REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Sucre Cumaná, veintisiete de septiembre de dos mil doce 202º y 153º ASUNTO : RP31-L-2012-000303 Parte actora: JUAN CARLOS RODRIGUEZ VILLARROEL Parte demandada: CONSTRUCTIRA 57, C.A. ; GECHELE ORIENTAL DE CONSTRUCCIONES, C.A. y SERALCA ANZOATEGUI,C.A. Motivo: Cobro de indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo SENTENCIA Vista la diligencia de fecha 25 de septiembre del 2012 presentada por la Abg. ORLANY MAESTRE en su carácter de apoderada de la parte actora solicitando la corrección del auto de admisión y el contenido del cartel de notificación dado a que el motivo de la presente demanda es el Cobro de indemnizaciones provenientes de accidente de trabajo, así mismo solicita pronunciamiento de este Tribunal sobre la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar peticionada en el libelo de demanda . En consecuencia habiéndole dado cuenta a la ciudadana juez de la misma este Tribunal pasa a pronunciarse en los siguientes términos: En cuanto a la corrección solicitada revisado el contenido del libelo de la demanda del mismo se desprende que el motivo de la misma es por Cobro de indemnizaciones provenientes de accidente de trabajo y no por Cobro de prestaciones sociales como esta indicado en el auto de admisión y libelo de la demanda en consecuencia se corrige el auto de admisión de la demanda entendiéndose que la presente demanda es por Cobro de indemnizaciones provenientes de accidente de trabajo y se ordena librar nuevos carteles de notificación subsanando lo anterior así mismo en relación a la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada ; corresponde entonces a este juzgador pronunciarse al respecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo tenor se transcribe de seguidas: “A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, Mediación y Ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama.” Así mismo el articulo El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil indica que son tres las condiciones que exige la ley para la procedencia de la medida preventiva de embargo, prohibición de enajenar y gravar y el secuestro de bienes muebles, que son: a) la existencia de un juicio b) el fumus boni iuris y c) fumus periculum in mora. En relación al primer punto, la ley exige que exista un juicio pendiente (pendente litis) para la procedencia de la medida preventiva. En cuanto a la segunda condición, el fumus bonis iuris, (presunción grave del derecho que se reclama), radica en la necesidad de que se pueda presumir que el contenido de la sentencia se reconocerá, o lo que es lo mismo, que la garantía de la medida precautelar cumplirá su función asegurando el resultado de la ejecución forzosa. Y en relación con la tercera condición del periculum in mora (el peligro en la mora) que se manifiesta cuando exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba, que constituya presunción grave del derecho que se reclama. El peligro en la mora tiene dos causas: Una constante y notoria que no necesita ser probada, que consiste en la tardanza en el resultado del proceso; y la otra que es, los hechos del demandado durante el proceso, por lo cual puede burlar o desmejorar la eficacia de la sentencia. Sentencia de la Sala de Casación Civil del 31-07-2001 Exp. 00367-00486 En este sentido, cuando se alude el decreto de las medidas preventivas como una necesidad jurídico procesal de la parte que tiene el fundado temor de que el derecho que se auto atribuye con suficiente verosimilitud, pueda ser burlado por una determinada situación fáctica que en definitiva haga imposible la satisfacción del crédito que eventualmente le sería reconocido. Es decir, que no es suficiente que el derecho reclamado sea presentado prima facie con una cierta luz de verosimilitud, sino que es menester tener el fundado temor de la infructuosidad del fallo; misma que depende de diversas circunstancias objetivas claramente susceptibles de apreciación, vale decir: a) el arraigo de la demandada a la localidad a cuya jurisdicción está sometida, b) la solvencia económica de que goce la demandada, y c) la actitud de mantenimiento o dilapidación que de esa solvencia económica haga la demandada; inter alia. Es por ello ostensible la necesidad de probar dichos extremos es decir la falta de solvencia económica de las demandadas, por lo que no habiendo prueba fehaciente de que quede ilusorio el fallo, por cuanto la parte solicitante no consigno pruebas que puedan hacer presumir que, en caso de reconocerse judicialmente la certeza del derecho reclamado, su efectivo cumplimento o ejecución se haga ilusoria. En consecuencia, se considera que no se encuentran llenos los extremos de Ley para el decreto de la cautela solicitada, al no existir temor fundado de la infructuosidad del fallo; se niega la medida preventiva solicitada por la parte demandante. Y ASÍ SE DECIDE. PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del estado Sucre. En Cumana a los veintisiete dias del mes de septiembre de dos mil doce La JUEZ Abg. ALBELU VILLARROEL La SECRETARIA Abg. ORFELINA REYES Nota: En esta misma fecha siendo las 09:40 de la mañana se dictó y publicó la anterior sentencia. La SECRETARIA Abg. ORFELINA REYES