EL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE Cumaná, doce (12 ) de marzo de dos mil trece (2013) 202º y 154º En fecha 30 de Junio de 2010 la ciudadana María del Valle Vásquez Farias, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 5.883.473, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.829, procediendo en su propio nombre y representación interpuso por ante el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental Querella Funcionarial, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En fecha veintidós (22) de julio de 2010 ese Tribunal admitió la causa y ordenó emplazar al ciudadano Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Sucre, y además se ordenó la notificación del ciudadano Procurador General de la República. En fecha veintiocho (28) de abril del 2011, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental remitió a este Tribunal mediante oficio Nº 00-89 el expediente signado con el Nº BP02-N-2010-000321 (nomenclatura interna de ese tribunal). En fecha diez (10) de enero de 2012 se le dio entrada y se anotaron las anotaciones estadísticas correspondientes, así como también en el Libro de entrada de causas. En fecha diecisiete (17) de enero de 2012 este Juzgado declaró la nulidad de la citación y notificación ordenadas y ordenó la citación del ciudadano Procurador General de la República y la notificación de los ciudadanos Director Ejecutivo de la Magistratura, del Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Sucre y de la ciudadana demandante, así como también se le solicitó al Director Ejecutivo de la Magistratura la remisión del expediente Administrativo correspondiente. Del Escrito de la Demanda Que en fecha 17 de julio de 2000, comenzó a prestar sus servicios para el Poder Judicial en el Circuito Judicial Penal del estado Sucre, extensión Carúpano, según como consta en la designación signada con el Nº. GR4-11685, de fecha 10 de julio de 2000, en virtud del Concurso de Credenciales realizadazo por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. Expresó que en todo momento que ejerció las funciones inherentes a su cargo cumplió fiel y cabalmente con sus obligaciones, sin ningún reproche, reilaciones o sanciones de alguna especie. Alegó que de manera intempestiva el día 13 de abril de 2010, el Presidente encargado del Circuito Judicial Penal del estado Sucre, produjo un Acto Administrativo en el cual se le remueve del cargo a partir de esa misma fecha y en consecuencia se le retira del Poder Judicial, sobre la base de la presunta condición de “funcionario de libre nombramiento y remoción”. Que fue notificada de la mencionada Resolución el día 13 de abril de 2010, sin que mediara razón alguna que lo justificara legalmente (Subrayado y negrita del Querellante), ha sido retirada del poder judicial y por lo tanto impedida de continuar ejerciendo sus labores como secretaria adscrita al pool de secretarios del Circuito Judicial Penal del estado Sucre. Finalmente, solicitó que se declare la nulidad absoluta del Acto Administrativo Nº. 007-2010, emanada del Presidente encargado del Circuito Judicial del estado Sucre, el día 13 de abril de 2010. De la Contestación de la Demanda Por su parte la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, parte demandada, alegó: Negó, rechazó y contradijo el alegato relativo a la supuesta incompetencia del entonces Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Sucre, quien ostenta potestad discrecional de remover y retirar a los secretarios y alguaciles adscritos al mencionado Circuito Judicial en virtud de la naturaleza de libre nombramiento y remoción que caracteriza dichos cargos. Negó, rechazó y contradijo que el acto administrativo impugnado se encuentre viciado por falso supuesto de derecho, toda vez que el entonces Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Sucre, fundamentó el acto de remoción y retiro de la querellante en la potestad que el ordenamiento jurídico le otorga a través del articulo 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el articulo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, para remover y retirar a los secretarios. Alegó que el vicio denunciado, se manifiesta cuando la Administración Publica encuadra los hechos en una norma jurídica que no corresponde o la interpreta de forma errónea. Expresó que cabe precisar que si bien el Acto Administrativo recurrido aludió a una “reestructuración del pool de secretarios del Circuito Judicial Penal del estado Sucre”, que dicha afirmación constituye un error material en el que incurrió la Administración al transcribir el acto impugnado, puesto que su texto se colige que su fundamento es la naturaleza de confianza, y por lo tanto de libre nombramiento y remoción del cargo que ostentaba la querellante, por lo que solicita que el argumento sostenido por la recurrente sea desechado. Finalmente, solicita que se declare sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial. De la Audiencia Preliminar En fecha tres (03) de diciembre de 2012, se efectuó la audiencia preliminar, ala cual no comparecieron ninguna de ambas partes, y se fijo la Audiencia Definitiva para el cuarto día de despacho siguiente a las 10:30 am. De la audiencia Definitiva En fecha quince (15) de enero del 2013 se celebró la audiencia definitiva, a la cual compareció únicamente la parte demandada y se difirió el dispositivo del fallo para el quinto día de despacho siguiente a las 10:30am. El Tribunal en su oportunidad declaró Sin Lugar la presente querella funcionarial intentada por la ciudadana MARÍA VASQUEZ, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Estando la presente causa en estado de dictar sentencia, pasa esta Juzgadora a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, previa las siguientes consideraciones: DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier pronunciamiento procede este Órgano Jurisdiccional a verificar su competencia para conocer de la presente querella funcionarial y, en tal sentido observa que el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, le atribuye la competencia, en primera instancia, para conocer y decidir de todas las controversias derivadas de relaciones de empleo público a los Juzgados competente en materia contencioso administrativo funcionarial, Juzgados éstos, evidentemente con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde fue dictado el acto o donde funcione el ente u órgano de la Administración Pública que dio lugar al litigio. Asimismo, se verifica que el artículo 25.6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, le atribuye la competencia en primera instancia a los Tribunales Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo (Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo) para conocer de los conflictos concernientes a la función pública en idéntica forma como lo consagra la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, siendo que en la presente causa se ventilan pretensiones derivadas de una relación de empleo público suscitada dentro de la Circunscripción judicial del estado Sucre, entre el querellante y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura., este Órgano Jurisdiccional declara su COMPETENCIA para conocer en primera instancia de la querella interpuesta. Así se decide. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada como ha sido por este Juzgado, la competencia para conocer de la presente causa, procede a emitir su pronunciamiento respecto al asunto sometido a su consideración, y en tal sentido aprecia que: El presente caso se circunscribe a la solicitud de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 007-2010 de fecha 13 de abril de 2010, emanada del Juez Presidente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, mediante la cual resolvió remover y retirar a la ciudadana María del Valle Vásquez del cargo de “Secretaria” adscrito al Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con Sede en la Ciudad de Carúpano. Ello así, este Tribunal observa que la representación judicial, de la ciudadana María del Valle Vásquez, argumentó como vicios de nulidad de acto administrativo impugnado, el falso supuesto de derecho y el vicio de incompetencia de quien dictó el acto. En este sentido, es importante destacar que la naturaleza del cargo de Secretario, adscrito a las Dependencias Judiciales son de confianza, en virtud de las funciones que le están encomendadas, las cuales revisten un alto grado de confidencialidad al tener acceso a información privilegiada contenida en los expedientes, incluso limitado a las partes del proceso; así mismo, al acceso que tiene a las áreas restringidas en los Juzgados tanto Unipersonales, así como en los Circuitos Judiciales, vedadas para los demás funcionarios judiciales y en virtud de la funciones que desempeñan son considerados de libre nombramiento y remoción. De igual forma, ha sido Jurisprudencia reiterada y pacífica de los Tribunales, y del Máximo Tribunal del país, de considerar el cargo de secretario, de libre nombramiento y remoción del Juez o Jueza, confirmado por la naturaleza de las funciones que desempeñan, siendo tales funciones de confianza, no constituyendo la remoción sanción disciplinaria, razón por la cual no se encuentra sometido a un procedimiento administrativo disciplinario, en consecuencia el acto administrativo recurrible no se encuentra viciado del falso supuesto de derecho y así se decide.- Respecto a la incompetencia como vicio de nulidad absoluta del acto administrativo, observa este Tribunal que ha sostenido la Sala Política Administrativa que ésta se produce cuando el funcionario actúa sin el respaldo de una disposición expresa que lo autoriza para ello, o bien, cuando aún teniendo el órgano la competencia expresa para actuar, el funcionario encargado de ejercer esa competencia es un funcionario de hecho. En efecto, este Alto Tribunal ha establecido lo siguiente: “La competencia administrativa ha sido definida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo; es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. De allí que la competencia esté caracterizada por ser: a) expresa: porque ella debe estar explícitamente prevista en la Constitución o las leyes y demás actos normativos, por lo que, la competencia no se presume; y b) Improrrogable o indelegable: lo que quiere decir que el órgano que tiene atribuida la competencia no puede disponer de ella, sino que debe limitarse a su ejercicio, en los términos establecidos en la norma, y debe ser realizada directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación, previstos en la Ley” (Sentencia N° 161 del 3 de marzo de 2004). En este sentido, la doctrina ha distinguido básicamente tres formas de incompetencia, y éstas son: 1) la usurpación de autoridad que ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública; 2) la usurpación de funciones, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, violentando de ese modo el principio de separación de poderes según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, así como el principio de legalidad por el cual sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen, conforme los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 3) la extralimitación de funciones, que consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa (Vid. entre otras sentencia N° 539 del 1° de junio de 2004). Determinado lo anterior, pasa el Tribunal a analizar el vicio de incompetencia alegado, a la luz de los criterios arriba indicados, y en tal sentido observa lo siguiente: Que el acto administrativo de remoción y retiro fue dictado por el Dr. Julián Gregorio Hurtado Lozano, Juez Presidente del Circuito Judicial Penal de estado Sucre, quien es la autoridad competente para remover los secretarios suscritos al prenombrado Circuito, por tanto no se configura el referido vicio alegado. Y así decide. En consecuencia, en virtud de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal declara sin lugar la presente querella. Así se decide. DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la presente querella funcionarial. SEGUNDO: SIN LUGAR, la Querella interpuesta por la ciudadana María del Valle Vásquez Farias, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 5.883.473, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.829, procediendo en su propio nombre y representación, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en Cumaná, a los doce (12) días del mes de marzo del Dos Mil Trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación. La Jueza Provisoria, Silvia Julia Victoria Espinoza Salazar La Secretaria, Yailenys Descree Acosta Núñez En esta misma fecha siendo las 10:12 a.m., se registró y publicó la anterior decisión. Conste. La Secretaria, Yailenys Descree Acosta Núñez SJVES/YA/rq Exp RE41-G-2010-000035 L.S. Jueza (fdo) Silvia J Espinoza Salazar. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. Publicada en su fecha 12 de marzo de 2012 a las 10:12 a.m. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. La suscrita Secretaria del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Cumaná, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013) Años 202° y 153°.