JUZGADO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
Cumana, 09 de julio del año 2012
202º y 153º
Exp. RP41-G-2012-000074
En fecha 07 de marzo de 2012, la ciudadana Helena Josefina González de Martínez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.421.871, asistida por el Abogado Carlos Enrique Meneses Caraballo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.874, interpuso por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo del estado Sucre, extensión Carúpano, Querella Funcionarial contra la Gobernación del estado Sucre.
En fecha 14 de marzo de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, Sede Carúpano le dio entrada-
En fecha 16 de marzo de 2012, ese Tribunal declinó la competencia para conocer de la presente causa a este Juzgado, la cual fue recibida en fecha 18 de Mayo de 2012.
En fecha el 21 de mayo de 2012, este Juzgado le dio entrada.
DEL ASUNTO PLANTEADO
Alegó el querellante lo siguiente:
Que en fecha 01 de Marzo de 1969, comenzó a prestar sus servicios como Docente, desempeñándose como maestra de Aula en la escuela “Pablo Maria Fuentes”, que funciona en el Municipio Benítez del estado Sucre, que posteriormente fue transferida a la Escuela Básica “Juanita Salinas de Gamboa”, ubicada en el Municipio Bermúdez del estado Sucre, en la que se desempeñó como Sub-Directora , en una jornada diurna de Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 12 p.m. siendo su último salario mensual y de liquidación de Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Bolívares con Setenta y Seis Céntimos (Bs. 192.175,76).
Expresó que estuvo trabajando en dicho colegio hasta el día 01 de Junio del año 1998, misma fecha que por Decreto N 3221 dictado por el Ciudadano Gobernador del estado Sucre, en fecha 16 de junio del año 1998, fue jubilada,
Alegó que laboró por un tiempo de 31 años y 09 meses al servicio del Ejecutivo del estado Sucre.
Continuó expresando, que en virtud de su jubilación, gestionó por ante su patrono, en este caso la Gobernación del estado Sucre, el pago de sus prestaciones sociales que constitucionalmente le corresponden, por haberle trabajado de manera ininterrumpida durante el tiempo señalado,
Expresó que la Gobernación del estado Sucre le sigue pagando sus salarios de jubilado, y que por lo tanto hay una relación de trabajo sui generis. Con motivo de su Jubilación, en junio del año 2006, la gobernación del estado Sucre le canceló un total de Quince Millones Ciento Diez Mil Novecientos Catorce con Cinco Céntimos (Bs. 15.110.914,05), en lugar de haberle pagado la cantidad de Ciento Setenta y Tres Millones Setecientos Quince Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Setenta y Cinco Céntimos (Bs. 173.715.244,75), que era lo que le correspondía por los intereses devengados de sus prestaciones sociales, para la fecha del mes de junio del año 2006.
Finalmente solicitan la diferencia de cobro de Prestaciones Sociales y que la presente demanda sea admitida, tramitada y sustanciada conforme a derecho y sea declarada Con Lugar en la definitiva, con todos los pronunciamientos de Ley.
II
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, este Juzgado pasa a emitir pronunciamiento respecto de su competencia para conocer de la presente controversia, con base a los siguientes términos:
La presente demanda por Cobro de diferencia de Prestaciones Sociales, se trata de una relación de empleo público que mantuvo la querellante con la Gobernación del estado Sucre, en este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 señala que corresponderá a los Tribunales Contenciosos Administrativos Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los Funcionarios o Funcionarias Públicos o aspirantes a ingresar a la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.
En este mismo orden de ideas, establece la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25 ordinal 6 lo siguiente:
Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
Ordinal 6: Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.
Ahora bien, estando involucrados en el recurso un derecho reconocido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley del Estatuto de la Función Pública y que deriva de la terminación de la relación funcionarial, y siendo que en fecha 13 de abril de 2011 el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución Nº 2011, estableció la competencia exclusiva en materia contencioso-administrativa, no cabe duda para este Juzgado que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por ejercer su competencia territorial en el estado Sucre, razón por la cual declara su competencia y así se decide.
III
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA INTERPUESTA
Determinada la competencia para conocer la presente querella, le corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma, por lo que debe analizarse si incurre en alguna de las causales determinantes de la inadmisibilidad que han sido previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable supletoriamente de conformidad con el articulo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En este sentido se advierte que en el presente asunto no se acumulan acciones que se excluyan mutuamente o con procedimientos incompatibles entre sí; no existe prohibición legal alguna para su admisión; no se evidencia la falta de algún documento fundamental para el análisis de la acción; el escrito recursivo no contiene conceptos ofensivos, irrespetuosos, ininteligibles o contradictorios; y, por otra parte, se aprecia que no se desprende una falta de representación o legitimidad de la parte querellante y no existe cosa juzgada.
Ahora bien, en cuanto a los requisitos para la verificación de la admisibilidad, sobre este particular el artículo 96 de la Ley del estatuto de la Función Pública, establece:
“Las querellas que se extiendan en consideraciones doctrinales y jurisprudenciales que se reputan conocidas por el juez o jueza, las que sean ininteligibles o repetitivas de hechos o circunstancias, las que transcriban el acto administrativo que se acompaña o que sean tan extensas de forma tal que el juez o jueza evidenciare que por estas causas se podrá producir un retardo en la administración de justicia, serán devueltas al accionante dentro de los tres días de despacho siguientes a su presentación, a los fines de que sean reformuladas”
En tal sentido, se observa de las actas que conforman el presente expediente, que en fecha 28 de mayo de 2012, fecha en la cual se ordenó subsanar la demanda en virtud de que la misma era ininteligible, y visto que en fecha 28 de junio de 2012, se recibieron las resultas de la comisión librada al Juzgado del Municipio Andrés Mata del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, donde se ordenó la notificación de la parte demandante y en virtud que hasta la presente fecha no se ha consignado la debida subsanación de la demanda. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional INADMITE la querella interpuesta. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la presente querella funcionarial.
SEGUNDO: INADMISIBLE, la Querella Funcionarial, interpuesta por la ciudadana Helena Josefina González de Martínez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.421.871, asistida por el Abogado Carlos Enrique Meneses Caraballo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.874, contra la Gobernación del estado Sucre.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en Cumaná, a los nueve (09) días del mes de julio del Dos Mil Doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza Provisoria,
Silvia Julia Victoria Espinoza Salazar
La Secretaria,
Yailenys Descree Acosta Núñez
En esta misma fecha siendo las 08:33 a.m., se registró y publicó la anterior decisión. Conste.
La Secretaria,
Yailenys Descree Acosta Núñez
Exp RP41-G-2012-000074
SJVES/YA/af
L.S. Jueza (fdo) Silvia J Espinoza Salazar. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. Publicada en su fecha 09 de julio de 2012
a las 08:33 a.m. La Secretaria (fdo) Yailenys Acosta Núñez. La suscrita Secretaria del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Cumaná, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil doce (2012) Años 202° y 153°.
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