ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2009-004381 ASUNTO : RP01-P-2009-004381 Analizadas como han sido las actas procesales que conforman la presente causa seguida al acusado Carlos Alberto Gil Mendoza, quien es venezolano, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad N° 18.418.031, de profesión u oficio no definido, fecha de nacimiento 15-11-86, de 22 años de edad, natural de Cumaná, hijo de Juan Carlos Gil y Marbella Mendoza, y domiciliado en Cumanagoto II, Vereda K, Casa Nº 14, Cumaná, Estado Sucre; por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Víctor Manuel Rodríguez Antón y del Estado Venezolano este Tribunal observa: Cursa a la presente causa, escrito suscrito por la Defensora Pública Abg. SIREM HERNANDEZ quien representa al acusado de autos, mediante el cual solicita de conformidad con lo establecido en los artículos 230 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal la revisión de la medida de privación judicial que pesa sobre su defendido, y solicito la revisión la revisión de la causa y de la medida de privación judicial de libertad y le sea sustituída por una medida menos gravosa, señalando que su representado tiene privado de libertad desde el 30-09-2009 sin que tenga una sentencia, indicando que tiene su representado mas de 02 años desde que fue privado de libertad, invocando lo establecido en los artículos 250 Y 330, ambos del Código Orgánico Procesal Penal En razón del pedimento antes referido, este Tribunal observa que el artículo 250 del Código Orgánico Procesal penal, establece: “El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez o jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. Debe este Tribunal verificar si persisten o no las circunstancias que motivaron al Tribunal de Control a dictar la medida de coerción personal que pesa actualmente sobre el acusado de autos o determinar si se ha producido el decaimiento de dicha medida de conformidad con el dispositivo legal establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, por tanto, advierte este Juzgador que conforme al tiempo de detención del acusado y siendo que de las actuaciones que conforman el presente asunto no existe alguna circunstancia que modifique los motivos que conllevaron al Tribunal de Control en su oportunidad a dictar la medida de privación de libertad, pues es cierto que nuestro ordenamiento jurídico establece en el artículo 44 numeral 1° del texto Constitucional, el principio de juzgamiento en Libertad el cual es una garantía Constitucional para todo procesado, sin embargo esa misma norma contempla la excepción a esa regla que no es mas que las razones determinadas por Ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. Por las consideraciones antes expuestas es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Sucre Cumaná, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Abog. SIREM HERNANDEZ, Defensora Pública Auxiliar Sexta Penal, de revisión de medida de privación judicial de libertad que actualmente pesa sobre el acusado Carlos Alberto Gil Mendoza, quien es venezolano, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad N° 18.418.031, de profesión u oficio no definido, fecha de nacimiento 15-11-86, de 22 años de edad, natural de Cumaná, hijo de Juan Carlos Gil y Marbella Mendoza, y domiciliado en Cumanagoto II, Vereda K, Casa Nº 14, Cumaná, Estado Sucre; por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Víctor Manuel Rodríguez Antón y del Estado Venezolano , todo de conformidad con lo establecido en el artículo 242, 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Cúmplase. EL JUEZ PRIMERO DE JUICIO ABOG. NAYIP BEIRUTTI LA SECRETARIA. ABOG. DUBRASKA FRANCO.