REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Cumaná- Estado Sucre Cumaná, Trece (13) de Mayo de dos mil trece 203º y 154º ASUNTO: RH31-X-2013-000015 SENTENCIA Vista la demanda presentada por el ciudadano el ciudadano Joaquín Márquez Muñoz, abogado inscrito en el inpreabogado bajo el N° 68.605, actuando en este acto en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Oswaldo Luís Carrasco, Nohel Antonio Jiménez Rubén Briceño y Juan Cadena Zuñiga, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-3.874.998, V-5.696.210, V-10.150.482 y V-12.657.915, respectivamente, solicitando medida de prohibición de enajenar y gravar de Bienes Inmuebles pertenecientes al grupo económico integrado las Sociedades Mercantil Complejo Metalúrgico de Cumaná Sociedad Anónima (COMMETASA), Corimon Internacional Holdings Limited, Metalinvest, C.A, Achabal, C.A y el ciudadano David Antonio Tomasello Lorenzo, ; corresponde entonces a este juzgador pronunciarse al respecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo tenor se transcribe de seguidas: “A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, Mediación y Ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama.” Así mismo el articulo El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil indica que son tres las condiciones que exige la ley para la procedencia de la medida preventiva de embargo, prohibición de enajenar y gravar y el secuestro de bienes muebles, que son: a) la existencia de un juicio b) el fumus boni iuris y c) fumus periculum in mora. En relación al primer punto, la ley exige que exista un juicio pendiente (pendente litis) para la procedencia de la medida preventiva. En cuanto a la segunda condición, el fumus bonis iuris, (presunción grave del derecho que se reclama), radica en la necesidad de que se pueda presumir que el contenido de la sentencia se reconocerá, o lo que es lo mismo, que la garantía de la medida precautelar cumplirá su función asegurando el resultado de la ejecución forzosa. Y en relación con la tercera condición del periculum in mora (el peligro en la mora) que se manifiesta cuando exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba, que constituya presunción grave del derecho que se reclama. El peligro en la mora tiene dos causas: Una constante y notoria que no necesita ser probada, que consiste en la tardanza en el resultado del proceso; y la otra que es, los hechos del demandado durante el proceso, por lo cual puede burlar o desmejorar la eficacia de la sentencia. Sentencia de la Sala de Casación Civil del 31-07-2001 Exp. 00367-00486 En este sentido, cuando se alude el decreto de las medidas preventivas como una necesidad jurídico procesal de la parte que tiene el fundado temor de que el derecho que se auto atribuye con suficiente verosimilitud, pueda ser burlado por una determinada situación fáctica que en definitiva haga imposible la satisfacción del crédito que eventualmente le sería reconocido. Es decir, que no es suficiente que el derecho reclamado sea presentado prima facie con una cierta luz de verosimilitud, sino que es menester tener el fundado temor de la infructuosidad del fallo; misma que depende de diversas circunstancias objetivas claramente susceptibles de apreciación, vale decir: a) el arraigo de la demandada a la localidad a cuya jurisdicción está sometida, b) la solvencia económica de que goce la demandada, y c) la actitud de mantenimiento o dilapidación que de esa solvencia económica haga la demandada; inter alia. Es por ello ostensible la necesidad de considerar que la sociedades demandadas, es una empresa que ha sido reconocida por su solvencia económica y que pudiese estar sometida a un proceso de venta y/o expropiatorio por parte del estado venezolano y de conformidad a las distintas opiniones emitidas por el Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela los órganos jurisdiccionales se deben abstener de decretar medidas sobre los bienes sometidos a este proceso, así la parte demandada no consignó pruebas que puedan hacer presumir que, en caso de reconocerse judicialmente la certeza del derecho reclamado, su efectivo cumplimento o ejecución se haga ilusoria. En consecuencia, se considera que no se encuentran llenos los extremos de Ley para el decreto de la cautela solicitada, al no existir temor fundado de la infructuosidad del fallo; se niega la medida preventiva solicitada por la parte demandante. Y ASÍ SE DECIDE. PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del estado Sucre. En Cumana a los trece (13) días del mes de Mayo del año dos mil trece (2013) AÑOS: 203º y 154° La Juez. Abg. ALBELU N. VILLARROEL La Secretaria (o).