REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo del Estado Sucre, extensión Carúpano
Carúpano, veinticinco (25) de mayo de dos mil once
201º y 152º
SENTENCIA
ASUNTO : RH21-X-2011-000002
DEMANDANTES: JOSE MIGUEL BRITO LUGO, MARIA AUXILIADORA AVILA CASTILLO, JOSE ALEJANDRO FIGUERA CARABALLO, MARIA ELENA LOPEZ MENDEZ SANCHEZ, YESIKA MARIA MILLAN HERNANDEZ, CARMEN DIAGNORA PERFECTO y OSCAR ENRIQUE ZAPATA CEDEÑO.
DEMANDADA: SUBSEA INTERVENTION TECNOLOGIES LTD (SITECH) y el ciudadano GARRETT JESTER.
MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE EMBARGO.
Vista la admisión de la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS, incoaran los ciudadanos JOSE MIGUEL BRITO LUGO, MARIA AUXILIADORA AVILA CASTILLO, JOSE ALEJANDRO FIGUERA CARABALLO, MARIA ELENA LOPEZ MENDEZ SANCHEZ, YESIKA MARIA MILLAN HERNANDEZ, CARMEN DIAGNORA PERFECTO y OSCAR ENRIQUE ZAPATA CEDEÑO, titulares de las cedulas de identidad N°s 10.885.221, 5.879.434, 16.843.121, 14.380.519, 12.287.694, 8.499.992 y 15.787.298, respectivamente, en contra de la empresa SUBSEA INTERVENTION TECHNOLOGIES LTD (SITECH) y el ciudadano GARRETT JESTER, y en la cual la parte actora solicita el decreto de una medida cautelar de embargo contra bienes propiedad de la Empresa demandada; corresponde entonces a este juzgador pronunciarse al respecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo tenor se transcribe de seguidas:
“A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, Mediación y Ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama.”
Así mismo el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil indica que son tres las condiciones que exige la ley para la procedencia de la medida preventiva de embargo, prohibición de enajenar y gravar y el secuestro de bienes muebles, que son: a) la existencia de un juicio b) el fumus boni iuris; y c) el periculum in mora. En relación al primer punto, la ley exige que exista un juicio pendiente (pendente litis) para la procedencia de la medida preventiva, en cuanto a la segunda condición, el fumus bonis iuris, (presunción grave del derecho que se reclama), radica en la necesidad de que se pueda presumir que el contenido de la sentencia se reconocerá, o lo que es lo mismo, que la garantía de la medida precautelar cumplirá su función asegurando el resultado de la ejecución forzosa. Y en relación con la tercera condición, el periculum in mora (el peligro en la mora) que se manifiesta cuando exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba, que constituya presunción grave del derecho que se reclama. El peligro en la mora tiene dos causas: Una constante y notoria que no necesita ser probada, que consiste en la tardanza en el resultado del proceso; y la otra que es, los hechos del demandado durante el proceso, por lo cual puede burlar o desmejorar la eficacia de la sentencia. Sentencia de la Sala de Casación Civil del 31-07-2001 Exp. 00367-00486
En este sentido, cuando se alude el decreto de las medidas preventivas como una necesidad jurídico procesal de la parte que tiene el fundado temor de que el derecho que se auto atribuye con suficiente verosimilitud, pueda ser burlado por una determinada situación fáctica que en definitiva haga imposible la satisfacción del crédito que eventualmente le sería reconocido.
Es decir, que no es suficiente que el derecho reclamado sea presentado prima facie con una cierta luz de verosimilitud, sino que es menester tener el fundado temor de la infructuosidad del fallo; misma que depende de diversas circunstancias objetivas claramente susceptibles de apreciación, vale decir: a) el arraigo de la demandada a la localidad a cuya jurisdicción está sometida, b) la solvencia económica de que goce la demandada, y c) la actitud de mantenimiento o dilapidación que de esa solvencia económica haga la demandada; inter alia.
Es por ello ostensible la necesidad de probar dichos extremos es decir la falta de solvencia económica de la demandada, por lo que no habiendo prueba fehaciente de que quede ilusorio el fallo, este Tribunal Primero de Primera Instancia de sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, considera que no se encuentran llenos los extremos de Ley para el decreto de la cautelar solicitada, al no existir temor fundado de la infructuosidad del fallo; razón por la cual este Tribunal NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada.- Y ASÍ SE DECIDE. PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA CERTIFICADA.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del estado Sucre. En Carúpano, veinticinco (25) de Mayo del año dos mil once (2011) AÑOS: 201º y 152°.
EL JUEZ.
LA SECRETARIA
Abog. OSCAR MARIN SANCHEZ
Abog. SARA GARCIA
En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
LA SECRETARIA
Abog. SARA GARCIA
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