TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Cumaná
Cumaná, 26 de Enero de 2016
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2016-000896
ASUNTO : RP01-P-2016-000896

Realizada como ha sido la Audiencia Oral de Presentación de Detenidos, en la causa seguida al ciudadano LUÍS EDUARDO SUBERO DÍAZ. Seguidamente se verifica la presencia de las partes, dejándose constancia que se encuentran presentes: la Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público, Abg. ANAKARINA HERNÁNDEZ, el Defensor Público Segundo, Abg. ALEJANDRO SUCRE y el detenido de autos, previo traslado desde el Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre. Seguidamente este Tribunal impone al imputado del derecho que le asiste de nombrar un Defensor de Confianza, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 127 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, preguntándosele si cuenta con abogado de su confianza que lo asista, manifestando que no, por lo que el Tribunal le garantiza el derecho a la defensa y en este acto le designa al Defensor Segundo Publico Penal Abg. ALEJADRO SUCRE CASTAÑEDA, el cual se encuentra de guardia en el día de hoy; quien aceptó el cargo recaído en su persona y se impuso de las actuaciones procesales.
Se le otorgó la palabra a la representante de la fiscalía del Ministerio Público, quien expuso: “Coloco a la disposición de este Tribunal, a los fines que sea individualizado como imputado, al ciudadano LUÍS EDUARDO SUBERO DÍAZ; por los hechos ocurridos en fecha 25/01/2016, cuando funcionario adscritos al Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre, encontrándose en labores de patrullaje Punto a Pie, específicamente por el centro, sector Parque Ayacucho, cuando logra avistar a un ciudadano el cual vestía una franela de color azul, y un jeans de color gris, quien al avistar al funcionario policial opta por una aptitud de nerviosismo, y emprende veloz huida, no perdiéndolo de vista y dándole alcance a pocos minutos, por lo que le da voz de alto, indicándole si tenía adherido a su cuerpo o partes íntimas algún objeto de interés criminalístico, contestando que no tenía nada, procediendo a realizarse inspección corporal, encontrándole adherido al cuerpo, específicamente en la parte derecha de la pretina del pantalón un Facsímile tipo Pistola de color plateada, por lo que procede a practicar su detención. En esa misma fecha rinde Entrevista la ciudadana Carmen L. Patiño, víctima de los hechos investigados, quien señala que iba caminando por el Parque Ayacucho, se le acercó un ciudadano y le colocó una pistola por la cintura y le dijo que no gritara y comenzó a forcejear con ella para robarla, en eso voltea y ve a un policía, por lo que le pide ayuda, luego salió corriendo y el funcionario lo detiene a pocos metros. Ciudadano Juez, considera esta representación Fiscal, que la conducta desplegada por el imputado de autos, se subsume en los tipos penales de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal en concordancia con los artículos 80 primer aparte, en perjuicio de CARMEN L. PATIÑO T. y USO DE FACSÍMILE, previsto y sancionado 114 en la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por lo que se encuentran llenos los tres extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando en este acto, se decrete la privación judicial preventiva de libertad, en contra del referido ciudadano. Solicito se continúe la causa por el procedimiento ordinario, se decrete la aprehensión en flagrancia y se remitan las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones. Es todo”.
El Tribunal impuso al imputado del precepto Constitucional establecido en el artículo 49 numeral 5 y artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando el imputado no querer declarar. Es todo.”
Se le concede el derecho de palabra al defensor público, Abg. Alejandro Sucre, quien expone: “Esta defensa solicita la libertad sin restricciones para mi representado, ya que no se encuentran llenos los extremos 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, oponiéndome al pedimento Fiscal de que se le otorgue medida privativa de libertad a mi defendido y solicitando sea desestimada dicha solicitud. igualmente esta defensa pudo percatase de la revisión que hiciera a la mencionada causa que la misma no cuenta con testigos presénciales que puedan acreditar lo dicho por la victima visto que el procedimiento fue realizo en hora de la mañana por lo que esta defensa considera que no es lógico que no cursen declaración de testigos alguno que pueda dar fe o verdad de los hechos narrados de la supuesta victima, tal y como ha sido considerado e impuesto por la sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde insta a los órganos de investigación penal que se debe constar con al presencia de al ciudadanía para que no se considera un simple indicio si no que este surta como prueba, por otra parte considera esta defensa que con los recaudos que corren insertos en el presente asunto la vindicta pública no logro desvirtuar la presunción de inocencia que hoy goza mi representado, todo ello a lo establecido en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la Republica, Asimismo, en caso de no compartir este Juzgado el criterio de la Defensa, solicito le sea impuesta una medida menos gravosa de posible e inmediato cumplimiento, pues nos encontramos en la fase primigenia de la investigación en la que la excepción la privación y la regla es la libertad en virtud del principio de presunción de inocencia. Solicito copia simple del acta. Es todo”.
Este Tribunal pasa a emitir el siguiente pronunciamiento: Presentada como ha sido la solicitud de la Fiscal del Ministerio Público, los alegatos de la defensa y revisadas las presentes actuaciones; este Tribunal observa, que en la presente causa se desprende la comisión de un hecho punible que no se encuentra evidentemente prescrito, por cuanto el mismo ocurrió en fecha 25/01/2016, cuando funcionario adscritos al IAPES, encontrándose en labores de patrullaje Punto a Pie, específicamente por el centro, sector Parque Ayacucho, cuando logra avistar a un ciudadano el cual vestía una franela de color azul, y un jeans de color gris, quien al avistar al funcionario policial opta por una aptitud de nerviosismo, y emprende veloz huida, no perdiéndolo de vista y dándole alcance a pocos minutos, por lo que le da voz de alto, indicándole si tenía adherido a su cuerpo o partes íntimas algún objeto de interés criminalístico, contestando que no tenía nada, procediendo a realizarse inspección corporal, encontrándole adherido al cuerpo, específicamente en la parte derecha de la pretina del pantalón un Facsímile tipo Pistola de color plateada, por lo que procede a practicar su detención. En esa misma fecha rinde Entrevista la ciudadana Carmen L. Patiño, víctima de los hechos investigados, quien señala que iba caminando por el Parque Ayacucho, se le acercó un ciudadano y le colocó una pistola por la cintura y le dijo que no gritara y comenzó a forcejear con ella para robarla, en eso voltea y ve a un policía, por lo que le pide ayuda, luego salió corriendo y el funcionario lo detiene a pocos metros. Así mismo, de las actuaciones cursantes en actas, se desprenden los siguientes elementos de convicción: Al folio 02 cursa Acta de Entrevista rendida por la ciudadana CARMEN L. PATIÑO T. quien figura como víctima en la presente investigación. Al folio 03 cursa Acta de Investigación Policial, suscrita por funcionario adscrito al Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre, quien narra la manera en la cual ocurrieron los hechos y la forma cómo resultó la detención del imputado de autos. Al folio 09 cursa Experticia de Reconocimiento Legal N° 099, realizada al objeto incautado en el presente procedimiento. Al folio 10 cursa memorando N° 9700-174-188, donde se deja constancia que el imputado de autos presenta registros policiales. Siendo entonces estos elementos de convicción, los que sirven de fundamento a este Tribunal, a fin de poder considerar cubierto el segundo numeral de la citada norma, considerando que existen suficientes elementos de convicción, para considerar que estamos en presencia de los delitos precalificados por la representación Fiscal, como ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y USO DE FACSIMILE previsto y sancionado en el Art. 114 la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones; elementos de convicción que cursan en autos, los cuales fueron descritos anteriormente y ponen en evidencia a este Juzgador, la conducta antijurídica desplegada por los imputados de autos. Ahora bien, el Tribunal considera que con los hechos antes descritos, así como con los elementos que conforman el presente asunto se ponen de manifiesto los numerales 1 y 2 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; así como se ha verificado que en actas surgen fundados elementos de convicción para estimar o presumir que el imputado LUÍS EDUARDO SUBERO DÍAZ, haya sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible aquí investigado; de igual manera el Ministerio Público ha solicitado como medida cautelar, la privación judicial preventiva de libertad en contra del referido imputado, circunstancia ésta que conllevan a este Tribunal al análisis del numeral 3 del artículo 236 citado, el cual requiere para la procedencia de la medida de coerción solicitada la existencia de la presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación lo cual se determina con el análisis de los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en el entendido que en el presente caso, sí existe el peligro de fuga del imputado de autos, por la posible pena que podría llegarse a imponer en el caso, así como por la magnitud del daño causado; de igual manera se verifica esta circunstancia excepcional conforme al Parágrafo Primero de dicho artículo que establece “Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años”; siendo que la pena que merece el delito imputado supera holgadamente los diez (10) años de prisión; de igual manera, se estima en el presente asunto el peligro de obstaculización de la investigación, puesto que a criterio de este Juzgador existe la grave sospecha de que el imputado pueda influir para que testigos o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia; estando de este modo acreditado los requisitos de ley para estimar la existencia del peligro de fuga y de obstaculización de la investigación conforme lo establecen los numerales 2 y 3 del artículo 237 y numeral 2 del artículo 238 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 ejusdem, circunstancias éstas que hacen imposible sustituir la medida de Privación Judicial de libertad solicitada por el Ministerio Público, por una medida menos gravosa que garantice que el imputado se mantenga apegado y presente en el proceso, circunstancias éstas que pondrían en riesgo la finalidad del proceso, por ende, este Tribunal declara Sin Lugar la solicitud de la defensa pública en el sentido de acordar libertad Plena o la aplicación de una medida menos gravosa a su defendido y por el contrario acoge la solicitud fiscal y en consecuencia decreta la privación judicial preventiva de libertad en contra del imputado de autos Así se decide.
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Tercero De Primera Instancia Estadales Y Municipales En Funciones De Control Del Circuito Judicial Del Estado Sucre, Sede Cumaná, Administrando Justicia En Nombre De La República Y Por Autoridad De La Ley, Decreta LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra el imputado LUÍS EDUARDO SUBERO DÍAZ, venezolano, de 31 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.540.028, soltero, hijo de Lusi Gonzaga y Tibisay Patiño, fecha de nacimiento 05/05/1984, de oficio obrero, natural de Cumaná; residenciado en la urb. Brasil, sector II. Calle 11, casa N° 21, Cumaná, Estado Sucre; por la presunta comisión de los delitos ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal en concordancia con los artículos 80 primer aparte, en perjuicio de CARMEN L. PATIÑO T. y USO DE FACSÍMILE, previsto y sancionado 114 en la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; por encontrarse llenos los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236, en relación con el artículo 237 numerales 2 y 3, numeral 2 del artículo 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese oficio dirigido al Comandante del Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre, adjunto a boleta de encarcelación, lugar en el cual quedará recluido el imputado de autos, a la orden de este Despacho. Se acuerda la prosecución de la causa por el procedimiento ordinario y se decreta la aprehensión en flagrancia. Se acuerda la remisión de las presentes actuaciones, a la Fiscalía del Ministerio Público, en el lapso legal. Los presentes quedan notificados de conformidad con el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo. Cúmplase.
EL JUEZ
Abg. DOUGLAS JOSÉ RUMBOS RUIZ

LA SECRETARIA
Abg. DUBRASKA FRANCO