REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN, EJECUCIÓN Y DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. SEDE CUMANÁ.
Cumaná, 10 de noviembre 2014 204º y 155º
ASUNTO Nº: JMS1-7919-14
PARTE ACTORA: CONSEJO DE PREOTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO SUCRE.
PARTE DEMANDADA: YUSGLANYS JOSEFINA GUEVARA BLANCO
BENEFICIARIOS: Se omite el nombre de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(NIÑOS 05 y 10 años de edad)
MOTIVO: MEDIDA DE PROTECCION


Recibido de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial. Désele entrada y procédase aperturar el correspondiente expediente. Visto el escrito y sus anexos, ingresan las presentes actuaciones procesales que conforman el presente expediente, proveniente del CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO SUCRE, relacionado con los niños identificados en autos. El procedimiento administrativo contenido en el expediente N° DTS-00149-14 se inicia ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Sucre del estado Sucre, en fecha veintidós (22) de mayo del año 2014, por denuncia realizada por la Trabajadora Social del Hospital Antonio Patricio de Alcalá de esta ciudad de Cumaná. El mencionado consejo remitió copia certificada del expediente administrativo al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes alegando que por cuanto ha transcurrido el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de dictada la medida innominada y excepcional de abrigo, la misma no pudo ser resuelta en vía administrativa.

Este Tribunal pasa a decidir previas las siguientes consideraciones, a los fines de admitir o no el presente asunto:

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 160, establece: “Atribuciones: Son atribuciones de los Consejos de Protección:

b) Dictar las medidas de protección, excepto las de adopción y colocación familiar o en entidad de atención, que son exclusivas del tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes.

c) Ejecutar sus medidas de protección y decisiones administrativas, pudiendo para ello requerir servicios públicos o el uso de la fuerza pública, o la inclusión del niño, niña o adolescente y su familia en uno o varios programas.

e) Hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección y decisiones.

f) Interponer las acciones dirigidas a establecer las sanciones por desacato de sus medidas de protección y decisiones, ante el órgano judicial competente.

j) Solicitar ante el registro del estado civil o la autoridad de identificación competente, la extensión o expedición de partidas de nacimiento, defunción o documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes, que así lo requieran”.


Por otro lado, el artículo 125 de la LOPNNA define las medidas de protección y su objetivo es así: “Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos”.


Por su parte, el artículo 126 de la misma ley señala las medidas de protección que puede dictar el Consejo de Protección para restituir o preservar los derechos de niños, niñas y adolescentes, individuamente considerados, a saber: Tipos: Una vez comprobada la amenaza o violación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de protección:

a) inclusión del niño, niña o adolescente y su familia, en forma conjunta o separad, según el caso, en uno o varios de los programas a que se refiere el artículo 124 de esta ley.

c) Cuidado en el propio hogar del niño o adolescente, orientado y apoyando a los padres, representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del niño o adolescente, a través de un programa;

g) Separación de la persona que maltrate a un niño, niña o adolescente de su entorno.

h) Abrigo…

Esta medida de abrigo, la precisa y desarrolla el artículo 127 de la LOPNNA de la siguiente manera: El abrigo es una medida provisional y excepcional, dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención, como forma de transición a otra medida administrativa de protección o a una decisión judicial de colocación familiar o en entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible el reintegro del niño o adolescente a la familia de origen.

Si en el plazo máximo de treinta días no se hubiere podido resolver el caso por la vía administrativa, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe dar aviso al juez competente, a objeto de que éste dictamine lo conducente.

Resulta evidente de la lectura de la norma antes descrita que el abrigo es una medida de protección de carácter provisional y excepcional. Provisional porque su duración está determinada por la misma ley (30 días), mientras la autoridad competente la sustituye por otra, y excepcional, porque sólo se debe dictar cuando las circunstancias del caso así lo ameriten para resguardar los derechos y garantías de un niño, niña y/o adolescente y cuando no se cuenta con la familia de origen, o teniendo acceso a ésta, el interés superior del niño determina que es procedente.

De igual forma, el citado artículo 127 se desprenden las dos (2) modalidades de ejecución de la medida de abrigo: en entidad de atención y en familia sustituta, las cuales ambas presuponen que la familia esté inscrita en el correspondiente registro de elegibles en materia de abrigo, tal y como lo ordena el articulo 397-A ejusdem, es decir, la existencia y ejecución de un programa (Artículo 124 de la LOPNNA) debidamente inscrito ante el Consejo de Derechos respectivo, tal como lo prevé el artículo 191 que señala: “el responsable de un programa, sea éste ejecutado o no en una entidad de atención, debe presentar su solicitud de inscripción…”.

Así pues, cuando la medida de abrigo se ejecuta en entidad de atención, esta entidad además de estar registrada como tal, debe ejecutar y tener inscrito un programa de abrigo (Art. 124 literal “h”). Igualmente, si se ejecuta bajo la modalidad de familia sustituta, no puede dictarse en cualquier grupo familiar o persona natural (último aparte artículo 191 y 397-A), sino en aquellos que obligatoriamente estén previamente inscritos como programa de colocación familiar para familia sustituta (Art. 124 literal “c”), sin que deba confundirse la medida de colocación familiar (judicial) con el programa de colocación familiar para la ejecución del abrigo bajo la modalidad de familia sustituta.

Asimismo se tiene que concebirse como límites a la competencia del órgano administrativo para dictar la medida, pues sólo al Juez de Protección, excepcionalmente le está dada la posibilidad de dictar una medida de colocación familiar sin que la familia esté inscrita como programa según el articulo 401, previo cumplimiento de los requisitos legales previstos y debe proceder a ordenar su inscripción de inmediato.


La Modificación y Revisión de las medidas de protección esta previsto en el artículo 131 de la LOPNNA, excepto la adopción, pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas, en cualquier momento, por la autoridad que las impuso, cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.

Dichas medidas deben ser revisadas, por lo menos cada seis meses (06) a partir del momento en que son dictadas, para valorar si las acontecimientos que las ocasionaron se mantienen, han variado o cesado, con el fin de ratificarlas, sustituirlas, complementarlas o revocarlas, según sea el caso”.

Luego, corresponde a la autoridad que las impuso sustituir, modificar y revocar en cualquier momento las medidas de protección que ésta haya dictado, por cuanto (con excepción de la de abrigo) las medidas de protección a las que se refiere el artículo 126 de la LOPNNA, en principio, no tienen tiempo de duración.

Esto no quiere decir que en determinados casos el órgano pueda establecer condiciones de lugar, modo o tiempo para el cumplimiento o ejecución de sus decisiones, sin estarle dada la posibilidad de decidir si el caso se puede o no resolver en sede administrativa, a menos que se trate de la medida de abrigo y que esta haya sido dictada conforme a los supuestos legales establecidos.

Así pues, la referida norma legal establece una obligación para el órgano que dicta una medida de protección, a éste y no a otro, cual es revisarla por lo menos cada seis (6) meses para “evaluar si las circunstancias que las originaron se mantienen, han variado o cesado, con el fin de ratificarlas, sustituirlas, complementarlas o revocarlas”.

En el presente caso, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Sucre del estado Sucre, en fecha veintiuno (21) de julio de 2014, dictó las siguientes medidas de protección: “1) Se ordena el cuidado de los niños identificados en autos, en el hogar de su tía paterna la ciudadana BLANCA ROSA GARCIA ESPIN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.220.049, domiciliada en el Sector Las Palomas, Calle Corazón de Jesús, Casa s/n, de esta mismo municipio. 2) Se ordenó Tratamiento Psicológico.

Ahora bien, el artículo 131 de la LOPNNA es claro cuando establece que las medidas de protección (excepto la de abrigo dictada conforme a la ley) pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas por la autoridad que las impuso, cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen; y en el presente se dictó la medida de protección de carácter innominada del cuidado en el hogar de la ciudadana BLANCA ROSA GARCIA ESPIN, (tía paterna); por lo tanto, mal puede el órgano administrativo desprenderse del expediente administrativo y remitirlo al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de este mismo municipio, por cuanto no cesa la obligación de las medidas de protección por el órgano que las dictó al menos cada seis (6) meses, para evaluar si las circunstancias que las originaron se mantienen, variaron o cesaron, con el objetivo de ratificarlas, sustituirlas, complementarlas o revocarlas, según sea el caso.

En tal sentido, dicho órgano confunde el término que el articulo 127 solo impone para el abrigo y pretende aplicarlo de forma por demás inadecuada y contraria a derecho y al resto de las medidas de protección, por lo que no puede enviar el expediente al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de este mismo municipio, pues sólo el Consejo de Protección tiene la facultad para revisar la medida que ha dictado; con una sola excepción: cuando los interesados en el procedimiento, por estar disconformes con la decisión, intenten la acción judicial ante el Juzgado Especializado. Ante esta situación, el órgano jurisdiccional revisa el acto administrativo que dicta la medida, pudiendo ratificarla, revocarla, sustituirla o modificarla. Este supuesto no ha sucedido en el caso en estudio. Si se remite el expediente administrativo cómo el Consejo de Protección va a revisar las medidas de protección y cumplir con este deber.

Lo anterior no impide a que de forma paralela a la tramitación del expediente administrativo y la revisión de las medidas, cualquier interesado o el Consejo de Protección puedan solicitar, por separado, las acciones judiciales a que haya lugar en


pretensión de una colocación familiar, modificación de atribución de custodia, privación de patria potestad (como en el presente caso), acción judicial por disconformidad o cualquier otra que la ley permita intentar, sin que esto signifique pronunciamiento alguno de este Tribunal sobre su procedencia. Así se declara.-

En consecuencia este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara con fundamento a lo previsto en el artículo 177 de la LOPNNA, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 131 ejusdem, resuelve: Ordena la devolución del expediente administrativo al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Sucre del estado Sucre, por ser la autoridad que debe tramitar el caso a favor de los niños de autos, en sede administrativa y conforme a las facultades, obligaciones y ejercicio de la autonomía funcional para la toma de sus decisiones que la LOPNNA les establece. Remítase el expediente junto con oficio y déjese copia certificada de las actuaciones en el Archivo del Tribunal. Así se decide. Cúmplase.

La presente decisión es publicada dentro del lapso de ley.

Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión y publíquese en la página Web del Tribunal.

Dada y firmada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. CÚMPLASE. La Jueza (fdo) Dra. MARIA EUGENIA GRAZIANI LICET. La Secretaria (fdo) HAYARIT RODRIGUEZ. Es copia fiel y exacta de su original que certifico en Cumaná, a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

LA SECRETARIA


ABG. HAYARIT RODRIGUEZ




Sentencia: INTERLOCUTORIA
MEGL.