REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo del Estado Sucre extensión Carúpano
Carúpano, once de marzo de dos mil trece
202º y 154º
SENTENCIA
ASUNTO : RP21-L-2010-000145
PARTE DEMANDANTE: HUMBERTO RAFAEL RODRIGUEZ CARABALLO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.224.766.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abog. JOSE ANGEL FARIÑAS, con Inpreabogado Nº 126.614
PARTE DEMANDADA: INSTITUTO UNIVERSITARIO JACINTO NAVARRO VALLENILLA (I.U.T)
APODERADO JUDICIALDE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
En fecha 21 de Mayo del 2010, es presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral la demanda incoada por el Procurador Especial de Trabajadores abogado JOSE ANGEL FARIÑAS, con Inpreabogado Nº 126.614, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano HUMBERTO RAFAEL RODRIGUEZ CARABALLO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.224.766, según se evidencia del Poder autenticado por ante la Notaría Pública del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, de fecha 25 de Marzo del 2010, anotado bajo el Nº 31, Tomo 22 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO JACINTO NAVARRO VALLENILLA; mediante auto de fecha 27 de Mayo del 2010 se da por recibida en este tribunal bajo el Nº RP21-L-2010-000145, anotándose en los libros de entrada y salida de causas; siendo admitida la demanda por el Tribunal en fecha 31 de Mayo del año 2010, se ordena la notificación a la demandada y al Procurador General de la Republica y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, exhortándose para la práctica de la misma a cualquier Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, mediante auto de fecha 20 de septiembre del 2012 se repone la causa y se admite nuevamente la demanda, se ordena la notificación a la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y al Procurador General de la República, medi9ante diligencia de fecha 13 de julio del 2011 la abogada Rosario González inscrita en el Inpreabogado Nº 79.935, actuando con el carácter de co-apoderada judicial de la parte actora solicita el avocamiento al conocimiento de la presente causa, y mediante auto del tribunal de fecha 18 de julio del 2011 quien suscribe se avoca al conocimiento de la presente causa, se ordena la notificación de la parte demandada y del Procurador General de la República del avocamiento y de la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, en fecha 06 de octubre del 2011 la parte actora diligencia solicitando se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, el tribunal mediante auto de fecha 10 de octubre del 2011 se abstiene de acordar lo solicitado por cuanto no constan todas las notificaciones de las partes. Revisadas las anteriores actuaciones procesales, este tribunal observa que la última actuación de la parte demandante fue realizada en fecha 06 de Octubre del 2011, mediante la diligencia suscrita por la abogada Rosario González, con el carácter acreditado en autos, solicitando se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia Preliminar. Ahora bien, en atención a la revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto y constatando que no ha sido ejecutado por la parte actora hasta la presente fecha ningún otro acto procesal que impulse la presente causa; este Tribunal aplicando el derecho y de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que establece:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.
De igual manera el Artículo 202 de La Ley eiusdem reza: “La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal, en concordancia con el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por analogía del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Del estudio de las normas antes precisadas, se deduce que el efecto de la institución de la perención es la extinción del proceso por inactividad de las partes, vale decir por la no realización de algún acto de procedimiento. Es una actitud omisiva o negativa de las partes, que debiendo
realizar los actos de procedimiento, no lo realizan; Así el destacado jurista RENGEL ROMBERG, cuando se refiere a esta institución señala que la perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y, finalmente, condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año. ( Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, pag. 373).
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbre los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica y estadía a derecho, así como los principios consagrados en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.
En consecuencia, revisado el presente asunto, observa este Tribunal que la última actuación procesal hecha por la parte actora es mediante la diligencia que data de fecha 06 de Octubre del 2011 la cual riela al folio 70 del expediente; habiendo transcurrido en demasía, MÁS DE UN (01) AÑO sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, tomando en consideración que si bien con la interposición de la demanda se establece una relación de derecho entre el actor y el tribunal, con ello todavía no se ha constituido una relación jurídica procesal entre las partes vale decir actor y demandado por una parte y por otra el Tribunal como órgano del Estado, relación que se verifica con la citación del demandado que pone a derecho a las partes; Por todo lo expuesto, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA. SEGUNDO: Se declara TERMINADO
el presente Proceso y se Ordena el ARCHIVO del Expediente, transcurridos cinco (05) días hábiles siguientes al de hoy. Y ASI SE DECIDE. Dada, Firmada, Sellada y Refrendada, a los once (11) días del mes de Marzo del año 2.013. Años 202º y 154º. Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada de la presente decisión. Cúmplase.-
EL JUEZ
Abog. OSCAR MARIN SANCHEZ
LA SECRETARIA
Abog. SARA GARCIA.
En esta misma fecha se dio cumplimiento con lo ordenado, se publica la presente decisión conste.-
LA SECRETARIA
Abog. SARA GARCIA
RP21-L-2010-000145
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