REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE EXTENSIÓN CARÚPANO TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO Carúpano, 8 de Agosto de 2016 206º y 157º ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2013-005525 ASUNTO: RP11-P-2013-005525 Vista la solicitud por parte de la Abg. Amagil Colon, actuando en su carácter de Defensora Publica Penal, en el presente asunto seguido al acusado OSCAR ADOLFO HERNANDEZ RAVELO, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA MODALIDAD DE PERPETRADORES, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano JOSÉ FELIX GONZALEZ MANEIRO (OCCISO), y LESIONES PERSONALES DEL TIPO LEGAL BÁSICO, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano RAFAEL DAVID GONZALEZ MANEIRO, mediante la cual solicita el cese de la Medida de Privación de Libertad que constriñe a su representado y se le otorgue una revisión de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 250 en concordancia con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que su representado se encuentra Privado de Libertad por un lapso superior a los DOS (02) SIETE (07) MESES, y aún no se ha realizado el correspondiente Juicio Oral, a tal efecto este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones: En el presente caso, que si bien es cierto ha transcurrido mas de DOS (02) SIETE (07) MESES como alega la Defensa, desde que el acusado OSCAR ADOLFO HERNANDEZ RAVELO, se encuentra privado de su libertad, los intereses de las partes deben ser ponderados, así como, debe ser considerado que la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que éstas constituyen un medio para asegurar los fines del proceso, que son lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines, debiendo esta Juzgadora garantizar las resultas del proceso y por tanto se estima que se debe mantener la medida de privación judicial de libertad que pesa contra los mencionado acusados, cuyos elementos de convicción que dieron origen a la imposición de la misma, se mantienen vigentes hasta la presente fecha, como son, la Presunta comisión de un hecho punible que merece pena corporal como son los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA MODALIDAD DE PERPETRADORES, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano JOSÉ FELIX GONZALEZ MANEIRO (OCCISO), y LESIONES PERSONALES DEL TIPO LEGAL BÁSICO, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano RAFAEL DAVID GONZALEZ MANEIRO, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita hasta la presente fecha, fundados elementos de convicción para estimar que los acusados de autos han sido los presuntos autores o partícipes en dicho hecho punible y, existe una presunción razonable por las circunstancias en particular del peligro de fuga, por la posible pena a imponer, por el delito que se trata, la magnitud del daño causado.- Por otra parte, siendo que la solicitud de la Defensora Pública en el presente caso se fundamenta en el tiempo que ha permanecido su representado en reclusión, tiempo éste que aún no supera a los dos años, es decir, al principio de proporcionalidad, y, tal respecto, se observa que el proceso penal no se encuentra paralizado, pues la celebración de la audiencia de Juicio Oral y Público está pautada para el día 12/08/2016, a las 08:45 de la mañana.- La Privación Judicial Preventiva de Libertad a la que está sometido el acusado de autos, en la presente causa se está en presencia de unos delitos de marcada gravedad, pues el hecho punible objeto de persecución penal en el presente caso configura delito de los previstos en la Ley Penal, en tal sentido, en atención al Principio de Proporcionalidad establecido en el citado artículo 230, en lo referente a la magnitud del daño social causado, la posibilidad de que quede irrisoria la pretensión del Estado, que no es mas que la celebración del Juicio Oral y Público, es menester tomar en consideración, que en el presente asunto, según la naturaleza del delito atribuido, obviamente que aun no es posible deducir si, el hecho penal acusado se cometió y si se está en presencia del autor del mismo, pues esto es precisamente la materia a decidir como producto del Juicio Oral a celebrarse, razones estas por las cuales encuentra quien decide que se mantienen vigentes las circunstancias tomadas en consideración por el Tribunal de Control para decretar la Medida De Privación Preventiva De Libertad, traducido en la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad aun no prescrita; los elementos de convicción que en su momento fueron analizados por el Tribunal de Control al cual le correspondió conocer para estimar que los acusados han sido participes o autores, hechos estos que el Tribunal asume de la decisión jurisdiccional tomada al efecto y no revisa ni analiza por cuanto no debe contaminar su conocimiento acerca del fondo de la causa, igualmente se puede presumir un peligro de fuga por la pena que podría resultar impuesta la cual es mayor en su límite máximo a los 10 años conforme al parágrafo primero del artículo 237 del COPP, y un peligro de obstaculización en razón de que, de quedar en libertad podría intentarse influir en la víctima, los testigos o expertos del caso para evitar su comparecencia al Juicio Oral y Público. Por tales razones, atendiendo a todas las consideraciones particulares del caso, considera quien decide que, efectivamente es necesario mantener la medida de Coerción Personal, impuesta por el Tribunal de Control Nº 5 en fecha 03-01-2014, como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad, la cual se ratifica; tomando en consideración la entidad de los delitos acusados y en aplicación de una política criminal coherente que le garantice al Estado Venezolano, a las víctimas y a la comunidad en general, una aplicación de Justicia efectiva, como es deber de esta juzgadora acatar, en ponderación de los derechos particulares y generales inmersos en el presente caso, a pesar de estar cerca cumplir los dos años que establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal considera que se debe mantener la medida de coerción personal impuesta, en virtud de que estamos frente a un proceso penal con circunstancias particularmente complejas, que vienen dadas por la entidad de los hechos que dieron origen al presente proceso penal; siendo lo procedente y ajustado a derecho negar la Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada, pues lo contrario sería desproporcionado al resto de las circunstancias, asimismo teniendo en cuenta que no han variado las circunstancias que dieron origen a que se decretara la imposición de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, más aún cuando el presente tiene pautada para el día 12-08-2016, la celebración del Juicio Oral y Público . y así se decide.- DECISIÓN. En base a las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se DECLARA SIN LUGAR la solicitud del otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, a favor del acusado OSCAR ADOLFO HERNANDEZ RAVELO, venezolano, natural de Carúpano, 22 años de edad, nacido en fecha 26-04-1.992, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad Nº V- 23.946.452, de oficio obrero, hijo de Marisol Hernández y Oscar Hernández y residenciado en: Sector Sol Paraíso, diagonal a la segunda cuadra, casa N 23, cerca de la cancha de básquet, Guiria Municipio Valdez del Estado Sucre; a quien se les sigue el presente asunto por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA MODALIDAD DE PERPETRADORES, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano JOSÉ FELIX GONZALEZ MANEIRO (OCCISO), y LESIONES PERSONALES DEL TIPO LEGAL BÁSICO, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano RAFAEL DAVID GONZALEZ MANEIRO, interpuesta por la Abogada Amagil Colon. SEGUNDO: Se MANTIENE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el acusado de autos, por cuanto no han variado las circunstancias que motivaron la medida de coerción personal, decretada por el Tribunal Quinto de Control, en fecha 03-01-2014, esto es, se encuentra llenos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, dada la magnitud del daño causado, el peligro de fuga y de obstaculización y la posible pena a imponer; todo de Conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Cúmplase.- LA JUEZA PRIMERA DE JUICIO. ABG. JENNYS MATA HIDALGO. LA SECRETARIA JUDICIAL. ABG. ELLUZ FARÍAS.