JUZGADO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.- Cumana, 05 de marzo del año 2013 202º y 154º Exp. RP41-G-2012-000091 En fecha 15 de agosto de 2012, el ciudadano Joel José Jiménez Cortesía, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 16.816.567, asistido por los Abogados Francisco Sánchez y Fernando Serrano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 79.151 y 101.851, respectivamente, interpuso por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de Circuito Judicial de este Juzgado, Querella Funcionarial contra el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre. En fecha 17 de septiembre de 2012, este Órgano Jurisdiccional le dio entrada. En fecha 19 de noviembre de 2012, el abogado Freddy Molina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 66.169, apoderado judicial del Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre, consignó escrito de cuestiones previas. En fecha 03 de diciembre de 2012, el ciudadano Joel José Jiménez Cortesía, antes identificado, interpuso diligencia mediante la cual consignó poder notariado de sus apoderados judiciales, los abogados Francisco Sánchez y Fernando Serrano, antes identificados. En fecha 05 de diciembre de 2012, este Juzgado dictó auto mediante el cual advirtió que a partir de la presente fecha se entiende abierta la articulación probatoria de ocho (08) días de despacho para promover y evacuar pruebas en la cuestión previa planteada. En fecha 28 de enero de 2013, el abogado Freddy Molina, antes identificado, presentó escrito de promoción, siendo admitido en esta misma fecha. Ahora bien, estando en la oportunidad de decidir, se pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes: Expone el accionante: Que el querellante obvió dejar sentado en su demanda funcionarial, que se encontraba detenido en las instalaciones de la policía del estado Sucre, desde el 14 de julio de 2010, imputado en grado de Cooperador inmediato o facilitador por el delito de Triple Homicidio, y para el momento de interponer la querella se encontraba en calidad de detenido a orden del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Sucre, extensión Carúpano. Continuó expresando que el querellantes no esta correctamente representado en el presente juicio y que los abogados Francisco Sánchez y Fernando Serrano, antes identificados, pretenden asumir la representación sin poder del accionante. Que promueve la cuestión previa contenida en el numeral 3 del articulo 346 del Código de procedimiento Civil, es decir, la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado de la parte actora. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, ante tal argumento realizado por parte de la parte demandada referente a la cuestión previa este Tribunal, para decidir, observa: Por escrito de fecha 19 de noviembre de 2012, la representación judicial de la parte demandada, promovió escrito de cuestión previa, específicamente la del ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la ilegitimidad de la persona que se presenta como representante de la parte actora, por no tener la representación que se atribuye, y en razón de que los abogados del demandante al momento de interponer la demanda no estaban facultados. De lo anterior, se puede evidenciar que la parte demandada apoya su argumento sobre el artículo 346.3 del Código de Procedimiento Civil, expresando que los Abogados Francisco Sánchez y Fernando Serrano, carecen de la capacidad necesaria para comparecer en juicio en representación del ciudadano Joel José Jiménez Cortesía, por lo que pasa el Tribunal a desarrollar el contenido de la norma en referencia a los fines de determinar la aplicabilidad o no de la misma, respecto de la cuestión previa opuesta: “Artículo 346: Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas: (…) 3° La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.” Pues bien, la referida norma contiene los supuestos de hecho que permiten a la parte demandada, llegada la oportunidad fijada para contestar, promover la cuestión previa sobre la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, ya sea por i) no tener la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio; ii) por no tener la representación que se atribuya; iii) por no estar el poder otorgado en forma legal o iv) porque el mismo sea insuficiente, ya que a los fines de desarrollar el itinerario procesal del juicio, esto es, intentar acciones judiciales, suscribir diligencias, escritos o llevar a cabo el ejercicio de algún recurso (conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y la Ley de Abogados), se requiere la asistencia de quien posea la capacidad técnica jurídica, es decir, la de un abogado de la República que con aptitudes para ello, sea quien actúe en el expediente, bien como apoderado o asistente de la parte material. El problema surge cuando quien se presente atribuyéndose tal carácter (apoderado judicial), no posee la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio por carecer de esa representación, es decir, cuando a éste no se le haya conferido poder o mandato judicial para presentarse en juicio en nombre de otro. Al respecto ya se ha pronunciado la Sala de Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 0075, de fecha (23) de Enero de 2003, mediante la cual se dejó sentado el siguiente criterio: “…Ahora bien, entiende esta Sala, con base en los argumentos aportados por la demandada, que lo cuestionado por su representación judicial no es la capacidad de los abogados para obrar en juicio, ya que este supuesto está referido a la capacidad de postulación, al ius postulandi, vale decir, a la capacidad técnica que tienen los profesionales del derecho para gestionar y realizar actos procesales eficaces jurídicamente. Lo controvertido por la demandada en forma indirecta, es la capacidad para obrar en juicio de la parte actora, legitimatio ad processum, aquella que corresponde a la facultad o medida de la aptitud que tienen las personas para contraer y tener derechos y obligaciones, en el caso sub júdice su capacidad para otorgar poderes, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto expresa: “Artículo 136.- Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley.” En razón de lo expuesto este Juzgado, teniendo en cuenta que los Jueces deben tener por norte de sus actos la verdad, la cual procurarán conocer en los límites de su oficio y que igualmente deben atenerse y fundar sus decisiones en las normas de derecho, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; estima que no debe emitir pronunciamiento respecto de la alegada incapacidad del actor, contenida en el ordinal 2º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, al no haber sido opuesta dicha cuestión previa por la representación judicial de la parte demandada, pues de lo contrario estaría supliendo este Jugado la referida omisión de la demanda. Así se declara. No obstante, este Juzgado observa que la cuestión previa opuesta por la representación judicial de la demandada, está fundamentada en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la cual pasa a resolver conforme al principio de exhaustividad. En cuanto a lo establecido en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener la representación que se atribuya; se refiere al caso en que se presente en juicio un abogado y pretenda ejercer la representación de la accionante sin mandato o poder, salvo las excepciones de representación legal o representaciones concedidas por la ley, como por ejemplo los supuestos contenidos en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil. De lo anterior, queda claro que la norma en referencia (ex – artículo 346.3), está dirigido a la posible incapacidad que pueda padecer quien se postule como apoderado o representante judicial del actor, por no poseer mandato o poder judicial que le atribuya tal carácter y no a la ilegitimidad o incapacidad de representación que pueda tener quien se presente como representante de la propia parte material del juicio como lo prevé el artículo 346.2 de la ley civil adjetiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte demandada promovió la cuestión previa de la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante del actor por no tener la representación que se atribuye, alegando que los Abogados Francisco Sánchez y Fernando Serrano, no poseen el carácter de representante de del ciudadano Joel José Jiménez Cortesía, arriba el Tribunal a la conclusión de que la cuestión previa promovida debe ser Desechada, ya que el caso que se plantea se puede evidenciar que riela en los folios 53 y siguientes, poder notarido otorgado por el ciudadano Joel José Jiménez Cortesía a los abogados Francisco Sánchez y Fernando Serrano, además de los hechos alegados no no guardan relación con el supuesto de hecho que contiene la referida norma, pues ésta apunta a la cualidad de apoderado judicial que invoque quien se presente con tal carácter a pesar de no poseer mandato o poder judicial y no a la ilegitimidad de representación que pueda tener quien se presente en nombre de la propia parte material del juicio, tal como fue enfocado por la parte demandada y así se decide. DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESECHA, la cuestión previa interpuesta por el abogado Freddy Molina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 66.169, apoderado judicial del Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en Cumaná, a los cinco (05) días del mes de Marzo del Dos Mil Trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación. La Jueza Provisoria, Silvia Julia Victoria Espinoza Salazar La Secretaria, Yailenys Descree Acosta Núñez En esta misma fecha siendo las 11:50 a.m., se registró y publicó la anterior decisión. Conste. La Secretaria, Yailenys Descree Acosta Núñez SJVES/YA/af Exp RP41-G-2012-000091 L.S. Jueza (fdo) Silvia J Espinoza Salazar. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. Publicada en su fecha 05 de marzo de 2013 a las 11:50 a.m. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. La suscrita Secretaria del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Cumaná, a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013) Años 202° y 153°.