REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Corte de Apelaciones Penal - Cumaná Cumaná, 3 de Junio de 2015 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL : RP01-R-2015-000163 ASUNTO : RP01-R-2015-000163 JUEZA PONENTE: Abg. CARMEN SUSANA ALCALÁ Cursa por ante este Tribunal Colegiado, Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JENNY APONTE VIÑOLES, en su carácter de Defensora Pública Sexta Auxiliar en Materia Penal Ordinario del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre – Extensión Carúpano, defensora del ciudadano SANTOS MARCANO MARTÍNEZ, imputado de autos, e INDOCUMENTADO, contra la decisión de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre – Extensión Carúpano, mediante la cual se decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del mismo, por hallarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos de DETENTACIÓN DE ARMA BLANCA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previstos y sancionados en los artículos 277, 218 y 405 en relación con el 80, todos del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y del ciudadano FÉLIX ABIGAIL LUGO. Se procedió a la asignación de la ponencia del presente Recurso de Apelación mediante el Sistema Automatizado Juris 2000, correspondiéndole la misma a la Jueza Superior Abogada CARMEN SUSANA ALCALÁ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, y para decidir sobre su admisibilidad, esta Corte de Apelaciones hace las siguientes consideraciones: DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO El artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal establece, que las decisiones judiciales son recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Leído y analizado el recurso interpuesto, observamos que la recurrente sustenta su escrito recursivo en los numerales 4 y 5 del artículo 439 del texto adjetivo penal, referidos a las decisiones que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva y aquellas que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por el mismo Código; expresando entre otras cosas lo siguiente: La apelante manifiesta que la Sentenciadora decretó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el imputado, sin motivar los hechos y las razones de lógica por las cuales consideró que hay fundados elementos de convicción, para estimar que el encartado tuvo participación en el hecho investigado, arguyendo igualmente que no existen elementos fiables o incriminatorios en contra de éste, sorprendiendo a la defensa que se afirme que existen elementos de convicción que comprometen la responsabilidad de su defendido, ya que si bien se hace referencia a actas de entrevistas y actas policiales, no se realizó un verdadero análisis respecto a los supuestos previstos en los artículos 236, 237, 238, 239 y 240 del Código Orgánico Procesal Penal. Señala la recurrente, que en las actas no existen testigos que señalen que su representado llevó a cabo acción alguna que suponga la materialización de los delitos de DETENTACIÓN DE ARMA BLANCA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, haciendo referencia a lo establecido en el artículo 277, ejusdem, destacando además que el encausado es una persona trabajadora, responsable, incapaz de lesionar a alguna persona, y mucho menos de portar un arma de fuego, ni blanca, indica la Abogada que las únicas armas que posee el imputado, son sus implementos de trabajo ya que el mismo es agricultor, por lo que lo que considera exagerada la precalificación realizada por el Ministerio Público. Pasa posteriormente a citar el artículo 218 del Código Penal, afirmando que es absurdo y contradictorio ver como ligeramente por el sólo dicho de los funcionarios actuantes y sin contar con testigos se le atribuye a su defendido la presunta comisión de los referidos delitos, ya que el mismo no se asoció con ninguna persona para causar daños, amenazar y menos violentar la vida de un ser humano. Asimismo la defensa, pasa a citar el artículo 405 en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, manifestando que conforme a su criterio, resulta exagerada la precalificación hecha por el Ministerio Público y que si bien es cierto la existencia de una víctima, no es menos cierto que su representado no se encontraba ese día en el lugar donde ocurrieron los hechos, también alega que resulta ilógica y contradictoria la solicitud de privación judicial preventiva de libertad formulada por la vindicta pública, causando un gravamen irreparable al imputado, ya que no se garantiza su vida, dadas las condiciones infrahumanas y de alta peligrosidad que existen en los recintos penitenciarios. Prosigue exponiendo la defensora, que su representado no registra antecedentes penales que demuestren conducta predelictual, no existiendo peligro de fuga o de obstaculización del proceso, ya que el mismo posee domicilio estable y carece de recursos para abandonar la jurisdicción; solicitando finalmente se declare con lugar el Recurso interpuesto, se revoque la decisión apelada y se decrete libertad a favor de su representado. Como pruebas de las denuncias formuladas, todas y cada una de las actuaciones que integran el asunto penal RP11-P-2015-000035, las cuales por no ser ilegales ni impertinentes; y considerarse necesarias y útiles, SE ADMITEN; conforme al segundo aparte del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien observa esta Corte de Apelaciones, que dado el sustento legal invocado, el tipo de decisión que se impugna, y el cómputo por Secretaría del Tribunal A Quo, el cual riela al folio cincuenta y cuatro (54) de la presente pieza, de donde se desprende que el Recurso de Apelación, fue ejercido dentro del lapso legal del Artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal vigente; y por cuanto el mismo no encuadra dentro de las causales de Inadmisibilidad que estatuye el artículo 428 ejusdem; en cumplimiento del Primer Párrafo del artículo 442 del referido código, esta Instancia Superior estima que la Apelación aquí Interpuesta es ADMISIBLE. Por último, observa esta Alzada que del contenido de las actas procesales recibidas surgen elementos suficientes para formar criterio y emitir una decisión; por lo que no se hace necesaria ni útil la realización de una Audiencia Oral, de las establecidas en el Artículo 442, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal vigente. ASÍ SE DECIDE. DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: SE ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JENNY APONTE VIÑOLES, en su carácter de Defensora Pública Sexta Auxiliar en Materia Penal Ordinario del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre – Extensión Carúpano, defensora del ciudadano SANTOS MARCANO MARTÍNEZ, imputado de autos, e INDOCUMENTADO, contra la decisión de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre – Extensión Carúpano, mediante la cual se decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del mismo, por hallarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos de DETENTACIÓN DE ARMA BLANCA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previstos y sancionados en los artículos 277, 218 y 405 en relación con el 80, todos del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y del ciudadano FÉLIX ABIGAIL LUGO. Publíquese, Regístrese y Decídase en su oportunidad legal. La Jueza Superior Presidenta Abg. MARTIZA ESPINOZA BAPTISTA La Jueza Superior Abg. CECILIA YASELLI FIGUEREDO La Jueza Superior (Ponente) Abg. CARMEN SUSANA ALCALÁ El Secretario Abg. LUIS BELLORÍN MATA Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que antecede. El Secretario Abg. LUIS BELLORÍN MATA