REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control - Cumaná Cumaná, 25 de Diciembre de 2011 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2011-005215 ASUNTO : RP01-P-2011-005215 RESOLUCIÓN QUE DECRETA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES En el día de hoy, veinticinco (25) de Diciembre del año dos mil once (2011), siendo las 1:30 P.M. se constituyó en la Sala Nº 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Sede Cumaná, el Juzgado Cuarto de Control, a cargo de la Juez Abg. KARELINA ARENAS RIVERO acompañada de la Secretaria de Guardia Abg. MARIANA MADRID ORTEGA y del Alguacil MERVIN FLORES; a los fines de celebrar la AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE DETENIDOS, en la causa N° RP01-P-2011-005215, iniciada en contra del ciudadano YILSON JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ, venezolano, natural de Cumaná, de 19 años de edad, nacido en fecha 01/02/1992, casado, de profesión u oficio obrero, titular de cédula de identidad N° 24.878.907, residenciado en Campeche, calle 4, casa N° 22, cerca de Pescal, Estado Sucre, hijo de Solidaniel Gutiérrez y María Hernández. Seguidamente se verifica la presencia de las partes y se deja constancia que se encuentran presente encontrándose presentes la Fiscal Auxiliar Segunda del Ministerio Público, encargada de la Fiscalía Primera del Ministerio Público Abg. MAGLLANYTS BRICEÑO, el imputado de autos previo traslado del Destacamento No. 78 de la Guardia Nacional y la Defensora Pública Tercera Penal, Abg. SUSANA BOADA, quien actúa en sustitución de la Defensoría Pública Segunda. Siendo impuesto el imputado del derecho a estar asistido en el presente acto por Abogado de su confianza, el mismo manifestó no contar con la asistencia de defensor privado, por lo que a los efectos de garantizarle el sagrado derecho a la defensa, establecido en el numeral 1 del artículo 49 de nuestra Carta fundamental y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal le designa a la Abg. SUSANA BOADA, Defensora Pública Tercera Penal, en sustitución de la Defensoría Pública Segunda, la cual se encuentra de guardia en el día de hoy, manifestando estar dispuesta a cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo que recae en su persona. DE LA SOLICITUD FISCAL Acto seguido la Juez da inicio al acto, explica el motivo de la audiencia y le concede el derecho de palabra a la Representante del Ministerio Público, quien solicitó se decretara a favor del imputado de autos Libertad Sin Restricciones; expuso de manera clara, precisa y detallada, todas y cada una de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cómo sucedieron los hechos, así como los fundamentos en los que se sustenta la presente solicitud; expuso que los hechos que dieron origen a la presente investigación, ocurrieron en fecha 24/12/2011. De las actuaciones que presenta el ministerio público considera que se encuentra acreditado el numeral 1 del articulo 250 del COPP vigente es decir, la presunta comisión de un hecho punible como lo es el establecido en el articulo 416 del código penal vigente como lo es el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, delito este que imputa en este acto al ciudadano YILSON JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ, mas considera esta represtación fiscal que no se encuentra acreditado el numeral 2 de la norma in comento, es decir esa pluralidad de elementos de convicción, así como testigos que avalen el procedimiento policial, solo se cuenta con un acta policial. Siendo así el Ministerio Público solicita a este tribunal decrete la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES a favor del ciudadano YILSON JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ, y se siga la presente causa por el procedimiento ordinario. DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Seguidamente se impuso al imputado del precepto Constitucional establecido en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 131 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 8 del Pacto de San José, disposiciones éstas que le exime de declarar en causa penal seguida en su contra y si lo hiciere voluntariamente, a rendirla sin coacción o apremio y sin que se le tome juramento, explicándosele que su declaración es un medio para su defensa y del derecho a ser oído, manifestando el imputado: “no deseo declarar, me acojo al precepto constitucional. DE LO ARGUMENTADO Y SOLICITADO POR LA DEFENSA Acto seguido se le concede el derecho de palabra a la Defensa Pública, quien expone: “esta defensa una vez escuchado lo manifestado por la representación fiscal, así como revisadas las actas procesales considera que las mismas se encuentran ajustadas a derecho y en consecuencia se adhiere a la solicitud realizada por el Ministerio Público. DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL Seguidamente este Tribunal Cuarto de Control, en presencia de las partes, resuelve: vista la solicitud realizada en el día de hoy, por la Fiscal del Ministerio Público, escuchados los alegatos de la defensa y revisadas las actuaciones que conforman la presente causa; considera que de las mismas, se desprende la comisión de un hecho punible, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrito, por cuanto los hechos ocurrieron en fecha reciente; es decir, en fecha 23/12/2011, sin embargo no surgen de las actas procesales suficientes elementos de convicción, para estimar participación o autoría del imputado de autos en el hecho investigado por el Ministerio Público. De igual manera se observa que siendo una potestad del Estado Venezolano el imponer medidas de coerción personal en causas penales a personas a quien se le impute la comisión de hechos punible debe realizarlo tomando en consideración los extremos que la Ley establece en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y siempre que medie solicitud fiscal lo que no ha sucedido en el presente caso, donde por el contrario la Fiscal requirió la libertad del imputado por razones coherentes con el criterio de este Tribunal. Así tenemos que al examinar este Juzgado de Control las actas con las cuales se acompaña la solicitud fiscal se observa que no existen suficientes elemento de convicción incriminatorios en contra del imputado, el que se estima insuficiente para imponer medidas de coerción personal y dar por establecido la comisión del delito alguno ni de autoría del imputado con respecto del mismo, así tenemos entonces que exigiendo el Código Orgánico Procesal Penal suficientes elementos de convicción para estimar que el aprehendido ha sido autor de hecho punible, lo que debe emerger de una pluralidad de elementos de convicción lo cual no ha operado en la presente causa, pues sólo existe la versión policial ello hace procedente la Libertad solicitada por el Ministerio Público, con lo cual se adhiere este despacho al criterio establecido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia Nº 435, de fecha 05 de abril de 2000 con ponencia del Magistrado Rafael Pérez Perdomo, en la que se estima que la versión policial es insuficiente en casos como el de autos y tomando en consideración que constituye uno de los principios del proceso penal que la persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible debe permanecer en Libertad de conformidad con el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal y 44 numeral 1 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera procedente restituir de inmediato la libertad plena del imputado en atención al principio de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, conforme lo dispone el artículo 26 del mismo texto constitucional y así debe decidirse. Por las consideraciones antes expuestas, este JUZGADO CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY; declara con lugar la solicitud fiscal y DECRETA LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES a favor del ciudadano YILSON JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ, venezolano, natural de Cumaná, de 19 años de edad, nacido en fecha 01/02/1992, casado, de profesión u oficio obrero, titular de cédula de identidad N° 24.878.907, residenciado en Campeche, calle 4, casa N° 22, cerca de Pescal, Estado Sucre, hijo de Solidaniel Gutiérrez y María Hernández. En consecuencia, líbrese la correspondiente boleta de libertad y remítase la misma, adjunto a oficio, al Destacamento No. 78 de la Guardia Nacional ejecutándose la misma desde esta misma sala de audiencias. Se acuerda continuar el proceso por la vía ordinaria. Se acuerda remitir la presente causa a la Fiscalía Primera del Ministerio Público a los fines de la prosecución de la fase preparatoria del proceso. Téngase por notificadas a las partes, en virtud que la presente decisión fue dictada en audiencia y conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. LA JUEZA CUARTA DE CONTROL, ABG. KARELINA ARENAS RIVERO LA SECRETARIA ABG. MARIANA MADRID ORTEGA