JUZGADO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
Cumana, 24 de mayo del año 2012
202º y 153º
Exp. RP41-G-2012-000069
En fecha 14 de mayo de 2012, la ciudadana Yazmil Josefina Cova Gamardo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.377.214, asistida por el Abogado Carlos Alberto Ortiz García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 86.531, interpuso por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Querella Funcionarial, contra la Contraloría General del estado Sucre.
En fecha 14 de mayo de 2012, este Órgano Jurisdiccional le dio entrada.
En fecha 16 y 17 de mayo de 2012, respectivamente, la ciudadana antes mencionada consignó reformas de la demanda interpuesta.
DEL ASUNTO PLANTEADO
Alegó el querellante lo siguiente:
Que en fecha 18 de noviembre de 2011, fue notificado de su remoción al cargo de Analista de Sistema II, Grado 18, Paso D, adscrita a la Dirección Técnica de la mencionada Contraloría, organismo en el cual venía laborando desde el 16 de febrero de 1996. Que en fecha 21 de noviembre de 2011, se dio por notificada de su remoción.
Que en fecha 19 de diciembre de 2011, mediante Resolución fue notificada de su retiro al cargo antes mencionado, y en fecha 22 de diciembre de 2011, se dio por notificada de dicho retiro.
Que en fecha 14 de febrero de 2012, recibió cancelación de liquidación total de sus prestaciones de antigüedad, por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 189.486,38).
Expresó que los montos cancelados no corresponden con lo establecido en la Convención Colectiva suscrita entre el Sindicato único de Empleados Públicos de los Poderes Ejecutivos, Legislativos del estado Sucre (SUEPPLES) y la Contraloría General del estado Sucre.
Continuó expresando que no esta de acuerdo con lo que le cancelaron por las prestación de antigüedad, el bono vacacional, la bonificación de fin de año y que tampoco se le canceló lo correspondiente por el beneficio de uniformes a los años 2009, 2010 y 2011.
Expresó que estuvo encargada como Directora de Sistema y Procedimientos de la mencionada Contraloría, durante los años 2004, 2005 y 2006, y que no le cancelaron la diferencia de los bonos vacacionales y bonificación de fin de año, por la diferencia de sueldo.
Que fundamente la presente querella con su respectiva reforma en las normas establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública y en las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente solicita se condene a la Contraloría General del estado Sucre al pago de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TREES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BOLIVARES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 253.924,83) por concepto de diferencia de prestaciones de antigüedad y otros conceptos laborales; además que cancelar los intereses correspondientes en caso de mora y que se ordene realizar una experticia complementaria del fallo, así como el ajuste de la inflación. Igualmente, solicita que la querella con su respectiva reforma sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada Con Lugar en la definitiva.
Que estima la presente querella con su respectiva reforma en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00).
II
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, este Juzgado pasa a emitir pronunciamiento respecto de su competencia para conocer de la presente controversia, con base a los siguientes términos:
El presente recurso contencioso administrativo funcionarial, se trata de una relación de empleo público que mantuvo el querellante con la Contraloría General del estado Sucre, en este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 señala que corresponderá a los Tribunales Contenciosos Administrativos Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los Funcionarios o Funcionarias Públicos o aspirantes a ingresar a la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.
En este mismo orden de ideas, establece la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25 ordinal 6 lo siguiente:
Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
Ordinal 6: Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.
Ahora bien, estando involucrados en el recurso un derecho reconocido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley del Estatuto de la Función Pública y que deriva de la terminación de la relación funcionarial, y siendo que en fecha 13 de abril de 2011 el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución Nº 2011, estableció la competencia exclusiva en materia contencioso-administrativa, no cabe duda para este Juzgado que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por ejercer su competencia territorial en el estado Sucre, razón por la cual declara su competencia y así se decide.
III
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA INTERPUESTA
Determinada la competencia para conocer la presente querella, le corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma, por lo que debe analizarse si incurre en alguna de las causales determinantes de la inadmisibilidad que han sido previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable supletoriamente de conformidad con el articulo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En este sentido se advierte que en el presente asunto no se acumulan acciones que se excluyan mutuamente o con procedimientos incompatibles entre sí; no existe prohibición legal alguna para su admisión; no se evidencia la falta de algún documento fundamental para el análisis de la acción; el escrito recursivo no contiene conceptos ofensivos, irrespetuosos, ininteligibles o contradictorios; y, por otra parte, se aprecia que no se desprende una falta de representación o legitimidad de la parte querellante y no existe cosa juzgada.
En cuanto a lo que corresponde sobre la caducidad de la acción interpuesta sobre este particular el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece:
“…Todo recurso con fundamento es esta Ley solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en el que el interesado fue notificado del acto...”
En tal sentido, se observa de las actas que conforman el presente expediente, que en fecha 14 de febrero de 2012, la ciudadana Yazmil Josefina Cova Gamardo recibió cancelación de liquidación total de sus prestaciones de antigüedad.
Ahora bien, de un simple cómputo se observa que desde el 14 de febrero de 2012, fecha en la cual la ciudadana Yazmil Josefina Cova Gamardo recibió cancelación de liquidación total de sus prestaciones de antigüedad, hasta la fecha de interposición de la querella, es decir, hasta el 14 de mayo de 2012, transcurrieron tres (03) mes, es decir, la querella fue ejercida dentro del lapso establecido en el artículo 94 de la Ley del estatuto de la Función Pública, antes trascrito, por lo que este Juzgado admite la presente Querella cuanto ha lugar en derecho se refiere. Así se decide.
En consecuencia, admitida como se encuentra la presente causa, se ordena emplazar a los ciudadanos Procurador General del estado Sucre y al Contralor General del estado Sucre, para que comparezcan por ante éste Juzgado a dar contestación a la querella, dentro del plazo de quince (15) días de despacho, siguiente a que conste en auto su citaciones, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 99 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, vencido como se encuentre el lapso de quince (15) días hábiles, que establece el articulo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza De Ley de Reforma Parcial del Decreto Con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable por remisión del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, asimismo, se acuerda remitirle a dichos funcionarios, las copias certificadas correspondientes.-
Igualmente, se ordena notificarle de la presente admisión al ciudadano Gobernador del estado Sucre.
Finalmente, se acuerda solicitarle al ciudadano Contralor General del estado Sucre, la remisión a éste Juzgado de los Antecedentes Administrativos del caso en un plazo que no deberá exceder de ocho (08) días de despacho; contados a partir de que conste en autos el recibo de oficio que se ordena librar.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la presente querella funcionarial y su respectiva reforma.
SEGUNDO: ADMISIBLE, la querella interpuesta y su respectiva reforma.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en Cumaná, a los veinticuatro (24) días del mes de Mayo del Dos Mil Doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza Provisoria,
Silvia Julia Victoria Espinoza Salazar
La Secretaria,
Yailenys Descree Acosta Núñez
En esta misma fecha siendo las 08:44 a.m., se registró y publicó la anterior decisión. Conste.
La Secretaria,
Yailenys Descree Acosta Núñez
SJVES/YA/rq/af
Exp RP41-G-2012-000060
L.S. Jueza (fdo) Silvia J Espinoza Salazar. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. Publicada en su fecha 24 de mayo de 2012
a las 08:39 a.m. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. La suscrita Secretaria del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Cumaná, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012) Años 202° y 153°.
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