REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control - Cumaná Cumaná, 21 de Noviembre de 2012 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2011-000577 ASUNTO : RP01-P-2011-000577 Analizadas como han sido las actas procesales que conforman la presente causa seguida al imputado GIOVANNY D’ ANDREA, venezolano, de 67 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.784.756, natural de Bolonia, Italia, nacido en fecha 22/06/1943, de profesión u oficio Ingeniero Civil, residenciado en Brasil, Sector 01, Vereda 35, casa N° 05, Cumaná, Estado Sucre y/o Avenida Cameco, Edificio Nelamar, Apartamento A-7, Planta Baja, Lecherías, Estado Anzoátegui, teléfono: 0281-267.18.51; por la presunta comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, este Tribunal observa: Cursa a los folios 103 al 104 de la pieza XV de la presente causa, escrito suscrito por la abogada HELEN PLAZA, defensora privada del imputado de autos mediante el cual solicita a este Tribunal el examen y revisión de la media de privación de libertad que pesa sobre su defendido de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitud que platea entre otras cosas, en los siguientes términos: “…Con fundamento en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito el examen y revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra del ciudadano GIOVANNY D´ANDREA, con objeto de que esta sea sustituida razonablemente por una medida menos gravosa contemplada en el artículo 256 ordinal N° 3 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en consideración al derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgado en libertad y de manera especial, cuando no estén demostradas que otra medida de coerción personal será insuficiente para asegurar la finalidad del proceso, que no son otras, que la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas de la justicia, en aplicación del derecho… Por todas la (Sic) razones antes expuestas ciudadana (sic) juez, con fundamento en el artículo 264 (sic) Código Orgánico Procesal Penal Vigente, solicito el examen y revisión de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra del ciudadano…, y la sustituya por una medida de coerción personal menos gravosa, comprometiéndose el mismo a cumplir con las condiciones que ha bien tenga dictar este digno Tribunal “. Revisadas las presentes actuaciones, observa este Tribunal que en fecha 18 de Marzo de 2011, el Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, decretó Orden de aprehensión en contra del imputado Giovanni D’ Andrea, celebrándose audiencia de presentación de detenidos en fecha 14 de Mayo de 2011, oportunidad en la que ese Tribunal de Control, decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad al mencionado imputado por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de Estafa Continuada, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, en perjuicio de la O.C.V, VILLA SAN JOSÉ y CLAUDICAR DEL VALLE SALAZAR NÚÑEZ; todo, de conformidad con el artículo 250 ordinales 1°, 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal y 251 numeral 2 eiusdem. En fecha 30 de Junio de 2011, el Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, sustituyó la Medida Privativa de Libertad decretada eN contra del imputado Giovanni D’ Andrea, por la Medida Cautelar de Arresto Domiciliario, prevista en el artículo 256, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal, siendo el sitio de reclusión establecido su propia dirección de habitación ubicada en la Avenida Cameco, Edificio Nelamar, Apartamento A-7, Planta Baja, Lecherías, Estado Anzoátegui, sitió de reclusión donde actualmente permanece. En fecha 29 de Octubre de 2012, este Tribunal Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, celebró audiencia preliminar en la presente causa en la que las partes propusieron acuerdo reparatorio, suspendiéndose el proceso por un plazo de tres (03) meses a los fines de que dieran cumplimiento al mismo, el cual consistía en la autenticación ante notaría pública de los acuerdos reparatorios suscritos por el imputado con las victimas para su posterior homologación por este Tribunal caso de cumplimiento. En esa oportunidad este Tribunal declaró Sin Lugar la solicitud de revisión de la medida de coerción personal que pesa en contra del imputado. Ahora bien, considera este Tribunal que a la presente fecha los elementos que motivaron al Tribunal de la causa a decretar la medida de coerción personal que pesa sobre el imputado, no han variado, mas aún al considerar que este Tribunal admitió la acusación fiscal por el delito de Estafa Continuada así como se admitió la acusación privada, lo cual sin lugar a dudas mantiene vigente los elementos presentados por el Ministerio Público contra el imputado de autos; por otra parte, este Tribunal como garante de los derechos constitucionales, garantiza en todo momento los traslados que requiera el imputado hasta esta Jurisdicción en aras de que las partes puedan suscribir los documentos notariados que forman parte del acuerdo reparatorio, situación ésta que pese a que el imputado se encuentra recluido en su residencia, no impide que el mismo se traslade hasta esta jurisdicción por orden de este Tribunal cuando así lo soliciten las partes y suscriba los documentos respectivos, por ende concluye este Tribunal que al no variar los extremos de ley contenidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal que motivaron la medida de coerción que pesa sobre el imputado, este Tribunal declara Sin Lugar la solicitud de revisión de medida planteada por la defensa del imputado de autos de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Por las razones antes expuestas es por lo que este Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre con sede en Cumaná, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara SIN LUGAR, la solicitud de revisión de medida interpuesta mediante escrito por la abogada HELEN PLAZA, defensora privada del imputado GIOVANNY D’ANDREA, plenamente identificado en el presente fallo, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Cúmplase. EL JUEZ CUARTO DE CONTROL. ABG. SAMER ROMHAIN MARIN. LA SECRETARIA. ABG. ROSILOR BLANCO.