EL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE Cumaná, 7 de octubre de dos mil trece (2013) 203º y 154º En fecha 25 de septiembre de 2013, el Abogado Edgard Balza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 115.790, apoderado Judicial del ciudadano Conrado Alfonso Morey, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.644.580, interpuso la presente demanda contra el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre. En fecha 25 de septiembre de 2013, este Juzgado le dio entrada. DEL ASUNTO PLANTEADO Alegó el querellante lo siguiente: Que comenzó a trabajar para el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre, desde el primero (01) de agosto del año 1986, y que la relación laboral, a la presente fecha de interposición de la presente, existente entre el querellante y la institución antes mencionada, se mantiene en su condición de pensionado especial, con ocasión a la incapacidad total y permanente que padece como consecuencia de un accidente laboral ocupacional ocurrido en fecha 19 de diciembre del año 2008. Alega que sufrió un accidente laboral consistente en una caída aparatosa de una moto, en el sector Puerto Sucre, de la ciudad de Cumana, estado Sucre, encontrándose en horario de servicio consecuencia de una colisión entre vehículos, por falta de implementos y equipos adecuados de seguridad adaptados a las características de sus labores como funcionario, y que por la violencia del golpe, en ese momento perdió la vista y le comenzó a doler la cabeza. Expreso que por el accidente automovilístico de tipo arrollamiento, se evidenciaron lesiones severas, en especial sobre el hombro derecho, es decir su vida cambio radicalmente, debido a que entro a trabajar en dicha institución policial, estando sano de cuerpo y espíritu, tal como se evidencia en los exámenes de empleo, egresando enfermo y discapacitado. Continuó expresando que después de su accidente, la institución a la cual perteneció no respeta las normas de seguridad mínimas, de trato digno y humano de los trabajadores, debido a que no le han ofrecido ningún tipo de ayuda en la solución de su legítima pretensión de cobrar la indemnización correspondiente. Alego que en virtud de que la Institución Policial a la cual estuvo adscrito, nunca notifico el accidente antedicho a la instancia competente de conocer el mismo y sus consecuencias, procedió a formular la denuncia ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad Laborales (INPSASEL), y que esa instancia inicio el procedimiento administrativo de rigor, a los fines de que se hiciera un reconocimiento físico a su persona, como trabajador y a su puesto habitual de trabajo, y que se levanto el expediente técnico donde constan las resultas de la investigación del accidente de trabajo ocupacional sufrido, el cual reposa en los archivos de la coordinación estadal de inspecciones de la dirección del Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad laborales (INPSASEL), con sede en el estado Anzoátegui. Expreso que es evidente su intención de querer cumplir con la vía administrativa y buscar un medio de conciliación con los representantes de la institución demandada, a los fines de promover un dialogo que llevara al reconocimiento voluntario por parte de la institución de cancelar la indemnización solicitada. Continuo expresando que el representante de la citada Institución Policial, niega la deuda producto de la indemnización solicitada, colocándose en desacato a lo contenido en el informe pericial emitido por el Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad laborales (INPSASEL). Solicitó que el Instituto Autónomo de la Policía del estado Sucre le pague por Indemnización con motivo de accidente de trabajo, la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 577.897,02), equivalente a CINCO MIL CUATROCIENTOS UNIDADES TRIBUTARIAS (5.400 U.T), correspondiente al accidente laboral y por daño moral, igualmente solicitó la indexación judicial o corrección monetaria, mediante experticia complementaria del fallo. DE LA COMPETENCIA En primer lugar, este Juzgado pasa a emitir pronunciamiento respecto de su competencia para conocer de la presente demanda de Contenido Patrimonial, cuya cuantía está estimada en la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 577.897,02), con base a los siguientes términos: En este orden de ideas, conviene traer a colación lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo que establece: “Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. 2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. Como puede deducirse en los numerales 1 y 2 de la norma transcrita ut supra, los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, así como la que intenten la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual alguna de las personas políticos territoriales (República, Estados o Municipios) ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no es superior a Treinta Mil Unidades Tributarias (30.000 U.T), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. Dentro de ese marco, resulta claro que compete a los Juzgado Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo el conocimiento de las demandas que se interpongan la República o cualquier órgano u organismo público, así como entes o empresas públicas de la República, Estados o Municipios, siempre y cuando su cuantía esté comprendida entre las indicadas en el artículo in comento. Así las cosas, se evidencia que la demanda fue interpuesta por el Abogado Edgard Balza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 115.790, apoderado Judicial del ciudadano Conrado Alfonso Morey, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.644.580, contra el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre, resultando así cubierto el primer requisito establecido. Así se declara.- En este mismo orden, siendo que la cuantía de la presente demanda, asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 577.897,02), y por cuanto la Unidad Tributaria para la fecha de la interposición de la demanda tiene un valor nominal de ciento siete bolívares sin céntimos (Bs. 107,00), según se desprende de la Gaceta Oficial No. 40.106, de fecha 06 de febrero de 2013, de lo que equivale a CINCO MIL CUATROCIENTOS UNIDADES TRIBUTARIAS (5.400 U.T), por lo que la referida demanda cumple con los requisitos relativos a la cuantía, pues se encuentra subsumida entre las unidades tributarias establecidas. Asimismo observa este Tribunal que su conocimiento no esta atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad, por lo tanto, se cumple con el tercer requisito. Por las consideraciones anteriormente descritas considera este Tribunal que el conocimiento de la presente demanda no se encuentra legalmente atribuido de manera expresa a otro Tribunal, razón por la cual no cabe duda para este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por ejercer su competencia territorial en el estado Sucre, según Resolución Nº 2011-0011 de fecha 13 de abril de 2011, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, no cabe duda para este Juzgado que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por ejercer su competencia territorial en el estado Sucre, razón por la cual declara su competencia. Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal ordena sanear la demanda a los fines de que sea reformulada en el siguiente particular: 1.- Modificar el libelo de la demanda, en virtud de que la misma resulta ambiguo o confuso. DECISIÓN Por las razones expuestas, este el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la presente demanda. SEGUNDO: SANEAR, la presente demanda contentiva de Contenido Patrimonial, interpuesta por el Abogado Edgard Balza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 115.790, apoderado Judicial del ciudadano Conrado Alfonso Morey, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.644.580, contra el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en Cumaná, a los siete (7) días del mes de octubre del Dos Mil Trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. La Jueza Provisoria, Silvia Julia Victoria Espinoza Salazar La Secretaria, Rosa Elena Quintero En esta misma fecha siendo las 10:15 a.m., se registró y publicó la anterior decisión. Conste. La Secretaria, Rosa Elena Quintero Exp RP41-G-2013-000051 SJVES/rq/AH L.S. Jueza (fdo) Silvia J Espinoza Salazar. La Secretaria (fdo) Rosa Elena Quintero D., Publicada en su fecha 07 de octubre de 2013 a las 10:15 a.m. La Secretaria (fdo) Rosa Elena Quintero D., La suscrita Secretaria del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Cumaná, a los siete (07) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013) Años 203° y 154°.