REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Cumaná Cumaná, 15 de marzo de 2013 202º y 154º ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2013-001157 ASUNTO : RP01-P-2013-001157 Visto escrito suscrito por la abogada LISBETH PEREZO FERNANDEZ en su carácter de abogado de la imputada SOL ELENA RAMOS RIVERO, en el cual expone y solicita medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de su defendida, así mismo informa que la referida imputada se encuentra en un estado de crisis emocional por lo que solicita que sea remitida a la medicatura forense, aunado a ello solicita en su escrito que de no acordar la medida cautelar sustitutiva de libertad sea recluida en la Comandancia de la Policía del Estado Sucre, con respecto a este particular para decidir hace las siguientes consideraciones: Ciertamente el artículo 250 Código Orgánico Procesal Penal, establece: “...El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces a que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses...”. Por lo que conforme a esta norma el imputado está facultado para solicitar las veces que lo considere conveniente la revisión de la medida de privación judicial, tal como lo ha formulado su defensor. Aclara esta Juzgadora que siempre será procedente solicitar la revisión, para la imposición de medidas menos gravosas, y el tribunal de oficio cada tres meses deberá revisar el mantenimiento de la medida de privación ó imponer una medida menos gravosa. Ahora bien, consagra el Artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal que: “...Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y que se le trate como tal, mientras no se establezca culpabilidad mediante sentencia firme” En tal sentido, establece el Artículo 236, que: “PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción. 2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia”. En tal sentido, cuando el legislador se refiere a los elementos de convicción se refiere a todos los elementos que sirven al Fiscal para formular su acusación, la cual en este caso, no está formulada; lo cual no hace desaparecer la posibilidad de obstaculización que ponga en peligro la investigación. Ahora bien, realizadas estas consideraciones debe esta juzgadora analizar las posibilidades de fuga de la acusada, considera quien decide, que teniendo en cuenta la entidad del delito, la pena a imponer en su límite máximo, existe peligro de fuga. Lo que hace improcedente la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, por lo que respetando el derecho que tiene la imputada a que se le presuma inocente, considera esta Juzgadora, que ninguna medida cautelar sustitutiva por sí sola, es suficiente para y garantizar la finalidad del proceso, y con ello la comparecencia personal a los actos procesales. En cuanto que la ciudadana sea trasladada hasta la comandancia de la Policía del estado este tribunal no lo acuerda visto que el centro de reclusión de las féminas es el internado judicial de Cumana, y con respecto que la imputada sea visto por el medico forense por presentar crisis la misma se acuerda por no ser contrario a derecho ya que el derecho a la vida y a la salud se le deben garantizar a todo ciudadano tal como lo establece la constitución Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, existiendo peligro de obstaculización, y de peligro de fuga, y facultada como se encuentra este Tribunal para revisar las Medidas Cautelares, considera quien decide, que es procedente en derecho NEGAR LA REVISIÓN LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Y ACUERDA MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, impuesta a la imputada SOL ELENA RAMOS RIVERO, a quien se le sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD, se mantiene la decisión de la audiencia oral donde se acordó que el centro de reclusión fuera el Internado judicial de Cumaná, y se acuerda el traslado de la imputada para el día 18-03-2013 a las 8:30 a fin de que sea trasladada a la medicatura forense, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los Artículos 236. Y ASÍ SE DECIDE.- Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Segundo Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Cumaná,, Administrando Justicia, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley ACUERDA: NEGAR LA REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD DECRETADA a la imputada SOL ELENA RAMOS RIVERO, a quien se le sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD, se mantiene la decisión de la audiencia oral donde se acordó que el centro de reclusión fuera el Internado judicial de Cumaná, y se acuerda el traslado de la imputada para el día 18-03-2013 a las 8:30 AM, a fín de que sea trasladada a la medicatura forense, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los Artículos 236 y 23 ejusdem, librese oficio a la medicatura forense y oficio ala Comandancia de Policía Municipal, notifíquese las partes y remítase las presentes actuaciones a la fiscalia Undécima del Ministerio Publico.- JUEZ SEGUNDO DE CONTROL ABOG. ANADELI LEON DE ESPARRAGOZA LA SECRETARIA ABOG. FRANCYS RIVERO