REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Ejecución - Cumaná Cumaná, 13 de Septiembre de 2010 200º y 151º ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2007-000651 ASUNTO : RP01-P-2007-000651 AUTO ACORDANDO PERMISO MEDICO PENADO: JEAN CARLOS ZACARIAS GUERRA. Visto el escrito que antecede (oficio N° DP4-223-10) suscrito por la Defensora Pública Penal ABG. OMAIRA GUZMAN, quien entre otras cosas expone: “…solicito de sus buenos oficios un permiso abierto para que mi representado sea trasladado con las seguridades del caso al Centro Hospitalario el día 23-11-2010 a los fines de que se le preste atención medica necesaria…”. Argumenta este petitorio la defensa, en normas de carácter constitucional. Consignado a tal efecto copia de recipe que ordena TAC facial 3D, para el referido día. Para decidir el pedimento de la defensa este Tribunal observa que establece el artículo 83 Constitucional “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. El artículo 51 de nuestra Carta maga prevé: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. Por otra parte cabe señalar que el estado debe preservar que la justicia se haga efectiva, para la garantía de una justicia y darle ese contenido como valor supremo del ordenamiento de al República como lo preconiza el artículo 2 de la misma constitución. Por su parte estable el artículo 19 constitucional establece: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen” En atención al pedimento de la defensa y al estar debidamente fundamentado el mismo, se considera ajustado a derecho la solicitud de la defensora pública; a tales efectos, este tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley ACUERDA CON LUGAR, el requerimiento de la defensora y en consecuencia se ordena librar oficio al Director del internado Judicial de esta ciudad, a los fines de que traslade con las estrictas seguridades que el caso amerita, al penado JEAN CARLOS ZACARIAS GUERRA, venezolano, de 21 años de edad, nacido 22-06-85, portador de la cédula de identidad N° V-17.212.655, soltero, de profesión charcutero, residenciado en Cantarrana, hacia el cerro, casa S/N, cerca de la Copita, de esta Ciudad de Cumaná, Estado Sucre, hacia el Centro Hospitalario el día 23-11-2010 a los fines de que se le preste atención medica necesaria. Notifíquese a las partes. Líbrese lo indicado. Cúmplase.-. EL JUEZ PRIMERO DE EJECUCIÓN, ABG. AULIO DURAN LA RIVA. EL SECRETARIO, ABG. GILBERTO FIGUERA.