REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Superior del Trabajo de Cumaná- Estado Sucre Cumaná, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis 206º y 157º ASUNTO: RP31-R-2016-000018 SENTENCIA PARTE RECURRENTE: ciudadano LUIS CARLOS RODRIGUEZ BRUZUAL, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-14.008.326. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Ciudadanos LEOCADIO ARMANDO YSASIS Y MARIO RAFAEL MARRUFFO, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 67.053 y 114.032, respectivamente. PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE quien dicto Providencia Administrativa signada con el Nº 005-2015, de fecha 15 de enero de 2015, correspondiente al expediente Nº 021-2014-01-00677. TERCERO INTERVINIENTE: Entidad de Trabajo TOYOTA DE VENEZUELA, MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. ANTECEDENTES PROCESALES Esta alzada conoce del RECURSO DE APELACION interpuesto por el ciudadano LEOCADIO ARMANDO YSASIS CASTAÑEDA, abogado inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 67.053, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, el ciudadano LUIS CARLOS RODRIGUEZ BRUZUAL, titular de la cedula de identidad Nº 14.008.326, en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en fecha 29/02/2016, en la causa que por motivo de RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, tiene incoado el ciudadano LUIS CARLOS RODRIGUEZ BRUZUAL, titular de la cedula de identidad Nº 14.008.326, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CUMANÁ-ESTADO SUCRE. En fecha 28/09/2016, este Juzgado Primero Superior da por recibido el presente RECURSO DE APELACION interpuesto por el ciudadano LEOCADIO ARMANDO YSASIS CASTAÑEDA, abogado inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 67.053, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del estado Sucre, en fecha veintinueve (29) de febrero de 2016, contenida en la causa principal Nº RP31-N-2015-000024, en el procedimiento que por motivo de NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO ha incoado el ciudadano LUIS CARLOS RODRIGUEZ BRUZUAL, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CUMANÁ-ESTADO SUCRE, y fijó el iter procesal a seguir de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Encontrándose esta Alzada en la oportunidad para dictar sentencia pasa hacerlo previa las siguientes consideraciones y términos legales: CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. Examinadas las actas procesales, esta sentenciadora observa que, la parte recurrente en la oportunidad procesal para consignar la fundamentación de la apelación no consigno la fundamentación de la apelación exigida por la ley, por consiguiente es preciso realizar las consideraciones pertinentes en cuanto a la consecuencia jurídica que generó la falta de fundamentación de hecho y derecho de la apelación en el lapso establecido por el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (L.O.J.C.A.); a tal efecto como premisa es de acotar que, el tratadista italiano FRANCESCO CARNELUTTI, define EL PROCESO como “un conjunto de actos dirigidos a la formación o a la actuación de mandatos jurídicos cuya característica consiste en la colaboración para este fin de las personas interesadas, es decir, las partes, con una o más personas desinteresadas, es decir, los jueces”. Asimismo, el jurista HUGO ALSINA, define EL DERECHO PROCESAL como “el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del poder judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso”. En este mismo contexto, el Constituyente Venezolano de 1999, con suma precisión identificó el proceso de la siguiente forma: “Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales” (…). (Subrayado y resaltado del Juzg. Sup. ) Visto lo anterior, observa esta Juzgadora que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (L.O.J.C.A.) en su artículo 92 señala lo siguiente: “Artículo 92. Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación. La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación.” (Negrillas de esta alzada) El artículo citado establece la carga procesal para la parte apelante de presentar dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente, un escrito en el que se expongan las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta su apelación. Lo que conlleva a aplicar la como consecuencia jurídica por la falta de comparecencia de la parte apelante como lo es “el desistimiento tácito de la apelación”. Ahora bien, este Tribunal constata en el caso de marras, que mediante auto del 28/09/2016 se dejó constancia del cómputo que evidencia el vencimiento del lapso del cual disponía la parte apelante para cumplir con la obligación de consignar el escrito en el que fundamentase su apelación. Así, quedó demostrado que desde el día en que se dio entrada al expediente (28 de Septiembre de 2016) exclusive, hasta el día 17 de octubre del 2016 inclusive, se dejó constancia de haber transcurrido diez (10) días de despacho correspondientes a los días 29 y 30 de Septiembre y 3, 4, 5, 6, 10, 11,13 y 17 de Octubre del 2016, sin que la parte apelante presentase su escrito de fundamentación de la apelación. Por esta razón, juzga este Tribunal que al no haber consignado la recurrente el mencionado escrito en el cual expresara los fundamentos para solicitar la revocatoria del pronunciamiento judicial atacado por el referido medio de impugnación, no puede este Tribunal entrar a conocer y decidir la apelación incoada, sin que ello implique suplir la carga procesal correspondiente a dicha parte. Tal circunstancia obedece a las formalidades propias del recurso de apelación en esta materia, cuyo ejercicio se exige a la parte que quiera hacerlo valer cumplir con exponer por escrito las razones de hecho y derecho en las cuales fundamenta su inconformidad con el pronunciamiento judicial recurrido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por tal motivo esta sentenciadora señala que, la parte recurrente apeló el 03/03/2016 de la decisión de fecha 29/02/2016 dictada por el juzgado Tercero de primera instancia de juicio; y esta alzada recibe dicha apelación 28/09/2016 en dicho auto insta a la parte recurrente a que consigne escrito de fundamentación de apelación en un lapso de diez días de despacho. Ahora bien, establecido el computo en el párrafo anterior, esta sentenciadora establece que los diez días de despacho, vencieron el 17/10/2016 y la parte recurrente no consignó escrito de fundamentación, de modo que es forzoso para quien decide declarar Desistido el presente recurso de apelación. ASÍ SE DECIDE. DECISIÓN Este Tribunal Primero Superior del Trabajo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante recurrente, en contra de la decisión de fecha 29/02/2016, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. SEGUNDO: REMÍTASE la presente causa en su oportunidad legal al Juzgado de origen. PUBLÍQUESE - REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. DIOS Y FEDERACIÓN LA JUEZA Abg. MIRTHA ELENA PALOMO LA SECRETARIA Abg. RUSBELYS CASTILLEJO. NOTA: En esta misma fecha, previa las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA Abg. RUSBELYS CASTILLEJO.