REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Sucre extensión Carúpano Carúpano, tres (03) de junio de dos mil once (2011) 201º y 152º SENTENCIA ASUNTO : RH21-X-2011-000003 DEMANDANTE: FRANCISCO EDUARDO CORTEZ VILLALBA. APODERADAS DE LA PARTE ACTORA: SARA CRISTINA DIAZ y MARIA GABRIELA ULPIN; con Inpreabogado Nºs. 80.321 y 100.685 DEMANDADAS: PETROSAUDI OIL SERVICES LTD y SERVICIOS VENEZOLANOS COSTA AFUERA. . MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA DE EMBARGO. Vista la admisión de la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS, incoara el ciudadano FRANCISCO EDUARDO CORTEZ VILLALBA, titular de las cedula de identidad N°s 9.288.778, en contra de las empresas PETROSAUDI OIL SERVICES LTD y SERVICIOS VENEZOLANOS COSTA AFUERA C.A; y en la cual la parte actora solicita el decreto de una medida cautelar de embargo contra bienes muebles propiedad de las Empresas demandadas; corresponde entonces a este juzgador pronunciarse al respecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo tenor se transcribe de seguidas: “A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, Mediación y Ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama.” Así mismo el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil aplicado por analogia del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, indica que son tres las condiciones que exige la ley para la procedencia de la medida preventiva de embargo, prohibición de enajenar y gravar y el secuestro de bienes muebles, que son: a) la existencia de un juicio b) el fumus boni iuris; y c) el periculum in mora. En relación al primer punto, la ley exige que exista un juicio pendiente (pendente litis) para la procedencia de la medida preventiva, en cuanto a la segunda condición, el fumus bonis iuris, (presunción grave del derecho que se reclama), radica en la necesidad de que se pueda presumir que el contenido de la sentencia se reconocerá, o lo que es lo mismo, que la garantía de la medida precautelar cumplirá su función asegurando el resultado de la ejecución forzosa. Y en relación con la tercera condición, el periculum in mora (el peligro en la mora) que se manifiesta cuando exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba, que constituya presunción grave del derecho que se reclama. El peligro en la mora tiene dos causas: Una constante y notoria que no necesita ser probada, que consiste en la tardanza en el resultado del proceso; y la otra que es, los hechos del demandado durante el proceso, por lo cual puede burlar o desmejorar la eficacia de la sentencia. Sentencia de la Sala de Casación Civil del 31-07-2001 Exp. 00367-00486 En este sentido, cuando se alude el decreto de las medidas preventivas como una necesidad jurídico procesal de la parte que tiene el fundado temor de que el derecho que se auto atribuye con suficiente verosimilitud, pueda ser burlado por una determinada situación fáctica que en definitiva haga imposible la satisfacción del crédito que eventualmente le sería reconocido. Es decir, que no es suficiente que el derecho reclamado sea presentado prima facie con una cierta luz de verosimilitud, sino que es menester tener el fundado temor de la infructuosidad del fallo; misma que depende de diversas circunstancias objetivas claramente susceptibles de apreciación, vale decir: a) el arraigo de la demandada a la localidad a cuya jurisdicción está sometida, b) la solvencia económica de que goce la demandada, y c) la actitud de mantenimiento o dilapidación que de esa solvencia económica haga la demandada; inter alia. En cuanto a las circunstancias precedentemente señaladas en el literal a); En este sentido Cabe señalar, que el actor en su libelo expresa que la demandada se encuentra ejecutando un contrato en el taladro de perforación NEPTUNE, que además se ejecuta en aguas territoriales nacionales (Carúpano Estado Sucre) el cual le queda un tiempo para que se de la conclusión de la obra de cuatro años; lo que no le da certeza a este juzgador que la demandada de autos esté en insolvencia o exista el riesgo que evada la ejecución del fallo en el caso de una condenatoria en contra. Es por ello ostensible la necesidad de probar dichos extremos es decir la falta de solvencia económica de la demandada, por lo que no habiendo prueba fehaciente de que quede ilusorio el fallo, este Tribunal Primero de Primera Instancia de sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, considera que no se encuentran llenos los extremos de Ley para el decreto de la cautelar solicitada, al no existir temor fundado de la infructuosidad del fallo; razón por la cual este Tribunal NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada.- Y ASÍ SE DECIDE. PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Sucre. En Carúpano, tres (03) de Junio del año dos mil once (2011) AÑOS: 201º y 152°. EL JUEZ. LA SECRETARIA Abog. OSCAR MARIN SANCHEZ Abog. SARA GARCIA En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado. LA SECRETARIA Abog. SARA GARCIA