REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y TRANSITO, DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. Carúpano, 01 de Julio de 2.016 206° y 156° Exp. N° 17.457 DEMANDANTE: MARIELSY JOSE MEDINA ROJAS, titular de la Cédula de Identidad N° 18.215.900. APODERADO: No otorgó Poder. DOMICILIO PROCESAL: Avenida Principal de la Urbanización Villa Jardín, Casa N° 09, Sector Carúpano Arriba, Municipio Bermúdez del Estado Sucre. DEMANDADA: GIOCONDA ISABEL RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 6.135.465. APODERADO: No otorgo Poder. DOMICILIO PROCESAL: Urbanización la Viña, casa N° 10-a, Calle 1, Municipio Bermúdez del Estado Sucre. MOTIVO: SIMULACION. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA Vista la demanda presentada en fecha 28 de Junio del 2.016, por la ciudadana MARIELSY JOSE MEDINA ROJAS, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° 18.215.900, domiciliada en Canchunchú, casa s/n, Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, asistida del abogado en ejercicio HECTOR RAMON VELASQUEZ MARQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 38.141, y demandó por SIMULACION a la ciudadana: GIOCONDA ISABEL RODRIGUEZ y en el libelo de demanda expuso: Que en fecha 16 de Febrero de 2.015, falleció en la ciudad de Guatire, Municipio Zamora del Estado Miranda, el ciudadano HECTOR MEDINA, venezolano, de este domicilio, divorciado y titular de la Cédula de Identidad N° 3.329.049, quien era su padre, tal como consta del Acta de Defunción marcada con Letra “A” y el Acta de Nacimiento marcada con Letra “B”. Que además su difunto padre estaba casado con la ciudadana EVA MARIA VELASQUEZ DE MEDINA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 2.927.778, y que procreó Doce hijos de los cuales diez eran mayores de edad de nombres: JUANY ANTONIETA MEDINA VELASQUEZ, EVELY JOSEFINA MEDINA VELASQUEZ, LOYSE DEL VALLE MEDINA VELASQUEZ, ELOYS JOSE MEDINA VELASQUEZ, HECTOR RAMON MEDINA MARIN, PASTOR RAFAEL MEDINA CHIRINOS, LUIS ENRIQUE MEDINA GUERRA, MARIELSY JOSE MEDINA ROJAS y HECTOR ALEJANDRO MEDINA ROJAS, y las dos últimas menores de edad de nombres: DANIELA ESTEFANIA MEDINA RODRIGUEZ y CAROLINA DEL JESUS MEDINA MARIN, en tal virtud este Tribunal para decidir previamente observa: Con motivo de la entrada en Vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, se crearon los Tribunales de Protección como Órganos Jurisdiccionales con competencia especial para el conocimiento de determinadas materias de naturaleza civil, en las cuales están involucrados derechos e intereses de Niños y Adolescentes, todo lo cual esta comprendido en el Titulo III, Capitulo VI, Sección Segunda de la mencionada Ley. Sobre la competencia para conocer, en estos casos, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado, que en aras de garantizar una protección jurisdiccional integral de los Niños y Adolescentes, en los asuntos de carácter patrimonial en lo que figuren Niños y Adolescentes, independientemente de que sean demandados o demandantes deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, tal y como fue sostenido en Sentencia N° 44 publicada en fecha 16 de Noviembre de 2006, en el caso de la Sucesión Carpio de Monro Cesarian, donde señaló: Que la intensión del legislador no puede ser la de excluir del ámbito de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, aquellos asuntos de carácter patrimonial de los que Niños, Niñas y Adolescentes figurasen como demandantes, ya que además de lo expuesto anteriormente, es necesario advertir que la exposición de motivos de la referida Ley, punto de Referencia, para indagar sobre la intención del Legislador, señala: <> De allí continua señalando la Sala, que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre si, y el sistema lógico de Interpretación, relativo a la interpretación del legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren Niños y Adolescente, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, más aún se precisa que estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal Protección de los Derechos y Garantías de todos los Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran en el Territorio Nacional. En armonía con la doctrina que se comenta, las acciones de SIMULACION son de naturaleza eminentemente civil, por lo que la competencia por la materia, en principio corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la Jurisdicción Civil, pero cuando haya Niños, Niñas y Adolescentes comunes o bajo responsabilidad de crianza y/o patria potestad de alguno o alguna de las solicitantes, pues allí sus intereses se ven afectados, y en estos casos debe tomarse en cuenta el objeto de la demanda, criterio que comparte íntegramente esta Instancia. Y tratándose la presente causa de una SIMULACION donde hay un menor de edad común es evidente que el Tribunal competente lo es el Juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con sede en esta ciudad de Carúpano. Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, y tomando en cuenta que en la presente causa se configura el supuesto señalado en el Artículo 177, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente; este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara Incompetente por la materia para conocer y decidir la presente causa y en consecuencia DECLINA la misma para ante el Juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con sede en esta ciudad de Carúpano, donde se ordena remitir el presente expediente en su oportunidad legal correspondiente. Así se decide. La Juez, Abg. Susana García de Malavé. La Secretaría, Abg. Francis Vargas Campos. SGDM-mmg. Exp. Nº 17.457.