REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE EXTENSION CARUPANO TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO Carúpano, 13 de Febrero de 2013 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2011-001634 ASUNTO: RP11-P-2011-001634 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Por recibido escrito debidamente interpuesto por la Abg. Siolis Crespo en su carácter de Defensora Publica Penal del acusado AGUSTIN ADOLFO LUGO, en la cual solicita la revisión de la Privación Judicial Preventiva de libertad que pesa sobre sus representados, por una medida menos gravosa en aras de garantizar el debido proceso previsto en el articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, los artículos 01 y 250 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, así como los diversos pactos y convenios internacionales. Para sustentar su pedimento, invoca la defensa; que sus representados se encuentran privados de libertad desde el día 20-06-2011, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, y manifiesta que en varias ocasiones se ha diferido las audiencias de juicio oral por diversas motivos no imputables a su defendido. En virtud de la solicitud planteada, este Tribunal a los fines de determinar la procedencia o no de lo solicitado al respecto observa: Constituye uno de los principios del proceso penal, que la persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible, debe permanecer en libertad durante el referido proceso, ello se corresponde con el dispositivo contenido en el ordinal primero del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, la propia Constitución y la norma adjetiva penal han dispuesto excepciones a este principio general, exclusivamente con fines procesales y que facultan al Juez para imponer medidas de coerción personal, cuando en criterio del mismo concurran las circunstancias para ello, como ha sucedido en el presente caso, en el cual el Tribunal de Control de este mismo Circuito Penal, en audiencia de presentación de detenido de fecha 20 de Junio de 2011, considerando que se encontraban llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, (vigente para la fecha) impuso medida privativa de libertad al ciudadano AGUSTIN ADOLFO LUGO LEIVA, venezolano, natural de Chacuaracual de Río Caribe, de 21 años de edad, nacido en fecha 26-10-89, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad Nº 21.541.912, de profesión: funcionario IAPES, hijo de María Leiva y Agustino Nuñez; residenciado: Chacuaracual de Río Caribe, Calle Principal, al frente del mercal, Casa S/N, Municipio Arismendi del Estado Sucre; por la presunta comisión del delito Trafico Ilícito de sustancias Estupefacientes en la Modalidad de Ocultamiento previsto y sancionado en el artículo 149 segundo aparte, en concordancia con el art. 163.3 de la Ley Orgánica de Drogas, cuya revisión se solicita sea declarada. En virtud de ello este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que regulan el primero: el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal y el segundo: el examen judicial sobre la necesidad o no del mantenimiento de la privación de libertad acordada, pasa a realizarlo en la siguiente forma: Se ha constatado que desde la fecha de imposición de la medida de coerción personal, vale decir; 20 de Junio de 2011, hasta la presente fecha: han transcurrido un (01) años, siete (07) meses, y veinticuatro (24) días, con lo cual se evidencia que no se ha superado el lapso establecido por el legislador en el articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber dos años como máximo para la aplicación de las medidas de coerción personal, por lo que en modo alguno puede hablarse de retardo procesal injustificado en lo que ha correspondido tramitar a este ente de la jurisdicción. Conviene ahora examinar algunas otras circunstancias para determinar si efectivamente en el presente caso se justifica el tiempo por el cual el acusado, se encuentran privado de libertad y si resulta necesario mantener por otro lado la medida impuesta; y así apreciamos que: En el presente en este caso, concurren circunstancias que justifican la prolongación del proceso iniciado, a saber: se trata de una causa en la que se señala por el Ministerio Público como sujeto activo del hecho punible al acusado AGUSTIN ADOLFO LUGO LEIVA, por la presunta comisión del delito de Trafico Ilícito de sustancias Estupefacientes en la Modalidad de Ocultamiento previsto y sancionado en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, lo que constituye un delito por lo cual ante una eventual condenatoria resultaría aplicable una pena igual o superior a los ocho años de prisión que hace inferir la existencia de la presunción legislativa de peligro de fuga que contiene el parágrafo segundo del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal; y si bien es cierto la expectativa de sanción, no constituye una presunción de culpabilidad en contra del sujeto sometido al proceso penal; si representa una expresión del interés de justicia que busca la víctima y que lo hace suyo el Ministerio Público, sin que por ello pueda considerarse que esta etapa del proceso se haya destruido el principio de inocencia que asiste a los acusados, pues la misma se mantiene indemne en el proceso penal, hasta tanto se dicte una sentencia condenatoria en la cual se expresen los motivos con los cuales se quebranto tal presunción. Sobre la base de lo anteriormente señalado, se puede sostener que este principio de la presunción de inocencia, no implica necesariamente el juzgamiento en libertad del procesado, pues el mismo texto Constitucional concede ciertas limitaciones, desarrolladas en nuestro Código Orgánico Procesal Penal vigente que permite la posibilidad de decretar medidas cautelares personales restrictiva de libertad, sin que ello constituya presumir la culpabilidad del imputado, ya que tales medidas sirven para garantizar las resultas del proceso penal, siempre que las mismas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Debe también señalarse, que si bien es cierto ha incidido en la no celebración del debate la incomparecencia de los medios de pruebas que conocería del debate oral en la presente causa, no es menos cierto que se ha sido fijada en atención a la Agenda Única de Actos llevada por este Circuito Judicial Penal, el debate oral para el día 14 de Febrero de 2013; con lo cual se evidencia que el Tribunal ha sido diligente en practicar las actuaciones tendientes a la realización del acto, siendo todas estas razones fundadas para que este Tribunal Segundo de Juicio, considere acorde al principio de proporcionalidad que los motivos que dieron origen a la privación de libertad aún permanecen y no pueden ser razonablemente satisfechos con una medida menos gravosas para el acusado a favor del cual la defensa pública solicitare ésta; debiendo declararse en consecuencia sin lugar la solicitud planteada y así se decide, a los fines de garantizar las resultas de un proceso que ya se encuentra en fase de juicio, específicamente fijado del debate oral y privado. En consecuencia, este Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, sobre la base de los artículos 250 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal a solicitud de parte, revisa la medida de coerción personal impuesta y DECLARA SIN LUGAR la solicitud planteada por la abogada SIOLIS CRESPO, Defensora Pública del acusado AGUSTIN ADOLFO LUGO LEIVA, venezolano, natural de Chacuaracual de Río Caribe, de 21 años de edad, nacido en fecha 26-10-89, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad Nº 21.541.912, de profesión: funcionario IAPES, hijo de María Leiva y Agustino Nuñez; residenciado: Chacuaracual de Río Caribe, Calle Principal, al frente del mercal, Casa S/N, Municipio Arismendi del Estado Sucre; a quien se le sigue asunto penal por la presunta comisión del delito TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 149 segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, a los fines de garantizar las finalidades del proceso y en consecuencia SE ACUERDA MANTENER LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el acusado. En virtud que esta decisión fue dictada mediante auto fundado notifíquese a las partes conforme al artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide en Carúpano a los trece (13) días del mes de Febrero de dos mil trece. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. Cúmplase.- JUEZ SEGUNDO DE JUICIO ABG. DOUGLAS RIVERO SECRETARIA JUDICIAL ABG. ALISSON PERNIA