REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, MARÍTIMO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE
DEMANDANTE: RUBEN LLOVERA PANZARELLI.
DEMANDADA: Sociedad Mercantil TOYOTA DE VENEZUELA, C.A.
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS.
Se inicia el presente juicio a través de demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS, recibida por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, (hoy Distrito Capital) en fecha 09 de Noviembre de 2005, interpuesta por el ciudadano RUBEN LLOVERA PANZARELLI, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.221.436, representado por los Abogados en ejercicio CARMINE ROMANIELLO y JOSE GREGORIO ROMANIELLO, inscritos en el IPSA bajo los Nros 18.482 y 97.265, respectivamente; en contra de la Sociedad de Comercio TOYOTA DE VENEZUELA C.A., inscrita en el Registro Mercantil DE LA Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 08-09-92, bajo el N° 79, Tomo I, Libro B-3, antes C.A TOCARS, inscrita en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito federal y Estado Miranda en fecha 08-12-57, bajo el N° 37, Tomo 36-A, y modificado el documento constitutivo estatutario en el registro Mercantil del Circuito Judicial del Estado Sucre en fecha 04-06-2001, bajo el N° 33, Tomo A-10 representada por su presidente, ciudadano ALFREDO BEHRENS REVERON, quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.178.796.
Se admite la demanda mediante auto de fecha 15 de Noviembre de 2005, y se ordena la citación de la demandada mediante boleta.
En fecha 17/11/2005, diligencia la parte actora asistida de Abogado, ratificando medida preventiva de embargo solicitada en el libelo de la demanda.
Cursa al folio 26 diligencia suscrita por la Apoderada Judicial de la parte actora, ampliamente identificada, consignando copias del libelo de la demanda y su auto de admisión para la elaboración de la compulsa correspondiente.
Asimismo, riela al folio 27 diligencia fechada 12/12/2005, suscrita por la parte demandante, mediante la cual consigna para ser agregada a los autos, Inspección Técnica Nº A050045, constante de cuatro (04) folios útiles, emitida por la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos “CANATAME” de fecha 17/10/05, realizada al vehículo marca Toyota, modelo Hilux, año 2005.
En fecha 14 de Marzo de 2006 comparece por ante ese Tribunal el Abogado Manuel Alfredo Rincón Suárez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nª 71.805, con el carácter de Apoderado Judicial de la Empresa Mercantil “Toyota de Venezuela, C.A”, consignando a tal efecto en original y copia para su certificación por secretaría, y asimismo se da por citado en la presente causa.
Cursa al folio 39 auto de fecha (15/03/2006), mediante el cual el Tribunal excita a las partes a fin de su comparecencia a las 12:00 m., del Segundo (2º) día de despacho siguiente, a fin de tener lugar el Acto Conciliatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 17 de Marzo, tuvo lugar el acto conciliatorio, haciéndose presente la representación judicial de ambas partes ante el Juez, no llegándose a conciliación alguna (ver folio 40).
Estando en la oportunidad de contestar la demanda, la Sociedad mercantil TOYOTA DE VENEZUELA, C.A., parte demandada presenta en diez (10) folios útiles escrito contentivo de las Cuestiones Previas previstas en los Ordinales 1° y 6° del artículo 346 del Código Adjetivo Civil.
Cursa al expediente en el folio 106, diligencia suscrita los Abogados CARMINE ROMANIELLO y MABEL CERMEÑO, inscritos en los Inpreabogado bajo los Nros. 18.482 y 27.128, respectivamente, mediante la cual consignan en cuatro (04) folios útiles Escrito de Contestación a las Cuestiones Previas.
La representación judicial de la Sociedad mercantil TOYOTA DE VENEZUELA, C.A., Abogados LISTNUBIA MENDEZ y MANUEL ALFREDO RINCÓN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 59.196 y 71.805, respectivamente, presentaron en 05 folios útiles, escrito que corre inserto a los folios 112, 113, 114 y 115 del expediente.
El Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia Interlocutoria y se pronunció con respecto a la Cuestión Previa a que se contrae el Ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento, declarándola Con Lugar, en fecha 02 de Octubre de 2006 ... (ver folios 178 al 183).
Cursa al folio 184 diligencia suscrita por la ciudadana MABEL CERMEÑO VILLEGAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 27.128, en su carácter de Apoderada de la parte demandada y a todo evento anunció Recurso de Regulación de Competencia.
El Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de Octubre de 2006, dictó auto acordando la notificación mediante boleta de la parte demandada, por cuanto la sentencia interlocutoria dictada en fecha 02 de Octubre de 2006, fue pronunciada fuera del lapso legal (ver folios 185, 186 y 187).
En fecha 08 de Noviembre de 2006, diligencia la Abogada CARMINE ROMANIELLO, en su carácter acreditado en autos, de Apoderada Judicial de la parte actora y expone que recibe en esa fecha boleta de notificación y oficio N° 2649 dirigido al Juzgado del Municipio Sucre, con sede en Cumaná de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a los fines de la practica de la notificación.
Cursa al folio 189, diligencia suscrita por el Abogado Manuel Alfredo Rincón, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada, quien entre otras cosas solicita se declare la Perención de la Instancia de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
El Tribunal se pronuncia mediante auto cursante al folio 191, mediante el cual le señala a la parte demandada, que se abstiene de pronunciarse con respecto a la Perención de la Instancia solicitada, toda vez que el declaró con lugar la Cuestión Previa a que se refiere el Ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en tal virtud niega la solicitud de perención.
Riela al folio 193 auto del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual ordena remitir las copias certificadas correspondientes al Tribunal de Alzada, toda vez que, la parte demandada se dio por notificada de la decisión interlocutoria pronunciada, a los fines de que conozca de la Regulación de Competencia planteada por la representación Judicial de la parte actora.
Cursa al expediente, en copias certificadas sentencia pronunciada por el Tribunal de Alzada, que declara competente para conocer del presente juicio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
El Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto en fecha 16 de Julio de 2008, remitiendo la causa al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en virtud de ser el competente para seguir conociendo la presente causa, dando así cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas. (Ver folio 219).
Recibida la presente causa, en fecha 14 de Enero de 2009, a través de la distribución de turno, en virtud de la regulación de Competencia planteada por la representación judicial de la parte demandada.
En fecha 20 de Julio de 2009, este Tribunal le da entrada al presente expediente, mediante auto que corre inserto al folio 222. Asimismo la Juez provisoria de este Despacho se avoca al conocimiento de la presente causa, mediante auto fechado 20/07/2009 (ver folio 223).
El Juez temporal de este Despacho Abogado EDGAR JOSE VALLEJO JIMÉNEZ, mediante auto dictado en fecha 22 de Febrero del presente año, se avoca al conocimiento de la presente causa (ver folio 230).
En fecha 22 de Febrero de 2010, el Abogado Gustavo José Álvarez Rodríguez, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.903, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Rubén José Llovera Panzarelli, presentó en cuatro folios útiles escrito, mediante el cual en síntesis hace un recorrido por las actuaciones ocurridas en el expediente.
Asimismo en fecha 26 de febrero de 2010, este Órgano Jurisdiccional dicta auto, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 511 ejusdem, fijando la oportunidad para que las partes presenten sus informes.
De igual manera, este Tribunal dijo “vistos” y se reservó el lapso legal para decidir, mediante auto de fecha 23 de Marzo de 2010.
Asimismo, riela al folio 237, diligencia suscrita por el Abogado en ejercicio CARLOS URBINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.863, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada mediante la cual solicitó la reposición de la causa al estado que sea decidida la Cuestión Previa opuesta por la parte demandada en el Capitulo II del correspondiente escrito, la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 26 de Febrero de 2010, así como sea declarada la Perención de la instancia.
El Tribunal en fecha 24 de Mayo de 2010, a través de sentencia interlocutoria ordenó la reposición de la causa al estado de que este Tribunal se pronuncie con respecto a la Cuestión Previa a que se refiere el Ordinal 6°del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la representación Judicial de la parte demandada, por ante el Tribunal Segundo de primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y consecuencialmente la nulidad de todo lo actuado en el expediente posterior al auto de fecha 22 de Febrero de 2010, cursante al folio 230, mediante el cual el Juez Temporal de este Despacho se avocó al conocimiento de la presente causa
El Tribunal para decidir observa:
Se evidencia de la revisión efectuada a las actuaciones cursantes en el presente expediente, que la parte demandada, a través de su Apoderado Judicial Abogado MANUEL ALFREDO RINCÓN SUAREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 71.805, presenta diligencia cursante al folio 189, de fecha 22 de Noviembre de 2007, donde entre otras cosas aduce lo siguiente:
“Tomando en consideración que en el presente expediente ha transcurrido un periodo de un (01) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes, en nombre de mi representada, solicito respetuosamente de este Tribunal, se sirva declarar la perención de la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil...”
Asimismo, en fecha 19 de Mayo de 2010, compareció por ante este Tribunal el Abogado CARLOS URBINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.863, en su carácter acreditado en autos y solicitó que sea decidida la solicitud de declaratoria de perención que cursa al folio 189 al 191 del expediente.
De igual manera se evidencia de autos, que efectivamente la presente causa estuvo paralizada desde el 08 de Noviembre de 2006, fecha en la cual la representación judicial de la parte actora, Abogada CARMINE ROMANIELLO, ampliamente identificada en autos, diligencia aduciendo haber recibido boleta de notificación y oficio N° 2649 dirigida al Juez del Municipio Sucre, con sede en Cumaná hasta el 22 de Noviembre de 2007, fecha en la cual se recibe y consigna diligencia presentada por el Abogado MANUEL ALFREDO RINCÓN SUAREZ, en su carácter de autos, de Apoderado Judicial de la parte demandada y solicita al Tribunal decrete la perención de la instancia.
Ahora bien, la perención, al igual que el desistimiento, el convenimiento y la conciliación, son medios anormales de terminación del proceso, por oposición a la sentencia que se pronuncia sobre el mérito de la acción, que es el modo normal de conclusión de la litis.
Por cuanto, la perención es la extinción de la instancia fundamentado, en la presunción iuris et de iure de abandono de la instancia por falta de impulso procesal durante el tiempo establecido en la ley.
La perención es una institución procesal de la instancia, la cual define el maestro RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, como:
“La presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los Jueces deberes de cargo innecesario”.
Por su parte, Chiovenda indica:
“Después de un período de inactividad procesal.., el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.”
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé la PERENCION DE LA INSTANCIA, cuando establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.”
De la norma parcialmente transcrita, se desprende que para la procedencia de la misma, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) la existencia de una instancia;
2) que exista inactividad procesal de la parte actora y
3) el transcurso del tiempo determinado previsto por la ley.
De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “perención anual”:
1) Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa.
2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del actor procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares.
3) No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia.
4) La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” Debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones..:”
Y asimismo, la doctrina señala que la perención es un medio de terminación del proceso fundamentado en la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio derivada de la falta de impulso procesal, dentro del término señalado en la propia ley, por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de obligaciones o cargas procesales típicas y propias de los actos de procedimiento. En ese sentido, para el derecho venezolano, advierte Arístides RENGEL-ROMBERG, señalando los elementos comunes que caracterizan la perención, es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
Luego de lo cual, al referirse a la materialización de la perención señala que la inactividad debe estar referida a las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.
De manera que, para el derecho venezolano, cuando el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil señala que la instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, entonces, a criterio de este Juzgador, ello significa, tal cual como aparece evidente del significado de sus propias palabras, que la inactividad a la cual se refiere la ley capaz de procurar la extinción de la instancia está referida a la pasividad que puedan observar las partes en el cumplimiento de obligaciones o actos de procedimiento referidos a las partes, y en modo alguno, esta pasividad, vale decir, la falta de intención de impulsar el proceso, puede serle atribuida al Sentenciador de la causa como supuesto determinante para que opere la perención.
Siendo así, a juicio de quien decide, lo antes dicho obliga a que necesariamente tengan que ser conjugadas las circunstancias que aquí se han hecho referencia para que tenga lugar la materialización de la perención, vale decir, en primer lugar, inactividad procesal a cargo de las partes integrantes de la relación procesal y, por último, la connotación de acto de procedimiento que debe revestir el acto procesal realizado por una cualquiera de las partes en litigio para que sea susceptible de haber evitado la consumación de la perención.-
Y en el entendido, que la inactividad debe estar referida a las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realiza, pero no del juez, forzoso es concluir con que, no existe posibilidad de decretar la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional.
Por otra parte, Nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha ampliado el criterio sobre esta institución, plasmándolo de una manera clara, en sentencia del 25 de Febrero de 2004 (T.S.J.-Casación Civil) Inversiones Caraqueñas, S.A. contra cauchos La Castellana, C.A., y otro, en los términos siguientes:
“...(omissis). La regla legal transcrita impone una sanción de perención de la instancia por falta de actividad de las partes durante el transcurso de un año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, que debe conducir a la sentencia que resuelva la controversia planteada. En el caso de las perenciones breves, no se puede considerar que exista tal abandono del proceso, sino falta de cumplimiento de los deberes legales que la ley impone para lograr la citación. En uno u otro supuesto, por ser la norma analizada de carácter sancionatorio, no es susceptible de interpretación extensiva o analógica…
…Para declarar la perención no solo es necesario verificar el simple transcurso del tiempo, sino también es relevante analizar en cabeza de quien estaba el impulso del proceso, si de las partes o del Tribunal… (Sic)”
En este mismo orden de ideas, el máximo Tribunal de la República ratifica el citado criterio jurisprudencial en Sentencia N° 17 de fecha ocho de marzo 2005 (TSJ. Sala de Casación Civil) dictada en el caso Julio Millán Sánchez Vs. Publicidad Vepaco, C.A. que se transcribe parcialmente a continuación.
“…En ese sentido se entiende como tal, a la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio.
Este Instituto procesal encuentra justificación en el Interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, ya objeto de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en el ejercicio de administrar justicia; y en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso…
…Omisis…
Esta norma precisa que la perención se interrumpe por un acto de procedimiento de parte…”
Por otra parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
“La Perención se verifica de derecho y no puede ser renunciable por las partes.
Puede declarase de oficio por el Tribunal (..)”
Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente se constata: que efectivamente la presente causa estuvo paralizada desde el 08 de Noviembre de 2006, fecha en la cual la representación judicial de la parte actora, Abogada CARMINE ROMANIELLO, ampliamente identificada en autos, diligencia aduciendo haber recibido boleta de notificación y oficio N° 2649 dirigida al Juez del Municipio Sucre, con sede en Cumaná hasta el 22 de Noviembre de 2007, fecha esta en que se recibe y consigna diligencia presentada por el Abogado MANUEL ALFREDO RINCÓN SUAREZ, en su carácter de autos, de Apoderado Judicial de la parte demandada y solicita al Tribunal decrete la perención de la instancia; y siendo que se desprende que, no hubo actuación alguna durante este período de tiempo, destinada a impulsar el presente proceso, con lo que se evidencia en el caso sub-iudice que el periodo de inactividad de la parte demandante superó en demasía los lapsos establecidos en el artículo 267 de nuestro Código adjetivo, y por cuanto, este instituto procesal opera de pleno derecho, constituye una formalidad que no puede ser obviada por el sentenciador, a menos que atente contra el orden público o que la misma ley impida tal declaratoria, ello en virtud, de que si bien es cierto, que el proceso constituye el instrumento idóneo para la consecución de justicia, la exagerada relajación de las formas procesales puede llevar generalmente a injusticias de connotaciones mas importantes que las que se persiguen con la misma, llegando inclusive a situaciones de extremos; y, siendo que esta etapa del juicio, constituye una carga procesal para la parte actora, quien debe impulsar la practica de las citaciones ordenadas; en consecuencia, al cumplirse los supuestos exigidos en la ley, es decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal acarrea la extinción del proceso a partir que ésta se produce y no desde la declaratoria del juez, que solo viene a reconocer un hecho jurídico acaecido con posterioridad.
Y siendo que, este juzgador considera importante destacar, que la aplicación de institutos procesales como la perención de la instancia en cualquiera de sus grados, no vulnera la tutela judicial consagrada en nuestra Constitución vigente, por cuanto, si el proceso constituye materia de orden público, la obligación del Estado es facilitar el libre acceso a la justicia y oportuna respuesta en la resolución de las causas sometida a su cognición, no el deber de asumir el interés procesal de las partes. ASI SE DECIDE.
Y por cuanto, la perención tiene como fundamento evitar la litigiosidad de las causa cuando no medie un interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en el íter procesal, en virtud de la cual según Jurisprudencia del Máximo Tribunal restablecida la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
Y siendo que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 269 eiusdem, la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse, aún de oficio por el Tribunal, e igualmente, por cuanto el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil señala que los jueces deben procurar acogerse a la doctrina de Casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, este operador de justicia considera perfectamente aplicable al caso bajo estudio tal jurisprudencia in comento. Y ASÍ SE DECIDE.
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en la causa distinguida con el N° 7029.09, contentiva del Juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS intentó el ciudadano RUBEN LLOVERA PANZARELLI, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°3.221.436, representado por sus Apoderados Judiciales CARMINE ROMANIELLO y JOSE GREGORIO ROMANIELLO, Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 18.482 y 97.265 respectivamente; contra la Sociedad mercantil TOYOTA DE VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil DE LA Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 08-09-92, bajo el N°79, Tomo I, Libro B-3, antes C.A TOCARS, inscrita en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito federal y Estado Miranda en fecha 08-12-57, bajo el N° 37, Tomo 36-A, y modificado el documento constitutivo estatutario en el registro Mercantil del Circuito Judicial del Estado Sucre en fecha 04-06-2001, bajo el N° 33, Tomo A-10 representada por su presidente, ciudadano ALFREDO BEHRENS REVERON, quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.178.796, representado en autos por los Abogados MANUEL ALFREDO RINCÓN SUAREZ, CARLOS URBINA, ALFREDO RAMOS Y JOANNA RODRÍGUEZ, Abogados en ejercicio, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 71.805, 83.863, 13.461, y 93.824 respectivamente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas por la naturaleza del pronunciamiento que se recoge en la presente decisión.
Se ordena la notificación de la presente decisión a la parte actora, mediante boleta, libradas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boleta de notificación respectiva.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de esta decisión conforme a los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los Veintisiete (27) días del mes de Mayo de Dos Mil Diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151°de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,
Abog. EDGAR J. VALLEJO JIMÉNEZ
LA SECRETARIA TITULAR,
Abog. ROSELY PATIÑO RODRIGUEZ
Nota: En esta misma fecha, siendo la Diez y Treinta de la mañana (10:30 a.m.), previo el anuncio de la ley a las puertas del Tribunal, se publicó la anterior sentencia.
LA SECRETARIA TITULAR,
Abog. ROSELY PATIÑO RODRÍGUEZ
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA
MATERIA: CIVIL ESPECIAL ORDINARIO
EXP. Nº 7029.09
EJVJ/bmda
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