TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Cumaná
Cumaná, 19 de Agosto de 2013
203º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2011-004607
ASUNTO : RP01-P-2011-004607
Celebrada como ha sido en el día de hoy dieciséis (16) de agosto del año Dos Mil Trece (2013), siendo las 3:50 PM se constituyó en la sala N° 2-B del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, con sede en Cumaná, el Juzgado Quinto de Control, presidido por la Juez ABG. ÉDRO CORASPE, acompañada de la Secretaria Judicial de Sala ABG. LOURDES CASTILLO PAREJO y el Alguacil CARLOS RODRIGUEZ, siendo la oportunidad fijada para la realización de la AUDIENCIA ORAL DE IMPOSICIÓN DE ORDEN DE CAPTURA en la presente causa signada bajo el N° RP01-P-2011-004607 seguida en contra del imputado LUIS ALEXANDER FIGUERA; a quien se le instruye la presente causa por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 en concordancia con el artículo 65 numeral 3, ambos, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana VANESSA DEL CARMEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Seguidamente se verifica la presencia de las partes, se deja constancia que se encuentran presentes la Fiscal Décima del Ministerio Público ABG. MAHIDA SANTIAGO, el Defensor Público Segundo, ABG. PEDRO ROJAS, y el imputado LUIS ALEXANDER FIGUERA, previo traslado del Comando de la Policía Municipal del Municipio. Acto seguido la juez da inicio al acto e informa a las partes el motivo de la presente audiencia y en tal sentido, impone la ciudadana Juez a las partes del contenido de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Control en fecha 01-02-2013, mediante la cual se ordenó librar orden de captura contra el imputado de autos, por su reiterada no comparecencia a los llamados realizados por el Juzgado, a los fines de la realización de la audiencia preliminar.
IMPOSICIÓN DEL PRECEPTO
En este estado se impuso al imputado del precepto Constitucional establecido en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 133 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 8 del Pacto de San José, disposiciones éstas que le eximen de declarar en causa penal seguida en su contra y si lo hiciere voluntariamente, a rendirla sin coacción o apremio y sin que se le tome juramento, explicándosele que su declaración es un medio para su defensa y del derecho a ser oído, manifestando querer declarar, expresando: “Bueno yo no pude venir porque tuve un accidente, mi pareja y yo seguimos juntos, y ya no hemos tenido mas problemas”. Es todo.

ALEGATOS DE LA DEFENSA
Acto seguido se le concede el derecho de palabra al Defensor Público quien expone: Esta Defensa visto lo manifestado por mi representado solicito se le otorgue una Medida Cautelar de posible cumplimiento y que a bien tenga a imponer este juzgador, así como que se fije lo más cerca posible la audiencia preliminar. Es todo.
PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL
Seguidamente este TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL, en presencia de las partes, Resuelve: revisadas como fueren las actuaciones cursantes a la presente causa, habiéndose fijado oportunidad a los fines de la realización de la audiencia preliminar y ante las incomparecencias reiteradas del encausado, se acordó librar orden de captura en contra del mismo, lo cual implicaba la suspensión del proceso hasta la materialización de la detención del mismo. Ahora bien, en la presente fecha y efectuada como fuere convocatoria, comparece el imputado luego de su aprehensión por órganos de seguridad del Estado, quien conforme exposición oral efectuada en esta sala de audiencias, señala los motivos que le impidieron su comparecencia al acto de audiencia preliminar, es de observar que sobre las medidas de coerción personal, el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla como principio fundamental dentro del proceso penal, el estado de libertad de los procesados, el cual tiene su base en que todo ciudadano a quien se le impute la comisión de un hecho delictivo debe permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso que contra él se instaure. No obstante tal situación, por mandato mismo de la norma en mención, tiene una excepción constituida por la medida de privación judicial preventiva de libertad, la cual prevalece cuando exista una sospecha razonable que las demás medidas preventivas existentes sean consideradas insuficientes para poder asegurar las resultas de un juicio. Es así como el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla los supuestos de procedencia para decretar el Juez de Control la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite: “…1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;… 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;… 3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”. En todo caso, las medidas preventivas que se invoquen deben ser siempre proporcionales en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de la realización y la posible sanción a imponer. Igualmente el artículo 44, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece respecto a la libertad personal lo siguiente: Artículo 44. “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: … 1.-Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”. En el Derecho comparado encontramos que para el Tribunal Constitucional Español, la privación judicial preventiva de libertad debe atender a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose aquéllos en la conjuración de ciertos riesgos relevantes, a saber, la sustracción del encartado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva. De lo citado se concluye que la privación de libertad, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación. Desde esta óptica, el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: “… Artículo 237. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: … 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso; 3. La magnitud del daño causado; 4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; 5. La conducta predelictual del imputado. Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años…”. Del artículo trascrito se infiere, que estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada, sino por el contrario, deben analizarse con los diversos elementos presentes en el proceso, que permitan juzgar si existe objetivamente una presunción real de fuga o de obstaculización de la investigación, y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, establecidos en los supra citados artículos 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal. No puede entonces, esta sentenciadora abstraerse de esta situación y como consecuencia de ello, considera procedente continuar el proceso acordando a favor del imputado una medida menos gravosa. Es pertinente citar el criterio de la Sala Constitucional, fijado en sentencia N° 814 del 11 de mayo de 2005, mediante la cual se instó “…a todos los jueces de la jurisdicción penal, tanto ordinaria como militar, a preservar – en todo proceso penal sometido a su conocimiento- los principios de afirmación de la libertad, consagrados en los artículos 9 y 229 del Código Orgánico Procesal penal. En razón de lo cual, la medida judicial privativa de libertad deberá decretarse sólo cuando las demás medidas cautelares establecidas en el texto adjetivo, no puedan satisfacer razonablemente los supuestos que hacen procedente dicha privación judicial de libertad…”. Y ASÍ DEBE DECIDIRSE. En consecuencia, este TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE, SEDE CUMANÁ, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decreta Medida Cautelar Sustitutiva De La Privación Judicial Preventiva De Libertad contra el ciudadano LUIS ALEXANDER FIGUERA, venezolano, de 35 años de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº 13.221.640, natural de Cumaná, nacido en fecha 14-11-19, de profesión u oficio pintor automotriz, hijo de Orlando Blondel y Maritza Figuera, residenciado en el sector Los ranchos de Fe y Alegría, cerca del Sector 1 de la Urb. Fe y Alegría, N° 04, Cumaná, Estado Sucre; a quien se le instruye la presente causa por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 en concordancia con el artículo 65 numeral 3, ambos, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana VANESSA DEL CARMEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, consistente en presentaciones periódicas cada OCHO (08) días por ante la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, todo de conformidad a lo previsto en el articulo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo se deja constancia que el imputado de autos se compromete a asistir al día fijado para la celebración de la audiencia preliminar. Líbrese oficio al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, solicitándole dejar sin efecto la orden de captura librada contra del imputado de autos. Líbrese boleta de libertad del imputado de autos. Se deja constancia que la libertad del imputado se materializa desde la sala de audiencias, dejándose constancia que el mismo se retira en perfecto estado de salud física. A los fines de la celebración del acto de AUDIENCIA PRELIMINAR se fija el día 04/SEPTIEMBRE/2013 A LAS 3:20 PM, quedando las partes presentes debidamente notificadas y emplazadas. Se acuerda librar boleta de citación a la víctima ciudadana VANESSA DEL CARMEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Líbrese oficio al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, solicitándole dejar sin efecto la orden de captura librada contra del imputado de autos. Líbrese boleta de libertad del imputado de autos. Líbrese oficio a la Unidad de Alguacilazgo informándole sobre el régimen de presentación impuesto al imputado de autos. Virtud que esta decisión fue dictada en presencia de las partes, ténganse por notificadas las mismas, conforme al artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal.
JUEZ PRIMERO DE CONTROL,
ABG. PEDRO CORASPE BOADA

LA SECRETARIA
ABG. DESIREE LÓPEZ GUZMÁN