TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO DEL MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE
202° y 153°

EXPEDIENTE N° 12-153
DEMANDANTE: CHEN WEIFENG.
DEMANDADO: XIXIAN LIANG.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: ABOGADO BAUDILIO MEZA.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: ABOGADO RAFAEL VILLEGAS OTTO.
MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y DAÑOS Y PERJUICIOS.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA: (HOMOLOGACION DE DESISTIMIENTO DE DEMANDA).

ANTECEDENTES

Se inicia la presente causa en virtud de demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y DAÑOS Y PERJUICIOS incoara, por ante este Juzgado, el ciudadano CHEN WEIFENG, de nacionalidad China, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-82.135.578, debidamente asistido por el Abogado en Libre Ejercicio Profesional, BAUDILIO MEZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 84.992, en contra del ciudadano XIXIAN LIANG, de nacionalidad China, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-82.230.571 y domiciliado en la calle Venezuela, Local N° 60, frente al Mercado Municipal de la población de Casanay, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Sucre.

En el referido Escrito libelar, que corre inserto a los folios que van del uno al cuatro (1 al 4) del presente Expediente signado con el N° 12-153 la parte actora arguye que según consta de documento que anexa marcado “A”, el cual corre inserto a los folios que van del cinco al siete (5 al 7) es el legítimo propietario de un (1) inmueble de dos niveles signado con el Nº 60, situado en la calle Venezuela, frente al Mercado Municipal de Casanay, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Sucre; de igual forma afirma que conforme emerge de Contrato de Arrendamiento debidamente autenticado, que reproduce marcado “B” (consta a los folios del 8 al 14), “(…) EN MI CONDICION DE PROPIETARIO Y/O EL ARRENDADOR, cedí en calidad de EL ARRENDAMIENTO al ciudadano XIXIAN LIANG, de nacionalidad China, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° E-82.230.571, en su condición de EL ARRENDATARIO, en fecha (09-07-2009), un local apto para comercio ubicado en la planta baja del inmueble de su propiedad antes descrito, identificado con el Nº 60 y conformado por un (01) salón, una (01) sala de depósito con una (01) sala de baño con cerámica en sus piso y paredes, piezas sanitarias, el cual tiene como acceso dos (02) puertas de hierro tipo Santamaría y una (01) puerta de hierro hacia el lindero sur, acordando como condiciones convencionales: A.-) Que el canon de arrendamiento por espacio de dos (2) años de mutuo acuerdo se establecía en la cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) mensuales y en forma consecutiva a contar del (01-03-2010), asimismo que en caso de prorroga el canon de arrendamiento se incrementaría en atención a las pautas inflacionarias promedio de doce (12) meses determinada por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. B.-) Que el lapso de duración del contrato era de DOS (2) AÑOS PRORROGABLE POR LAPSOS IGUALES, a contar del (01-03-2010) hasta la fecha (01-03-2012) y así sucesivamente, C.-) Que las reparaciones menores necesarias del local durante la vigencia y sus prorrogas van por cuenta de EL ARRENDARIO.”

De igual forma aduce que la relación arrendaticia se renovó automáticamente o bien en forma tácita, cuando el arrendatario continuó disfrutando del local comercial y el arrendador recibiendo anticipadamente los cánones de arrendamiento, conforme a lo establecido en el contrato de arrendamiento. Que de conformidad con la Cláusulas Contractuales TERCERA, CUARTA Y QUINTA el canon de arrendamiento, por el período renovada de dos (02) años es la cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 6.175,80), de lo cual notificó al arrendatario, quien se negó a aceptar el incremento en el canon, al punto que para el mes de Marzo y Abril del 2012, le hizo entrega de solo CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00) por cada mes, y que cuando le requirió al arrendatario pagara el mes de Mayo, también se negó y procedió a depositar, por ante el Juzgado competente, la cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), que a su juicio constituyó el pago incompleto del canon de arrendamiento vigente a contar de la renovación tácita o prórroga, al no ajustarse a lo convenido contractualmente.

Asimismo, el accionante afirma que el arrendatario incumplió injustificadamente con sus obligaciones contractuales, cuando de manera inconsulta, sin autorización para ello, procedió a demoler las paredes del sanitario o baño que se encuentra en la parte posterior del local comercial arrendado y que para su verificación procedió a solicitar y practicar una Inspección Ocular extra-litem, donde se evidenció la existencia de paredes derrumbadas en el área correspondiente el sanitario único o baño del local comercial.

Es por ello que concluye demandando al arrendatario para que convenga o en su defecto a ello sea condenado por el tribunal en: Primero: En dar por resuelto el Contrato de Arrendamiento de marras; Segundo: En hacer entrega del inmueble objeto de la presente acción; Tercero: En cancelarle por vía de indemnización de Daños y Perjuicios, la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS TRES BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 14.703,20); Cuarto: A que le cancele también por vía de indemnización de Daños y Perjuicios, los cánones de arrendamiento que se sigan venciendo desde el 09-07-2012 hasta que se produzca la entrega del inmueble, a razón de la suma de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 6.175,80); y Quinto: El pago de las costas, costos y honorarios profesionales generados en este procedimiento.

Por último, el actor formula el siguiente pedimento:
“…por cuanto los documentos presentados como soporte de la presente acción como lo son: (…), en concordancia con el incumplimiento manifiesto del deudor – arrendatario quien se sirve de la cosa sin pagar su precio por el uso acordado por la vía del arrendamiento, en consecuencia están evidenciado los requisitos intrínsecos y extrínsecos del buen derecho e incumplimiento o mora, por ello de conformidad con las previsiones de los artículos 588 y 589 del Código de Procedimiento Civil, vigente, en concordancia con los artículos 39 y 40 de la LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS, pido se sirva decretar:
LAS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS
1.-) MEDIDA DE SECUESTRO SOBRE EL LOCAL apto para comercio ubicado en (…)
2.-) MEDIDA DE EMBARGO SOBRE BIENES PROPIEDAD DE EL DEMANDADO HASTA POR LA CANTIDAD DE VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 29.406,40), que comprende (..).”

Por Auto de fecha 28 de Junio de 2012, se admite la demanda incoada junto con los recaudos acompañados por los trámites del procedimiento breve, por lo que se acuerda formar expediente, darle entrada y el curso de Ley correspondiente; ordenándose el emplazamiento del demandado, para que comparezca por ante este Juzgado al segundo día de despacho siguiente a que conste en autos su citación a dar contestación a la demanda. De igual forma, en cuanto a las medidas solicitadas por el accionante, el Tribunal acuerda proveer por auto y cuaderno separado.

A los folios que van del 2 al 6 del Cuaderno de Medidas, corre inserto Auto dictado por el Tribunal en fecha 03 de julio de 2012, a través del cual el cual niega las medidas solicitadas por la parte actora.

Riela al folio 40, diligencia de fecha 03 de Julio de 2012, mediante la cual, el Alguacil Titular de este Juzgado consigna Boleta de Citación debidamente firmada y recibida por el Demandado, ciudadano XIXIAN LIANG.

Corre inserto a los folios del 42 al 44, escrito de contestación a la demanda presentado por el ciudadano XIXIAN LIANG, debidamente asistido por el Abogado en Ejercicio RAFAEL VILLEGAS OTTO, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.969.992 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 44.248. En el referido escrito, la parte demandada da contestación a la demanda en los términos siguientes:

Primero: Niega, Rechaza y contradice la demanda intentada por el accionante y alega como defensa de fondo la cuestión Previa contenida en el numeral 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, ya que a su juicio, al renovarse automáticamente y tácitamente el contrato de arrendamiento, estamos en presencia de un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, por lo que la acción debió fundamentarse en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; Segundo: Niega, rechaza y contradice que deba cancelarle al demandante alguna diferencia por concepto de aumento del canon de arrendamiento, calculada en base al Índice Nacional de Precios al consumidor publicada por el Banco Central de Venezuela, por cuanto no fue notificado oportunamente de dicho aumento; Tercero: Niega, rechaza y contradice que haya causado un daño al inmueble arrendado al demoler las paredes del baño o sanitario que se encuentra en la parte posterior del local, negándole valor probatorio alguno a la Inspección Ocular solicitada y practicada extra-litem por el demandante, en virtud de que se le negó el derecho a la defensa al no ser notificado para estar presente al momento de la práctica de la misma.-

Al folio 44, corre inserto Poder Apud Acta otorgado por el demandado al abogado en libre ejercicio profesional RAFAEL VILLEGAS OTTO, identificado en autos.

Riela al folio 46, escrito de Promoción de Pruebas presentado por el demandante, CHEN WEIFENG, debidamente asistido por el abogado en ejercicio BAUDILIO MEZA, ambos plenamente identificados ut-supra.

Consta al folio 47, Poder Apud Acta conferido por el demandante al abogado en libre ejercicio profesional BAUDILIO MEZA, retro identificados.

Corre inserto a los folios 48 al 49 del presente expediente, escrito de Promoción de Pruebas presentado por el apoderado de la parte accionada, abogado en ejercicio RAFAEL VILLEGAS OTTO.-

Por medio de diligencia de fecha 01 de Octubre de 2012, la parte actora, ciudadano CHEN WEIFENG, debidamente asistido por el abogado en ejercicio: SANDY ROJAS FARIAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.614 desistió de la demanda.-

Al folio 101, riela diligencia suscrita por la parte actora mediante la cual solicita se la devuelva documentos originales que corren insertos a los folios (5, 6 y 7); (8, 9, 10, 11, 12 y 13) e inspección original que riela del folio 18 al 37 del presente expediente.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Planteada en estos términos la presente causa, procede este Tribunal a pronunciarse sobre la procedencia del desistimiento de la demanda interpuesto por la parte accionante, con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación:

El proceso ha sido concebido constitucionalmente como el instrumento fundamental para la realización de la justicia, cuyas leyes atinentes a su aplicación establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. En este sentido, en el transcurrir del proceso acaecen dos fases fácilmente diferenciadas entre sí, estas son, la cognoscitiva, la cual comienza con la admisión de la demanda, puesto que el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, hasta la sentencia que resuelva la controversia; y la ejecutiva, que tiende a garantizar el cumplimiento voluntario o forzoso de lo dispuesto en la sentencia definitivamente firme.

Cabe destacar, si bien la fase cognoscitiva del proceso concluye generalmente por la sentencia definitiva, también puede terminar anormalmente mediante actos de auto-composición procesal, estos son, las voluntades unilaterales o bilaterales de las partes que la ley atribuye eficacia de cosa juzgada luego que queda definitivamente la homologación del Tribunal, siempre y cuando no traten de materias en las que estén prohibidas las transacciones, entre las que se encuentran el convenimiento, el desistimiento, la conciliación y la transacción.

El convenimiento, constituye la manifestación unilateral del demandado de allanarse a los términos en que fue planteada la demanda, expresada en la contestación de la demanda, sin que ello implique a que pueda hacerlo con posterioridad, pero antes de la sentencia definitiva. Por su parte, el desistimiento, es la manifestación unilateral del actor de renunciar al procedimiento o a la demanda, en cuyo caso, de referirse al procedimiento y de efectuarse luego de la contestación de la demanda, requiere para su validez del consentimiento de la parte demandada. Por otro lado, la conciliación, implica el acuerdo de voluntades tomado por las partes en un acto excitado previamente por el juez, mientras que la transacción constituye un contrato a través del cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan el proceso pendiente. El denominador común de los actos de auto-composición procesal es que ponen fin al proceso y tienen entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.

Ahora bien, en el caso bajo examen el Tribunal observa que efectivamente al folio cien (100) del presente expediente, cursa diligencia suscrita por la parte actora, ciudadano CHEN WEIFENG, debidamente asistido por el abogado en ejercicio: SANDY ROJAS FARIAS, supra identificados, mediante la cual DESISTE DE LA DEMANDA.

Con respecto al desistimiento de la demanda, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
“En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.” (Subrayado, cursivas y negrillas de este administrador de justicia).

Aunque lo normal para algunos teóricos es que los procesos terminen con un pronunciamiento judicial o sentencia, el legislador ha previsto esta figura, englobada dentro del género de las denominadas Autocomposiciones procesales o mal llamadas “formas de terminación anormales del proceso”, donde también se encuentran el convenimiento y la transacción.

La doctrina ha señalado que desistir, es declarar la voluntad de terminar o renunciar a la demanda, o a ésta y la pretensión, según sea el caso, por lo cual siempre debe ser en forma expresa. Por eso, no puede considerarse desistimiento algún acto que parezca indicar esos fines, es decir, no es admisible el desistimiento tácito.
La doctrina al tratar este tema afirma lo siguiente:

Para Rengel Rombarg:
“El desistimiento es la declaración unilateral de voluntad del actor por la cual este renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria”

De igual forma lo plantea el Doctor Román J. Duque Corredor, en su libro de Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario señala lo siguiente:
“El desistimiento puede versar sobre la demanda o acción, que conforme al artículo 263 del C.P.C., una vez que el Juez lo homologue, equivale a una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; o bien limitarse al procedimiento, que si se efectúa después del acto de contestación de la demanda, para su validez, requiere el consentimiento de la parte contraria, de acuerdo al artículo 265 eiusdem. Si el desistiendo se limita al procedimiento, sólo se extingue la instancia, de acuerdo al artículo 266 eiusdem, en cuyo caso sus efectos son parecidos a los de la perención (artículo 270).”

El Desistimiento de la demanda es el desistimiento de la pretensión, lo cual impide volver a ejercerla de nuevo, y no así el desistimiento del procedimiento el cual sólo extingue el procedimiento, que puede ser intentado de nuevo, siendo doctrina reiterada que el mismo no requiere el consentimiento de la parte contraria, configurándose un derecho potestativo exclusivamente de la parte actora, en tal virtud esta Sala de Juicio considera que la opinión del ciudadano (...), no afecta de ninguna forma la voluntad de la ciudadana (...) de desistir de la demanda. (Cursivas y negrillas del sentenciador)

De lo antes citado se desprende que el desistimiento de la demanda es unilateral, es decir, que no requiere el asentimiento de la parte demandada.-

En total armonía con este criterio doctrinario, prescribe el supra señalado artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, el desistimiento puede efectuarse en cualquier estado y grado de la causa hasta tanto no se haya proferido sentencia firme o haya culminado el juicio por cualquier otro medio que tenga fuerza de tal. Sin embargo, las partes pueden renunciar a la sentencia, mejor dicho, a ejecutarla, hacer dejación o apartamiento voluntario de los derechos derivados de ella, no se puede desistir de una sentencia, sino renunciar a sus efectos.

En atención de la anterior disposición jurídica, el desistimiento constituye la declaración unilateral de voluntad del actor por la cual renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria, lo que trae como consecuencia que se configure el “desistimiento de la acción o de la demanda”.

Sin embargo, la ley adjetiva en su artículo 265 ejúsdem consagra también otra forma anormal de terminación del proceso que se configura al igual que la anterior, pero sus efectos jurídicos sólo afectan al trámite procedimental que se ha instaurado, a los fines del reconocimiento por parte del órgano jurisdiccional de la pretensión deducida por el actor en su escrito de demanda, la cual es denominada “desistimiento del procedimiento”, que sólo extingue la instancia, pero si es efectuado luego de la contestación de la demanda, requerirá del consentimiento de la parte demandada.-

“Artículo 265.- El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria”. (Cursivas y negrillas del Tribunal).

Las normas supra transcritas se evidencia que en nuestra legislación existen dos tipos distintos de desistimiento con diferentes efectos:
1. El desistimiento de la demanda, que tiene sobre la misma, efectos preclusivos, y deja canceladas las pretensiones de las partes con autoridad de cosa juzgada, en forma tal que el asunto debatido ya no podrá plantearse en el futuro nuevamente.
2. El desistimiento del procedimiento, por el cual meramente se hace uso de la facultad procesal de retirar la demanda, sin que tal actitud implique la renuncia de la acción ejercida ni mucho menos involucre una declaración de certeza respecto a los hechos debatidos. De tal forma, esa acción puede volver a ser intentada posteriormente, entre las mismas personas y por los mismos motivos, sin que pueda objetarse en contra de ellas la consolidación de la cosa juzgada.

A mayor abundamiento, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 559, dictada en fecha 27.07.2006, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, expediente Nº 05-751, caso: Dulce María García de Ponte contra José Igor Ponte Escobar, puntualizó lo siguiente:
“…El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto.
En este sentido, existen dos clases de desistimiento, el de la instancia o procedimiento y, el de la acción, el primero se refiere a la actuación voluntaria expresada por el demandante ante el juez, con la finalidad de abandonar el procedimiento empezado, dando lugar a su extinción; el segundo, el desistimiento de la acción, comporta la renuncia por parte del actor del derecho material del que está investido para postular la pretensión, produce efectos en la relación jurídico sustancial, tiene efectos preclusivos y deja extinguida las pretensiones de las partes con autoridad de cosa juzgada.
Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones de procedencia, que si bien no todas aparecen definidas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia y de ésta se desprende que el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado.
Así, se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) que conste en el expediente en forma auténtica; y b) que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Al mismo tiempo, se exige a la parte capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones.
Si bien es cierto, que el desistimiento es ‘la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso’ (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y ‘el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento’ (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere, en caso de apoderado, de mandato en el cual se contemple expresamente esa facultad…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

En otro orden de ideas el referido Código Adjetivo en su artículo 264 establece otros requisitos a ser tomados en cuenta a la hora de impartir la homologación y aprobación de estas actuaciones:
Artículo 264: “Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias sobre las cuales no estén prohibidas las transacciones”. (Cursivas del Sentenciador).

Ahora bien, del análisis de las actas que conforman el caso en estudio, se evidencia que quien desiste es el ciudadano CHEN WEIFENG, el cual es el demandante en la presente causa, razón por la cual tiene capacidad para disponer del objeto sobre el cual versa la controversia; que lo hizo sobre la demanda, en virtud de lo cual, el consentimiento del demandado no es necesario para que proceda en derecho la homologación del desistimiento efectuado por el actor; y que se trata de una materia sobre la cual no están prohibidas las transacciones; por lo tanto, cumplido los requisitos objetivos y subjetivos de procedencia de tal actuación por parte del demandante, considera quien acá decide, que debe homologarse dicho desistimiento. Y ASÍ SE DECIDE.-

Ahora bien, respecto al auto de homologación, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional mediante sentencia de fecha 06 de julio de 2001, realizó las siguientes consideraciones:
“…Respecto del auto de homologación, viene a ser la resolución judicial que previa verificación de la capacidad de las partes para transigir, así como la disponibilidad de la materia para ello dota de ejecutoriedad al contrato en cuestión, esto es, la facultad de las partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento”

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil mediante sentencia de fecha 20 de enero de 1999, realizó las siguientes consideraciones:
“…los autos que dan por consumados u homologados los actos unilaterales o bilaterales de autocomposición procesal según el caso (desistimiento, convenimiento y transacción), tienen el carácter de sentencias definitivas…”.

En este sentido, este Tribunal en armonía con los criterios jurisprudenciales anteriormente citados observa que el auto de homologación tiene como finalidad darle ejecutoriedad sólo a medios de autocomposición procesal.

Igualmente, el Tribunal observa que el accionante ha desistido de la demanda, por ende habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley para que sea homologado el desistimiento ocurrido en autos, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal imparte la HOMOLOGACIÓN AL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA efectuado por la parte demandante en fecha 01 de Octubre de 2012. Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.-

DISPOSITIVO

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado del Municipio Andrés Eloy Blanco del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA efectuado en fecha 01 de Octubre de 2012, por CHEN WEIFENG, debidamente asistido por el abogado en libre ejercicio profesional, SANDY ROJAS FARIAS, ambos previamente identificados en presente fallo.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaratoria, que tiene efectos preclusivos, quedan extinguidas las pretensiones de las partes, y así se declara.

TERCERO: Se ordena devolver los documentos originales que corren insertos a los folios (5, 6 y 7); (8, 9, 10, 11, 12 y 13) e inspección original que riela del folio 18 al 37 del expediente, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento civil.

CUARTO: Dada la naturaleza del fallo no hay especial condenatoria en costas.

La presente decisión se dicta dentro del lapso previsto en la Ley.

Publíquese, Regístrese, Diarícese la presente Decisión y déjese Copia Certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado de Municipio Andrés Eloy Blanco del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre. En Casanay, a los cuatro (04) días del mes de Octubre del año dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,

Abg. OMAR QUIJADA ZAPATA
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

BR. ROSLIN CAMPOS DE CARRERA

En esta misma fecha, 04-10-2012, y se publicó la anterior Decisión, siendo la 2:45 p.m., previo los requisitos de Ley.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

BR. ROSLIN CAMPOS DE CARRERA

EXP. N° 12-153
OQZ/arf/rcv