiciable que pueda presentar sus escritos, sin someterse a forzosa inhabilitación”. (Vid No.1200 04/07/2007). Así las cosas, en el caso de autos, habiendo vencido el término para interponer la acción de nulidad contra el acto administrativo impugnado el cuatro (04) de agosto de 2017, no habiendo despacho en los Tribunales debido a que era día no laborable por ser sábado y la parte solicitante ejerció la acción de funcionarial el día seis (06) de noviembre de 2017, primer día de despacho luego de transcurrido el día cuatro (04) de noviembre, por lo que conteste con el criterio sostenido ut supra, las normas 197 y 200 del Código de Procedimiento Civil, por ser supletorias conforme a la disposición 111 de la Ley Estatuto de la Función Publica; en efecto, no operó de pleno derecho la caducidad de la acción, y por tanto, el recurso interpuesto, resulta admisible en principio. Y así se decide. En consecuencia, admitida como se encuentra la presente causa, se ordena emplazar al ciudadano Procurador General del Estado Sucre, para que comparezca por ante éste juzgado a dar contestación a la querella, dentro del plazo de quince (15) días de despacho, siguiente a que conste en auto su citación, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 99 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, vencido como se encuentre el lapso de quince (15) días hábiles que dispone el artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la ley de la reforma Parcial del decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, aplicable por remisión expresa del artículo 97 de la Ley Orgánica de Administración Publica, se acuerda remitirle a dicho funcionario, las copias certificadas correspondientes.- Igualmente, se ordena notificar de la presente admisión al ciudadano Gobernador del estado Sucre y a la Dirección de Educación del estado Sucre. Finalmente, se acuerda solicitarle a la Dirección de Educación del estado Sucre, la remisión a éste Juzgado de los Antecedentes Administrativos del caso en un plazo que no deberá exceder de ocho (08) días de despacho; contados a partir de que conste en autos el recibo de oficio que se ordena librar. DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la presente querella funcionarial. SEGUNDO: ADMISIBLE, la querella interpuesta. Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en Cumaná, a los catorce (14) días del mes de Noviembre del Dos Mil Diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación. La Jueza Provisoria, Silvia Julia Victoria Espinoza Salazar El Secretario, Argenis José Hernández S. En esta misma fecha siendo las 10:06 a.m., se registró y publicó la anterior decisión. Conste. El Secretario, Argenis José Hernández S. Exp RP41-G-2017-000078 SJVES/AH/az L.S. Jueza (fdo) Silvia J Espinoza Salazar. El Secretario (fdo) Argenis José Hernández S., Publicada en su fecha 14 de noviembre de 2017, a las 10:06 a.m. El Secretario (fdo) Argenis José Hernández S., El suscrito Secretario del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, certifica mandato judicial, en Cumaná, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) Años que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por 207° y 158°.