REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, MARITIMO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. Se inició el presente procedimiento en virtud del juicio que por INTIMACIÓN interpusiera la empresa ATLANTE IMPOR JUNIOR, C.A., Sociedad Mercantil, domiciliada en esta ciudad de Cumaná, Estado Sucre, la cual se encuentra inscrita en el registro Mercantil en fecha 5 de Septiembre de 1.996, bajo el N° 49, Tomo A-59, 4to. Trimestre; a través de su Apoderado Judicial Abogado ARTURO GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.883.229 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 87.943; en contra del ciudadano ENRIQUE PEREZ GONZALEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.873.726 y se encuentra domiciliado en Valencia, Estado Carabobo. Asimismo se ordeno abrir el cuaderno de medidas. Admitida la demanda en fecha 13/06/2014 por este Tribunal, se ordenó la intimación del demandado, antes identificado; comisionándose amplia y suficientemente para la práctica de dicha intimación al Juzgado Distribuidor Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. A tal efecto se libraron boleta de intimación, oficio y despacho respectivos (véanse los folios 58 al 64 de este expediente. En fecha 27 de Abril de 2015, se recibió y consigno Comisión N° 1264 emanada del Juzgado Quinto Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, debidamente cumplida, constante de quince (15) folios útiles. Se dicto auto ordenando agregarlos a los autos. (Ver folios 65 al 81). Corre inserto al folio 83, diligencia de fecha 18/01/2016, presentada por el Abogado ARTURO GUTIERREZ, ampliamente identificado en autos, mediante la cual solicita la citación del demandado mediante cartel. En fecha 21 de Enero de 2016, se dicto auto en el cual este Tribunal ordena la citación por Cartel del demandado, el cual será publicado en los diarios de circulación nacional “EL CARABOBEÑO” y “ULTIMAS NOTICIAS”. Se libro dicho carte. (Ver folios 84 y 85). En fecha 18 de Febrero de 2016, este Juzgado dicta auto Revocando por Contrario Imperio el auto de fecha 21/01/2016, asi como el Cartel librado en esa oportunidad, cursante a los folios 84 y 85. En consecuencia este Tribunal ordena la INTIMACIÓN del demandado, mediante Cartel de Intimación; asimismo, por cuanto se evidencia de autos que el demandado tiene su domicilio en la Avenida Libertad c/c Díaz Moreno, Edificio Torre Castillito, piso 12, Valencia, Estado Carabobo, a los fines de la fijación del cartel aquí librado se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, a objeto de que sea distribuida y al Juzgado a quien corresponda, ordene al secretario o secretaria de dicho Tribunal, se traslade al domicilio, del demandado, antes indicado para que fije el cartel correspondiente. Se libro cartel, comisión y oficio respectivos. (Ver folios 86 al 93). Ahora bien, analizadas las actas que conforman el presente expediente, se observa que la última actuación habida en el expediente fue realizada en fecha 16 de Febrero del año 2016. El Tribunal para decidir observa: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto o procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Ahora bien, la Perención ha sido considerada como un medio de terminación del proceso fundamentado en la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal dentro del término señalado en la propia ley, por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de obligaciones o cargas procesales típicas y propias de los actos de procedimiento. En ese sentido, para el derecho Venezolano, advierte Arístides RENGEL ROMBERG, señalando los elementos comunes que caracterizan la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. <>. Luego de lo cual, al referirse a la materialización de la perención señala que la inactividad debe estar referida a la materialización de la perención, señala que la inactividad debe estar referida a las partes debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan, pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso. <>. De manera que, para el derecho venezolano, cuando el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil señala que la instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, entonces, a criterio de esta juzgadora, ello significa, tal cual aparece evidente del significado de sus propias palabras, que la inactividad a la cual se refiere la ley capaz de procurar la extinción de la instancia está referida a la pasividad que puedan observar las partes en el cumplimiento de obligaciones o actos de procedimiento referidos a las partes, y en modo alguno, esta pasividad, vale decir, la falta de intención de impulsar el proceso, puede serle atribuida a la Sentenciadora de la causa como supuesto determinante para que opere la perención. Ahora bien en el caso bajo estudio, esta juzgadora estima conducente examinar a lo que a la luz de la doctrina patria debe entenderse por acto de procedimiento, y en tal sentido, se permite transcribir la opinión del maestro Humberto CUENCA, para quien, al estudiar el acto procesal o de procedimiento en relación con el tema de la perención de la instancia, de manera esclarecedora dejó establecido que: “....No son actos procesales los preparativos para introducir la demanda, como la solicitud de la copia certificada de un documento, tampoco la actividad de hecho desempeñada durante el proceso, como el retiro de un documento presentado, ni aquellas actividades de derecho sustantivo realizadas en el curso del proceso, como el pago de honorarios, de emolumentos judiciales, etc. Pero estas mismas actividades de mero hecho pueden revestir carácter procesal cuando tienden al impulso de la causa. Desde este punto de vista, el acto procesal tiene la misma finalidad del proceso en general: ascender, marchar hacia delante. Por tanto, no es acto procesal aquel que mantiene la relación en un mismo estado, que la estanca o la detiene, sin ponerla a marchar, como la simple expedición de una copia certificada A veces el órgano jurisdiccional se pone en movimiento para cuestiones de carácter administrativo y su actividad no puede ser considerada, propiamente, como procesal. Digamos que en este aspecto el acto procesal contiene dos elementos: a) Subjetivo, el uno, caracterizado por la manifestación de voluntad contenida en el acto de avanzar, de poner en marcha la relación, y b) Objetivo, el otro, que es avance del proceso mediante aquella manifestación, de una etapa a otra (por ejemplo, de citación a contestación) o de una fase inferior a otra superior (de primera instancia a segunda instancia, por impulso de la apelación).” <>. De modo tal que, el acto de procedimiento capaz de interrumpir la perención de la instancia, debe tener la connotación de entrañar una solicitud clara e inequívoca de impulso procesal, del cual se presuma que el interés verdadero de la petición es que prosiga el curso de la causa a la fase inmediatamente siguiente con el objeto de procurar el avance hacia la fase de sentencia de fondo. Siendo así, a juicio de quien decide, lo antes dicho obliga a que necesariamente tengan que ser conjugadas las circunstancias que aquí se han hecho referencia para que tenga lugar la materialización de la perención, vale decir, en primer lugar, inactividad procesal a cargo de las partes integrantes de la relación procesal y, por último, la connotación de acto de procedimiento que debe revestir el acto procesal realizado por una ó cualquiera de las partes en litigio para que sea susceptible de haber evitado la consumación de la perención.- Con vista a las consideraciones antes transcritas a criterio de esta juzgadora, y siendo el Juez el director del Proceso que está en la obligación de impulsarlo de oficio hasta su conclusión, y por cuanto, la presente causa no ha tenido actividad desde hace más de un (01) año, la instancia se ha extinguido y en consecuencia, opera la Perención y así se declara. Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA. Notifíquese a la parte actora de la presente decisión, mediante boleta librada de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boleta de notificación correspondiente. Publíquese, déjese copia Certificada de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los Catorce (14) días del mes de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación. LA JUEZ PROVISORIO. ABG. MARIA DE LOS ANGELES ANDARCIA.- LA SECRETARIA TITULAR. ABG. RAQUEL RIVERO MATA.- NOTA: La presente decisión ha sido publicada a las puertas del despacho, siendo las 10:00 a.m. LA SECRETARIA TITULAR. Abg. RAQUEL RIVERO MATA.- SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA MATERIA: CIVIL Exp. N° 7316-14 MDLAA/nmh