TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE
SEDE CUMANÁ
TRIBUNAL CUARTO DE JUICIO
Cumaná, 16 de septiembre de 2016
206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2014-004409
ASUNTO : RP01-P-2014-004409

Visto el escrito presentado por el abogado William José Cova Rengel, en su carácter de Defensor Público Penal Primero del acusado Héctor Manuel Romero Rodríguez, mediante el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad; este Tribunal a los fines de decidir observa:

Argumenta la defensa que el acusado Héctor Manuel Romero Rodríguez, tiene privado de su libertad más de dos (02) años contados a partir desde la fecha en que se celebró la audiencia de presentación sin que se le haya realizado su juicio por causas no imputables a su auspiciado ni a su persona, no habiendo la Fiscalía del Ministerio Público solicitado prórroga de conformidad con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud de la solicitud planteada, resulta necesario acotar que constituye uno de los principios del proceso penal, que las personas a quienes se les imputa la comisión de un hecho punible, deben permanecer en libertad durante el mismo, ello se corresponde con la disposición contenida en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollado en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, en contraposición a este principio general, se han dispuesto excepciones exclusivamente con fines procesales y que autorizan la imposición de medidas de coerción personal, como ha sucedido en el presente caso, en el cual, sin que implique violación al principio de presunción de inocencia que asiste a todo procesado hasta tanto se emita sentencia definitiva que establezca lo contrario, se optó desde la fase de control, en audiencia de presentación, por decretar en contra del acusado, en fecha 20/08/2014, medida privativa de libertad. En virtud de ello este Tribunal, obrando en conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a examinar los motivos que sustentan la solicitud de la defensa.
La pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, fundamentalmente de la Sala Constitucional, ha interpretado en forma consecuente la figura del decaimiento de las medidas de coerción personal a los largo de las distintas reformas que ha sufrido el Código Orgánico Procesal Penal, siendo su posición en torno a su análisis incólume e invariable, y al respecto ha señalado que esta se fundamenta en el principio de limitación temporal, la cual si bien es preponderante, debe ser interpretada y analizada de la mano con otras garantías constitucionales, no solo las del acusado, sino con los diversos factores que conjuga el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, en función de interpretar la figura del decaimiento de medidas de coerción personal en contraposición con el principio de limitación temporal de las mismas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 626, del 13 de abril de 2007, señaló:
“…De lo hasta aquí expuesto se colige que el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal es, en definitiva, una limitante temporal a todas las medidas de coerción personal dictadas en el proceso penal, el cual debe ser cumplido por todos los órganos que imparten justicia por ser la regla general que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo sería en lo contemplado en el artículo 29 eiusdem”.

Pese a reconocer la Sala la limitación temporal de las medidas de coerción personal, esta ha señalado que, sin embargo, su consideración no debe fundarse en un análisis grácil y divorciado de otros factores también de importante peso, como se explicó en sentencia N° 1315, del 22 de junio de 2005, donde se señaló lo siguiente:

“[...] No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio". (Subrayado de este Tribunal)

Con similar postura en otra de las tantas decisiones emitidas por esa misma Sala, en este caso la sentencia N° Sentencia 1.701, de fecha 15 de noviembre de 2011, se hizo un análisis similar, en los siguientes términos:

“Así las cosas, se observa que, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en relación a la proporcionalidad de la medida de coerción personal en el proceso, que, el mantenimiento de la misma podría atender a las dilaciones indebidas del proceso, tanto por el acusado o sus defensores, así como aquellas que pueden originarse por la complejidad del caso. Igualmente, en la situación, de que la libertad del imputado o acusado transgreda el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”

Debe rescatarse de todas estas citas que efectivamente se ha otorgado un supremo valor a la garantía del juzgamiento en libertad, quedando claro que si bien existen excepciones a ese estado, no menos cierto es que tales no pueden tener una prolongación excesiva, máxime si la culminación del proceso no es atribuible a la mala fe del procesado. Esta es la garantía que debe ofrecer el Estado al acusado y que la misma Sala ha entendido y enaltecido, como en el caso también de sentencia N° 775, de fecha 11 de abril de 2003, donde expresó “que el imputado no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna sin que en su contra pese condena firme, pues determinó que dos años era más que razonable”. Claro está, que como igualmente señala la Sala en la primera sentencia citada, esto exige un debido análisis de las causas que han impedido la culminación del proceso y de las que han contribuido a la dilación procesal, no viendo el simple transcurso del tiempo como un elemento divorciado de tal acervo de factores, pues de lo contrario tal figura se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad.
Sumado a lo anterior, es importante también citar ahora criterio de la Sala Penal en sentencia N° 242, fecha 26 de mayo de 2009, donde señala que “dentro de las consideraciones a tomarse en cuenta para el estudio y otorgamiento de la libertad como producto del decaimiento de la medida privativa de libertad, está la gravedad de los delitos atribuidos en la acusación fiscal, así como las diferentes incidencias del proceso, a los fines de determinar la existencia o no de medidas dilatorias imputables o no al imputado o a su defensa”, correspondiendo “al Tribunal Competente, el estudio y consideración de cualquier otra circunstancia de similar índole que sea pertinente para adoptar las medidas que fueran necesarias a los fines de asegurarse la permanencia del imputado dentro del proceso y que, la acción del Estado no quede ilusoria, desechando cualquier circunstancia que vaya en detrimento de la causa penal en general, sin que esto represente violación alguna al principio de libertad”. En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones anteriores se observa que el mantenimiento de la medida de coerción personal impuesta, debe atender a las diferentes circunstancias que se susciten en el proceso, es decir, el carácter de las dilaciones, el delito objeto de la causa, la dificultad o complejidad del caso, y la protección y resguardo de los derechos de la víctima durante el desarrollo del proceso, lo cual no puede limitarse generalmente a un lapso de dos (02) años, en virtud de las diferentes circunstancias que puedan rodean un caso particular.
En el caso que nos ocupa es precisamente lo que procede a hacer este Tribunal, y, a tal efecto, es importante argüir que si bien es cierto el acusado ha permanecido detenido por más de dos (02) años, específicamente dos (02) años y veintiséis (26) días, no menos cierto es que desde la fecha en que comenzó a regir la prisión preventiva como medida cautelar hasta los corrientes han acontecido diversas situaciones que en modo alguno pueden ser consideradas como retardo procesal injustificado, como sería el caso que tan solo en fase de control, desde la presentación de la acusación hasta la celebración de la audiencia preliminar, transcurrió exactamente un (01) año y un (01) mes, período durante el cual se suscitaron un total de trece (13) diferimientos donde convergieron diversos motivos, imputables a la defensa privada del coimputado Ender José Rodríguez, a éste último y al imputado Héctor Manuel Romero Rodríguez, y a las víctimas; como puede observarse en fechas 06/11/14, 04/12/14, 12/01/15, 02/02/15, 05/03/15, 23/03/15, 14/05/15, 05/06/15, 01/07/15, 29/07/15, 20/08/15, 17/09/15 y 09/10/15. En consecuencia, el tiempo que el acusado ha permanecido privado de libertad no podría traducirse en modo alguno como retardo procesal, ni en sentido estricto podría concluirse que el propio acusado ha estado exento de haber contribuido a las causas de tal dilación, pues por un lado se trata de un proceso con multiplicidad de partes, entre ellas muchas víctimas que debían ser debidamente citadas para la celebración de la audiencia preliminar, con miras a preservar sus derechos dentro del proceso como los previstos en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que en gran medida retrasó la celebración de la audiencia preliminar; y por otro lado que hasta el propio acusado faltó a diversas audiencias, contribuyendo ostensiblemente a favor del acervo de factores que han impedido la realización del juicio y la pronta culminación del proceso, lo que incluye el tiempo que la causa se encuentra en fase de juicio. Pero más allá de ello debe estimarse que el acusado está siendo procesado por multiplicidad de delitos, de importante entidad, como lo serían en este caso los de Robo Agravado, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas Ivonne Pacheco, Verónica González, Arlet Núñez, Katerine Evariste Alfonzo, Carmen Flores, Arelys Caraballo y Yoleida Fuentes; y Uso de Adolescente para Delinquir, previsto en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Nuño, Niña y Adolescente, y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano; lo cual induce necesariamente a admitir que se trata de un caso complejo, donde se han ven comprometidos principalmente derechos de diversas víctimas, lo cual, a la luz de lo establecido en los artículos 30 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demanda del Estado, que estas últimas tengan también garantizada la protección y amparo de tales derechos.

Así pues, en el caso bajo análisis, resulta muy sencillo y artero para la defensa solicitar el decaimiento de la medida con fundamento en que han transcurrido más de dos (02) años sin haber culminado el proceso, sin hacer el menor esfuerzo en analizar las razones de fondo que lo han impedido, bajo un criterio totalmente ajeno al universo de factores que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal demandan del Juez deben ser estudiados y analizados, a la luz no solo de lo previsto en la constitución sino en nuestra jurisprudencia patria.

En vista pues de lo anterior el Tribunal estima que existen razones fundadas para mantener la medida de privación de libertad que pesa sobre el acusado Héctor Manuel Romero Rodríguez, pues si bien es cierto la Fiscalía del Ministerio Público no requirió prórroga para justificar su prolongación más allá del límite de dos (02) años, ello no exime de su permanencia en razón del estricto análisis de la causas que han impedido la culminación del proceso, como lo son que el propio acusado ha contribuido a ello, la complejidad del caso y la naturaleza de los derechos afectados en relación a las víctimas que también deben ponderarse y ampararse en el caso que nos ocupa, motivo por el cual se declara sin lugar la solicitud de decaimiento de la medida privativa de libertad, incoada por el ciudadana defensora Ut Supra señalado; y así se decide.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, sede Cumaná, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA sin lugar la solicitud de decaimiento de la medida privativa de libertad incoada por la defensa, que pesa sobre el acusado Héctor Manuel Romero Rodríguez, venezolano, soltero, de 18 años de edad, de oficio indefinido, natural de Cumaná, nacido en fecha 30/04/1996, titular de la cédula de identidad N° 26108978, hijo de los ciudadanos Maiby Rodríguez y Héctor Romero, y residenciado en San Francisco, sector Cerro la Línea, cerca del Autolovado, Cumaná, Estado Sucre; por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas Ivonne Pacheco, Verónica González, Arlet Núñez, Katerine Evariste Alfonzo, Carmen Flores, Arelys Caraballo y Yoleida Fuentes; y Uso de Adolescente para Delinquir, previsto en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Nuño, Niña y Adolescente, y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano; por estar plenamente justificada, por vía excepcional, el mantenimiento de la medida privativa, dada la complejidad del caso, así como la naturaleza de los delitos objeto de acusación y de los derechos de las víctimas que se ven comprometidos; todo de conformidad con lo establecido en los artículos 230 del Código Orgánico Procesal Penal y 30 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se acuerda mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a los fines de garantizar las finalidades de un proceso que ya se encuentra en fase de juicio con fecha de inicio pautada próximamente. Notifíquese a la defensa y al Fiscal del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el conforme al único aparte del artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide, en Cumaná a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. Cúmplase.
EL JUEZ CUARTO DE JUICIO

ABOG. JOSANDERS MEJÍAS SOSA
EL SECRETARIO

ABOG. CARLOS JAVIER GONZÁLEZ