REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Juicio - Cumaná Cumaná, 16 de Junio de 2011 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2008-002548 ASUNTO : RP01-P-2008-002548 Visto el escrito suscrito por el Abogado JESUS GUTIERREZ, en su carácter de defensor del acusado JOSE DANIEL RODRIGUEZ VASQUEZ mediante el cual solicita el cese de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que fuera impuesta a su representado, en virtud de haber trascurrido casi tres años (03) años. Argumentando del defensa lo siguiente: “…mi defendido se encuentra privado de su libertad desde hace casi tres años, sin que en los actuales momentos haya habido una sentencia absolutoria o de culpabilidad y definitivamente firme, toda vez que el juicio que se le sigue por ante este tribunal que usted dignamente representa y privado de su libertad, se ha diferido en muchas oportunidades siendo dichos diferimientos inimputables al acusado o a la defensa, razón por la cual invoco desde el punto de vista del derecho el Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal que establece “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años, si se tratare de varios delitos se tomara en cuenta la pena mínima del delito más grave, Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentran próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar al tribunal que este conociendo de la causa, una prorroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados , s ele tomara en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave…Por todas las consideraciones de hecho y derecho es que SOLICITO de usted con el debido respeto y la urgencia del caso LA REVISION DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL QUE PESA SOBRE MI DEFENDIDO POR UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA, de las contempladas en el Artículo 256 en cualquiera de sus ordinales y en concordancia con el artículo 264 ambos del Código Orgánico Procesal Penal…” Ciertamente el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal confiere al imputado, el derecho de solicitar la revocación o sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad, y en contrapartida se impone al juzgador el deber proceder al examen de tal situación particular, cada tres meses, o en su caso a requerimiento de parte, previo examen y revisión de la necesidad del mantenimiento de la medida, por lo que procediendo conforme la directriz de la norma invocada se precisa. Ahora bien, atendiendo los argumentos expuestos por el defensor al señalar, que su auspiciado tiene casi tres años sin que exista una sentencia absolutoria o de culpabilidad definitivamente firme, debido que no se ha llevado a cabo el juicio por los diferentes diferimientos que no le son imputables al acusado ni a la defensa. Es de hacer notar que la presente causa ingreso a este Despacho Judicial en fecha 23 de enero de 2009, fijándose los actos procesales correspondientes es decir Sorteo de Escabinos y la Constitución del Tribunal el cual no se ha podido materializar en su mayoría por ausencia de los escabinos y por el traslado del acusado de autos, en vista de tal situación en data 18 de marzo de 2010 se efectúo sorteo extraordinario conforme a lo pautado en el artículo 158 del Código Orgánico Procesal Penal, lográndose la constitución del juzgado mixto en data 12-04-2010 y se pautó la celebración del mismo para el 304-2010, oportunidad en la cual no se llevó a cabo, en razón que el Representante Fiscal se hallaba en continuación de juicio en el juzgado segundo y se fijó como nueva fecha para el 28-05-2010, no asistiendo medios de prueba y a solicitud del Ministerio Público se difirió para el 25-06-2010, día este que fue decretado no laborable por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo y se acordó el inicio del juicio para el 16-07-2010; fecha en la cual el tribunal estaba en la continuación del juicio RP01-P-2009-3885, fijándose para el 10-08-2010 no siendo posible la efectividad del acto por no materializarse el traslado, quedando para el 08-09-2010, data en la cual no asistió el escabino ALBERTO REVOLLO y se fijo para el 11-10-2010, no siendo posible el inicio del juicio, en virtud que el tribunal estaba en continuación del juicio en la causa RP01-P-2008-4759, se pauto para el 26-10-2010 no asistiendo ALBERTO REVOLLO y se fijó para el 02-12-2010 no asistiendo uno de los escabinos, quedando pautado para el 31-01-2011, no compareciendo la Fiscal Primera del Ministerio Público, ni el escabino ALBERTO REVOLLO, fijándose para el 16-03-2011, oportunidad en la cual no asistieron la víctima, el escabino ALBERTO REVOLLO, ni medio de prueba y se fijó para el 05-05.2011, no llevándose a cabo por cuanto este juzgado se hallaba en la continuación del juicio en la causa RP01P-2009-4955 y se fijó para el 17-06-2011. En razón que en las últimas oportunidades el escabino ALBERTO REVOLLO, se ordenó su citación a través del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre, y ello es un evidente actuar cónsono con la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra carta magna, a la par de todo lo expuesto, tampoco puede olvidarse que la privación judicial preventiva de libertad impuesta al acusado de autos, deviene como excepción a la regla del juzgamiento en libertad, luego de haberse examinado como lo hace en este momento quien aquí como juez decide, presupuestos de procedencia para la misma, tales como, el tipo penal imputado producto del hecho punible objeto de juicio, se revisan los fundados elementos de convicción que permitieron a la Juez de Control dictar en su contra el auto de apertura a juicio, adicionalmente se mantiene, la magnitud del daño causado, debiendo destacarse que se produjo la muerte de la victima, que es el bien mas precisado en nuestra legislación, lo que deviene en que resultará de cierta magnitud la pena que pudiera llegarse a imponer en esta causa, haciendo presumir la posibilidad que el acusado pueda evadirse del proceso, además de estimarse acorde, en atención a la proporcionalidad, la medida a él impuesta, toda vez que la imputación en su contra es de aquellos delitos considerados graves, estimando este Tribunal de Juicio, que tales razones son suficientes para considerar pertinente mantener la medida inicialmente impuesta, y dado el argumento de la defensa en cuanto a la demora en el inicio del juicio a celebrársele a dicho acusado, este Tribunal extremará las medidas pertinentes para garantizar su realización en la próxima oportunidad que ha sido fijada. Asimismo, debe destacarse que la medida de coerción personal, sea esta privativa o restrictiva de la libertad, debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello el Juez que conoce de la solicitud de libertad e imposición de medidas cautelares sustitutivas, deberá analizar las circunstancias contenidas en el artículo 244 de la Ley Adjetiva Penal, esto es, la gravedad del delito, las circunstancia de comisión y la sanción posible, igualmente la pena prevista para este tipo de delito hace de pleno raciocinio presumir la fuga, siendo que además esta es discrecional del juzgador y así lo ha establecido la sala constitucional en sentencia de fecha 15 de mayo de 2001, que “…es potestad exclusiva del juez determinar cuando existe la presunción razonable del peligro de fuga…se trata de una apreciación discrecional que dependerá en todo caso de la ponderación de las circunstancias del caso concreto en los autos…” (Ponencia Dr. Antonio García García Exp. 01-0380) (Subrayado del tribunal). En el mismo orden de ideas considera este juzgado que es menester hacer alusión de la Jurisprudencia emitida de la Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta De Merchán, de fecha 13 de Abril de 2007. Exp.05-1899. Sent. Nº 626, la cual establece las Medidas de Coerción - Proporcionalidad de la Medida Privativa de Libertad: … “ Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la compresible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; solo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia queda así evidenciado que buena parte del transcurso del lapso previsto en el artículo 244, primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, se debió a causas en algunas oportunidades al acusado JOSE DANIEL RODRIGUEZ VASQUEZ y estas circunstancias no pueden ser aprovechadas para reclamar en favor del acusado la violación de derechos y garantías Constitucionales, toda vez que en el presente caso se le sigue el enjuiciamiento a ambos. El juez debe estar atento para impedir que el proceso se convierta en un fraude en daño de la administración de justicia. La buena fe procesal es uno de los principios inspiradores del nuevo Código Orgánico Procesal Penal: “Las partes deben litigar de buena fe, evitando los planteamientos dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede.” (fin de la cita, artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal. Si bien se encuentra vencido el lapso de los dos años establecido en el artículo 244, único aparte del Código Orgánico Procesal Penal, sin que se haya verificado el Juicio Oral y Público en el Asunto Principal, quedó constatado que el acusado JOSE DANIEL RORIGUEZ VASQUEZ a contribuido a ese fin y tomando en consideración lo sostenido la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (Sent. N° 2198-091101-01-1089, ponente: Dr. Delgado Ocando), dilación indebida: “… es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto deberá ser obtenido mediante la aplicación, a las circunstancias específicas de cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. Podrían identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Así pues, criterios de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto”. …omissis…” Por todo lo anteriormente descrito, en aras de una correcta y sana administración de justicia, considera quien aquí decide que en el presente caso, ante el evidente peligro de fuga, dada la pena que podría llegarse a imponer y a la magnitud del daño causado, conforme está previsto en los numerales 2° y 3° del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual lesionaría la finalidad del proceso, son las razones fundamentales que deben prevalecer y así no hacer nugatoria la prosecución del proceso ni ilusoria la posibilidad de que se administre justicia, así mismo es necesario señalar que dicho acto de celebración de juicio oral y público esta fijado para el 17 de junio de 2011 del presente año a las 2:00 horas de la tarde, y sin necesidad de entrar a debatir otros aspectos que se relacionan con el presente caso y por ser obligación del estado garantizar la tutela judicial efectiva, de amplio contenido y que comprende entre otras, una justicia efectiva, pronta e imparcial. Es por lo que este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda llevar adelante de manera efectiva todas las actividades jurisdiccionales tendientes a la celebración del debate oral y público de manera expedita, en el mismo orden y con carácter forzoso este tribunal debe concluir que lo procedente y ajustado a derecho es NEGAR EL CESE DE LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD, solicitada por la defensora Público Penal Abg. JESUS GUTIERREZ, en su carácter de defensor JOSE DANIEL RORIGUEZ VASQUEZ, plenamente identificado en autos, manteniéndose incólume y con todos sus efectos la Medida Privativa Judicial de Libertad que pesa en contra del prenombrado acusado. Y ASI SE DECIDE. Notifíquese a las partes.- JUEZ CUARTA DE JUICIO, MARTHA CESPEDES HERNANDEZ SECRETARIO BELTRAN ROMERO MARCANO