REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Cumaná
Cumaná, 11 de Octubre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2013-006057
ASUNTO : RP01-P-2013-006057


SOBRESEIMIENTO
E IMPOSICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Analizadas como han sido las actas procesales que conforman la presente causa seguida a los ciudadanos WILFREN ENRIQUE PINTO PINTO, venezolano, de 18 años de edad, nacido en fecha 15-09-1.994, titular de la cédula de Identidad N° V-25.528.310, de oficio obrero, hijo de los ciudadanos Ester Coromoto Pinto, desconoce padre, residenciado en la Urbanización Bebedero, vereda Nº 62, , casa Nº 07, Cumaná. y ENZO ORLEANIS GONZALEZ SALAZAR, venezolano, de 26 años de edad, nacido en fecha 19-11-1.986, titular de la cédula de Identidad N° V-19.082.432, de oficio buhonero, hijo de los ciudadanos Roselia Salazar y de Eleazar González, residenciado en la Urbanización Bebedero, vereda Nº 63, , casa Nº 09, Cumaná, Estado Sucre, teléfonos 04248263131, por la presunta comisión del delito de POSESIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado e el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD; este Tribunal observa:

Cursa a los folios 41 al 50 de la causa, solicitud de sobreseimiento suscrita por los abogados César Guzmán, Adriana Torres y Simón Malavé, actuando con el carácter de fiscal provisorio y fiscales auxiliares respectivamente de la Fiscalía 11° del Ministerio Público con competencia en materia de drogas, a favor de los ciudadanos WILFREN ENRIQUE PINTO PINTO y ENZO ORLEANIS GONZALEZ SALAZAR,, a quiénes esa representación fiscal imputo en audiencia de presentación de detenidos la presunta comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD; observando esta Juzgadora que la Ley Orgánica de Drogas, establece que es de capital importancia afirmar que el procedimiento para el caso de consumo no es un procedimiento penal en el sentido que el consumidor no es un delincuente, es considerado por la ley venezolana como un enfermo de a pie, que está en estado o situación de peligro y es sometido a este procedimiento por un fiscal del Ministerio Público y un juez de la jurisdicción penal, en función del deber de protección de la tutela que tienen estos funcionarios de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos; motivo por el cual solicita el Ministerio Público el sobreseimiento de la causa de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica de Drogas, solicita a este Tribunal se imponga a los imputados del deber de comparecer ante una institución pública o centro de desintoxicación, tratamiento, rehabilitación y readaptación social hasta que se practiquen los exámenes médicos psiquiátricos, psicológicos y sociales al consumidor para lo cual sugiere esa representación fiscal, que se realice una audiencia para imponer de la obligación a los imputados y aperturar el procedimiento de medidas de seguridad.

De las actas procesales que conforman la presente causa, estima este Tribunal que el fiscal del Ministerio Público sustentó la solicitud de sobreseimiento de la causa, en que el hecho investigado resultó no ser típico por cuanto los imputados son consumidores de a pie, lo cual considera este tribunal ajustado al verificar al folio 39 y su vto. de la causa el resultado de la experticia toxicológica in vivo Nro 9700-263-T-0583-13, practicada a los imputados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, así como del resultado de la experticia química Nro 9700-162-T-00582-13, cursante el folio 40, en la que se indica que se trata de SEIS GRAMOS CON NOVECIENTOS TREINTA (6g CON 930 mg) DE CANNABIS SATIVA (MARIHUANA) y QUINIENTOS VEINTICINCO MILIGRAMOS (525 mg) DE CANNABIS SATIVA (MARIHUANA); resultados que corroboran y acreditan que efectivamente e los imputados de autos son consumidores de la sustancia que le fue incautado, lo cual lo sustrae de la aplicación de la Ley Penal de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 130 y 141 de la Ley Orgánica de Drogas.

De igual manera el texto Constitucional consagra el principio de legalidad en el artículo 49 numeral 6° el cual dispone: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes penales preexistentes”, tal principio Constitucional es desarrollado en nuestro Código Penal en su artículo 1 que dispone: “Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente …” . Es así que el carácter penal de un hecho está expresamente atribuido por una norma legal, de allí que el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, en su obra “Derecho Penal Venezolano” bajo una noción formal, define el delito como “… el hecho previsto expresamente como punible por la ley … esto es, como el hecho que la ley prohíbe con la amenaza de una pena”.- Ha de acotarse además, que con tales disposiciones, se pretende la protección de intereses fundamentales de la sociedad, que garantizan el equilibrio social que se ve afectado o en riesgo ante el hecho humano, contrario a sus reglas o valores colectivamente acordados, y que se pretenden salvaguardar.-

De allí que, dentro del catalogo de tipos penales contenidos en la Ley Orgánica de Drogas, regula específicamente lo referente a tenencia ilícita de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas, lo cual, si es con fines distintos a las actividades lícitas allí previstas, establece el procedimientito especial a aplicar en el capitulo I, artículo 130 y siguientes (140) de ese cuerpo normativo, por lo que estos sujetos quedaran sometidos a Medidas de Seguridad Social y en el que encontramos a la figura de los consumidores, condición que al concurrir con los supuestos ya antes detallados, elimina el carácter punible al hecho, lo que conduce concluir que no se penaliza tal posesión si está sujeta a consumo, según cada caso y claro está, supeditada desde luego, a la cantidad de sustancia incautada, según su especie, por lo que en atención a la particular información que arrojan los autos, este Tribunal estima procedente la solicitud fiscal de Sobreseimiento y la sujeción obligatoria por parte de los ciudadanos WILFREN ENRIQUE PINTO PINTO y ENZO ORLEANIS GONZALEZ SALAZAR, a un Centro de rehabilitación en materia de drogas, en este caso, temporalmente ante la Unidad de Tratamiento y Atención al Fármaco Dependiente (UTAF), hasta tanto se le practiquen los exámenes médicos, psiquiátricas, psicológicos y sociales, cuyas resultas deberán ser entregadas al Ministerio Público para la presentación ante este Tribunal del informe conforme al cual se decidirá sobre la Medida de Seguridad aplicable, debiendo ser acordado todo ello en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.-


DECISION
Por las razones antes expuestas es por lo que este Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud planteada por el Ministerio Publico y en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 300 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA iniciada en contra de los ciudadanos WILFREN ENRIQUE PINTO PINTO, venezolano, de 18 años de edad, nacido en fecha 15-09-1.994, titular de la cédula de Identidad N° V-25.528.310, de oficio obrero, hijo de los ciudadanos Ester Coromoto Pinto, desconoce padre, residenciado en la Urbanización Bebedero, vereda Nº 62, , casa Nº 07, Cumaná. y ENZO ORLEANIS GONZALEZ SALAZAR, venezolano, de 26 años de edad, nacido en fecha 19-11-1.986, titular de la cédula de Identidad N° V-19.082.432, de oficio buhonero, hijo de los ciudadanos Roselia Salazar y de Eleazar González, residenciado en la Urbanización Bebedero, vereda Nº 63, , casa Nº 09, Cumaná, Estado Sucre, teléfonos 04248263131, a quienes se les inicio causa por la presunta comisión del delito de POSESIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado e el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD. SEGUNDO: En atención a las resultas del examen toxicológico practicado a los ciudadanos WILFREN ENRIQUE PINTO PINTO y ENZO ORLEANIS GONZALEZ SALAZAR, que arrojó resultado positivo para la sustancia incautada, infiriéndose de ello fundadamente su condición de consumidor, por lo que conforme las previsiones del artículo 130 de la Ley Orgánica de Drogas y la sujeción obligatoria por parte de dichos ciudadanos ante un centro de rehabilitación en materia de drogas, en este caso, temporalmente ante la Unidad Técnica de Atención al Fármaco Dependiente (UTAF), hasta tanto se le practiquen los exámenes médicos, psiquiátricas, psicológicos y sociales, cuyas resultas deberán ser entregadas al Ministerio Público para la presentación ante este Tribunal del informe conforme al cual se decidirá sobre la Medida de Seguridad aplicable.- TERCERO: A los efectos de imponer a los ciudadanos WILFREN ENRIQUE PINTO PINTO y ENZO ORLEANIS GONZALEZ SALAZAR de lo ordenado en el particular Segundo de esta dispositiva, se acuerda convocar Audiencia Oral de imposición, la cual ya esta pautada para el día 24-10-2013 a las 11:30 a.m. Notifíquese a las partes de la decisión dictada por este Tribunal.- Cúmplase.
LA JUEZ CUARTO DE CONTROL

ABG. ROSSIFLOR BLANCO.

LA SECRETARIA.

ABG. BELKIS MARTINEZ.