LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO Y BANCARIO, DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. Carúpano, 06 de Junio del 2011 201° Y 152° Exp. N° 16.683 DEMANDANTE: SIL DIOMEDIS BRAVO CORDOVA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de las Cédula de Identidad Nº 5.001.875 APODERADO: No Otorgo. DOMICILIO PROCESAL: No Constituyó. DEMANDADA: ELVIA LUCERO LAYA FIGUEROA, venezolano, mayor de edad y de este domicilio. APODERADO: No otorgó Poder. DOMICILIO PROCESAL: No Constituyó. MOTIVO: DIVORCIO. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (Con Fuerza De Definitiva). Revisadas como han sido las actuaciones que conforman el presente expediente, este Tribunal previamente observa: Que en fecha 18 de Noviembre del año 2.011, comparece por ante este Tribunal el ciudadano BRAVO CORDOVA SIL DIOMEDIS, venezolano, mayor de dad, domiciliado en Canchunchú, Calle Gran Mariscal, Casa S/N, Municipio Bermúdez, de esta ciudad de Carúpano, Estado Sucre y titular de la Cedula de Identidad N° 5.001.875 asistido por el abogado en ejercicio KEYRA JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 146.605, quien presentó formal demanda de DIVORCIO contra la ciudadana ELVIA LUCERO LAYA FIGUEROA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y sin identificación de su numero de Cédula; y por auto de fecha 19 de Noviembre del mismo año, este Tribunal se abstuvo de Admitirla, por no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. El Derecho de Acceso a los Órganos de Administración de Justicia, previsto en el Artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso, así el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante que le permite la elevación de la infracción Constitucional o legal ante los Órganos de Administración de Justicia. No es entonces una abstracción para el particular que lo invoca, muestras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Este presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo. Con respecto a esto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 416 de que el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida de interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. En este sentido, como un requisito, que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice al Órgano Jurisdiccional, si la acción no existe. Y es así como la Sala Constitucional ha señalado en la referida sentencia, que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia; el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice Vistos y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la Perención de la Instancia. En el presente caso, observa quien suscribe, que estamos en la Primera de las situaciones, es decir, por cuanto la demanda no ha sido Admitida aun. Por todas las razones que antecede este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Bancario, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y Por la Autoridad de la Ley, DECLARA LA EXTINCIÓN DEL PROCESO POR PERDIDA DEL INTERÉS. Así se decide. La Juez, Abg. Susana García de Malavé. La Secretaria, Abg. Francis Vargas Campos. SGDM/Fvc/ecm. Exp. N° 16.683