REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones Penal – Cumaná
Cumaná, 26 de Julio de 2010
200º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2009-005587

ASUNTO : RP01-R-2010-000048



Visto el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RAFAEL LATORRE CACERES, en su carácter de Defensor Privado , contra decisión dictada en fecha 02 de Marzo de 2010, por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Sede Cumaná, mediante la cual ADMITIÓ LA ACUSACIÓN Y LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO; DECLARÓ LA EXTEMPORANEIDAD DEL ESCRITO DE EXCEPCIONES PROPUESTO Y SIN LUGAR LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD al ciudadano KENSIE JOSÉ SOTILLO SOMOSA, en la causa que se le sigue por la presunta comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR Y APROPIACIÓN DE BIENES EN RESGUARDO PÚBLICO en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.-

Recibidas estas actuaciones se dio cuenta de ello al Juez Presidente, correspondiendo la ponencia por distribución automática al Juez Superior OMAR ARTURO SULBARÁN DÁVILA, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, y quien antes de decidir observa:

FUNDAMENTO DEL RECURRENTE

Al analizar el contenido del Recurso de Apelación interpuesto por el abogado RAFAEL LATORRE CACERES, se puede observar que el mismo se sustenta en las previsiones de los artículos 447 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal.

Señala el recurrente que, las decisiones dictadas por el Tribunal Aquo, producen gravamen irreparable a su representado, por cuanto en ningún momento fue notificado de las convocatorias a la Audiencia Preliminar y que solamente conoció de la misma por vía telefónica de parte del progenitor de su representado. Asimismo señala que una vez presentado el escrito acusatorio, acudió en varias oportunidades hasta la sede del Circuito Judicial Penal, a los fines de obtener copias simples de las actas de investigación para poder ejercer a cabalidad la defensa de su representado, siendo nugatorias las diligencias para obtenerlas, y solo fue el lunes 25 de enero del presente año que les fueron suministradas las copias simples, pero solo de la acusación porque era imposible que se le suministrara la totalidad de las actas; es por ello que el mismo día de la Audiencia Preliminar, presentó escrito de contestación y excepciones.

Por otra parte arguye el recurrente que tales excepciones las planteó, por falta de exigencia de formalidad, por cuanto no se encuentra acreditada en forma alguna en las actas de investigación la titularidad ni procedencia de las supuestas motos descritas en la Inspección Técnica y en los Dictámenes Periciales.

El recurrente indica que solicitó a la Juez A quo, desechar la acusación dado que el Ministerio Público, debió motivar y expresar las razones de hecho y de derecho, con base en las cuales consideraba que las diligencias de investigación recabadas son suficientes para formular una acusación por la comisión de los dos delitos relacionándolas concatenadamente con los hechos acaecidos y con los sujetos involucrados; alega a su vez, que solicitó la nulidad del acto conclusivo, y en un supuesto negado, opuso una excepción a la acción promovida ilegalmente, asimismo solicitó una medida cautelar sustitutiva menos gravosa a la privativa, dado que no se encuentran llenos los extremos para que se mantenga la misma.

Igualmente arguye que la recurrida no se pronunció sobre el cambio de calificación, sosteniendo la misma que no fue alegada expresamente la solicitud, debiendo pronunciarse sobre el cambio de calificación propuesto que era evidentemente ostensible, cercenando a su representado la posibilidad de acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos.

Considera la defensa que la Juez A quo, al no configurar las nulidades expuestas, y desestimar por extemporáneo el escrito de excepciones propuestas, obvió su deber ineludible de hacer justicia e indagar basado en las reglas de la lógica y adoptó la decisión de acoger unos medios de pruebas carentes de valor, que lesionan los derechos de su representado; estima que es improcedente en cuanto a derecho la declaratoria de Inadmisibilidad por extemporáneo del escrito de excepciones, por cuanto no fue notificado de la convocatoria a ninguna de las audiencias.

Finalmente solicita a la Corte de Apelaciones, declare CON LUGAR el presente recurso de apelación, anule el acto recurrido y ordene la celebración de una nueva audiencia preliminar con Juez distinto de que la dictó (sic) la decisión recurrida.


DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

Notificado como fue la Fiscal Segundo del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, esta dio contestación al mismo en los siguientes términos:

En cuanto a los argumentos sostenidos por la defensa, esta representante del Ministerio Público considera que los mismos no tienen fundamentación alguna, toda vez que comparte el Ministerio Público decisión tomada en fecha 02-03-2010 emanada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control según asunto RP01-P2009-005587, mediante el cual declaro improcedente las solicitudes planteadas por el recurrente en la audiencia preliminar las cuales interpusiese en nombre de su representado, mas aun, cuando el recurrente pretendía que le fuese admitido un escrito de promoción de pruebas, en contravención a lo que establece el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser interpuestas las mismas de manera extemporáneas, toda vez que las mismas deben ser promovidas por lo menos cinco días antes de celebrarse la audiencia preliminar.

Ahora bien en cuanto a lo manifestado por el recurrente, de no haber estado debidamente notificado para la celebración de la Audiencia Preliminar, cabe destacar y no debemos olvidar la citación tácita que establece la ley, todo ello por cuanto el mismo recurrente afirma haberse enterado por un familiar del imputado de causa, no compartiendo quien aquí suscribe el criterio del recurrente en que tal circunstancia deja en estado de indefensión a su auspiciado.

Considera esta Representación Fiscal no ajustados a derecho los argumentos de la defensa en el recurso interpuesto, pues el mismo tuvo acceso a copias de las actuaciones (acusación), y con ella la oportunidad de ejercer su defensa técnica dentro del marco legal. Siendo ajustada a derecho la decisión emanada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción del Estado Sucre. No como lo pretende hacer ver la defensa en su recurso carente de fundamentos.

Por todos los razonamientos expresados esta Fiscalia Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, solicita que el presente recurso sea declarado SIN LUGAR, por no estar sus argumentos amparados ni patentizados por el derecho. Consecuencialmente, por ser un acto ajustado a derecho, CONFIRME el pronunciamiento de fecha 02-03-2010, dictado con motivo del recurso interpuesto por el Abg. ALBERTO LATORRE CAURES, defensor privado, del imputado KENSIE JOSÉ SOTILLO SOMOSA.



DE LA DECISIÓN RECURRIDA


En fecha 02-03-2010, el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Sede Cumaná, dictó decisión y entre otras cosas expone:

“OMISSIS”
Este Tribunal Primero de Control, Administrando Justicia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, pasa hacer el siguiente pronunciamiento, en cuanto al punto previo, considera esta juzgadora que en torno a la nulidad expuesta por la defensa no se configura dichas nulidades expuestas en contra de la acusación fiscal, por haber cumplido a cabalidad la fiscalía con los requisitos exigido en el art. 326 del COPP; asimismo no se configura lo previsto en los arts. 190 y 191 del COPP, en cuanto a las nulidades relativas y absolutas. Alega la defensa a los fines de solicitar la nulidad que en cuanto a la promoción de los testigos, del ministerio público, son inútiles e impertinente, tal alegato esta juzgadora no puede diluir dicha incertidumbre porque será en juicio que se deba debatir; asimismo considera esta juzgadora en canto a lo alegado por la defensa del hecho que para su defendido KENSIE JOSE SOTILLO SUMOSA, existe la imputación de dos tipos penales y es por lo que a criterio de él lo deja indefenso, pudiendo la defensa solicitar un cambio de calificación o la desestimación de uno de los tipos penales, si consideraba que tal calificación dada por la fiscalía en el escrito acusatorio no se encontraba ajustada a derecho. No atacar dicha situación por vía de nulidad. Es por lo que e consecuencia, se declara sin lugar la utilidad opuesta por la defensa en este acto. En cuanto a las excepciones, promovidas por la defensa, considera esta juzgadora que de conformidad con lo previsto en el art. 328 del COPP, es facultad y carga de las partes hasta cinco días antes de la celebración de la Audiencia Preliminar, promover pruebas, excepciones u oposiciones en contra de la acusación fiscal, en tal sentido observa esta juzgadora que el escrito promovido por la defensa tiene fecha de 02-03-2009, es por lo que considera que el mismo debe ser desestimado por ser extemporáneo y declarado sin lugar dicho pedimento. Es por lo que se resuelve declarar sin lugar, la excepción opuesta por la defensa conforme a los previsto ene. Art. 328 numeral 4 del COPP. Ahora bien, e cuanto a la acusación fiscal, por parte de la Fiscal Segunda del Ministerio Público, oído a los imputados y los alegatos de la defensa, Este Tribunal Primero de Control, Administrando Justicia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, pasa hacer el siguiente pronunciamiento, PRIMERO: Se Admite Totalmente la ACUSACION FISCAL, presentado por la Fiscalía 2° del Ministerio Público, en contra de los imputados KENSIE JOSE SOTILLO SUMOSA, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 13.631.117, natural de esta ciudad, de 32 años de edad, de estado civil soltero, Funcionario del C.I.C.P.C., con la jerarquía de Detective, credencial Nº 29.595, adscrito a la Subdelegación Guiria, residenciado en el Barrio Brasil de esta ciudad, Sector 02, Vereda 79, Casa N° 14, de esta ciudad, a quien se imputa la presunta comisión de los delitos de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 3 primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo automotor y el delito CONTRA EL PATRIMONIO PUBLICO, previsto y sancionado en el Artículo 52 y artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción; y para la ciudadana MARIA FRANCIA GUEVARA LICET, venezolana, titular de la cedula de identidad N° 19.537.225, natural de esta ciudad, de 19 años de edad, de estado civil soltera, nacida en fecha 30/07/1990, de ocupación estudiante, residenciada en la Calle Pinto Salinas del sector Cascajal viejo, casa numero 27 de esta ciudad, a quien se imputa la presunta comisión del delito de Desvalijamiento de Vehículo Automotor en la figura de coautor, previsto y sancionado en el Artículo 3, primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo Automotor y CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO, a quien se imputa la presunta comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 3, primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo Automotor; por encontrarse llenos los extremos del articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y por desprenderse de las actas procesales fundamentos serios para enjuiciar públicamente a los señalados imputados, queda de esta manera desestimada la solicitud de la defensa en cuanto a la revisión de la Medida Privativa de Libertad, por cuanto no han variado tales circunstancias que dieron origen a la privación. SEGUNDO: En cuanto a las pruebas ofrecidas por la representación fiscal, las mismas se admiten por ser necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de este hecho tal y como aparecen descritas e el escrito acusatorio. Igualmente, en virtud del Principio de la Comunidad de la prueba es parte del proceso y de las partes las pruebas promovidos solamente por la fiscalía. En cuanto a la solicitud de la defensa de la revisión de la medida, en primer lugar las circunstancias que motivaron el origen de la privación de libertad no han variado, es por lo que se declara sin lugar la solicitud de la defensa, es por ello que se acuerda mantener la medida de coerción personal recaída hasta la fecha sobre los imputados de autos. TERCERO: Una vez admitida la acusación, la juez advierte a los acusados KENSIE JOSE SOTILLO SUMOSA, MARIA FRANCIA GUEVARA LICET, y CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO, de acuerdo al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, respecto a los procedimientos por admisión de los hechos, los cuales manifestaron por separado y a viva voz, sin coacción alguna lo siguiente, MARIA FRANCIA GUEVARA LICET, si admito los hechos; CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO, si admito los hechos; KENSIE JOSE SOTILLO SUMOSA, no admito los hechos. Vista la admisión de los hechos planteada por los ciudadanos MARIA FRANCIA GUEVARA LICET y CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO, se le concede la palabra a la defensa, quien exponen: Ciudadana juez solicito a este tribunal tome en consideración tanto para mi representada se le tome en consideración que nunca ha incurrido e otro delito, nunca ha estado detenida y la edad de la misma y con respecto a Carlos Rodríguez, igualmente nunca ha estado detenido, tiene 23 años, trabaja. Es todo. Seguidamente el Fiscal expone: Ya que las Medidas Alternativas son potestativas del Tribunal, solicito al Tribunal se ajuste a lo establecido en la norma legal. Es todo. En este estado este Tribunal dicta auto de apertura a Juicio e contra del ciudadano KENSIE JOSE SOTILLO SUMOSA, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 13.631.117, natural de esta ciudad, de 32 años de edad, de estado civil soltero, Funcionario del C.I.C.P.C., con la jerarquía de Detective, credencial Nº 29.595, adscrito a la Subdelegación Guiria, residenciado en el Barrio Brasil de esta ciudad, Sector 02, Vereda 79, Casa N° 14, de esta ciudad, a quien se imputa la presunta comisión de los delitos de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 3 primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo automotor y el delito CONTRA EL PATRIMONIO PUBLICO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción; se emplaza a las partes para que concurren a la fase de juicio, y que se remita la presente causa. En cuanto al procedimiento especial de admisión de los hechos efectuado por los ciudadanos CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO y MARIA FRANCIA GUEVARA LICET, conforme al art. 376 del Código Penal pasa a calcular la pena de la manera siguiente; el Fiscal acuso por el delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 3 primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo automotor, delito este que su pena oscila de 4 y 8 años de prisión; conforme a la aplicación del art. 37 del Código Penal, la pena a imponer es de 6 años de prisión, tomando en consideración las atenuantes conforme al art. 74 numerales 1 y 4 para la ciudadana MARIA FRANCIA GUEVARA LICET y numeral 4 para el ciudadano CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO, por cuanto la primera de ella, cuenta con 18 años de edad y es menor de 21 años y para ambos no cuentan con antecedentes penales, baja el limite para 4 años, de conformidad con el art 376 del CP, baja la pena a imponer a la mitad, es decir, DOS (02) AÑOS DE PRISIÓN, finalmente observa quien aquí decide que la ciudadana MARIA FRANCIA GUEVARA LICET, se encuentra sometida a la medida cautelar conforme al art. 256 numeral 1 del COPP, consistente en arresto domiciliario con apostamiento policial; esta juzgadora vista la admisión de los hechos así como la sentencia condenatoria hace cesar la misma, por cuanto no se hace necesaria, toda vez que para las medidas cautelares, su finalidad es asegurar las resultas del proceso, es por lo que en este estado ya no se hacen necesarias por cuanto la presente decisión, pone fin al proceso para la ciudadana MARIA FRANCIA GUEVARA LICET. Asimismo se mantiene la medida privativa de libertad en contra del ciudadano CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO. Es por todo lo antes expuesto que este Tribunal Primero de Control, Administrando Justicia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, ordena abrir el Juicio Oral y Publico en contra del acusado KENSIE JOSE SOTILLO SUMOSA, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 13.631.117, natural de esta ciudad, de 32 años de edad, de estado civil soltero, Funcionario del C.I.C.P.C., con la jerarquía de Detective, credencial Nº 29.595, adscrito a la Subdelegación Guiria, residenciado en el Barrio Brasil de esta ciudad, Sector 02, Vereda 79, Casa N° 14, de esta ciudad, a quien se imputa la presunta comisión de los delitos de DESVALIJAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el Artículo 3 primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo automotor y el delito CONTRA EL PATRIMONIO PUBLICO previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción; conforme a lo previsto en el articulo 331 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente se dicta sentencia condenatoria en contra de los ciudadanos MARIA FRANCIA GUEVARA LICET, venezolana, titular de la cedula de identidad N° 19.537.225, natural de esta ciudad, de 19 años de edad, de estado civil soltera, nacida en fecha 30/07/1990, de ocupación estudiante, residenciada en la Calle Pinto Salinas del sector Cascajal viejo, casa numero 27 de esta ciudad, a quien se imputa la presunta comisión del delito de Desvalijamiento de Vehículo Automotor, previsto y sancionado en el Artículo 3, primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo Automotor y CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BRITO, a quien se imputa la presunta comisión del delito de Desvalijamiento de Vehículo Automotor en, previsto y sancionado en el Artículo 3, primer aparte de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo Automotor; a cumplir la pene de DOS (02) AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de Ley. Pena que cumplirán aproximadamente 02-03-2012. Se acuerda la creación del cuaderno separado para la remisión a la fase del juicio en cuanto al ciudadano KENSIE JOSE SOTILLO SUMOSA.



RESOLUCIÓN DEL RECURSO

Analizado como ha sido el presente Recurso de Apelación esta Corte pasa a revisar las actuaciones cursantes en el presente asunto y a tal efecto encontramos lo siguiente:

Ante los alegatos esgrimidos por el recurrente, es obligación de esta Alzada realizar la revisión del contenido de las actas procesales y las denuncias traídas a nuestro conocimiento, toda vez que como Jueces Constitucionales se ha de velar por el cumplimiento de los principios inherentes al debido proceso, a una tutela judicial efectiva, a los derechos y cargas procesales que asisten a las partes procesales.

Ahora bien, revisadas como han sido el contenido de las actas procesales remitidas a esta Corte de Apelaciones, se observa que el recurrente no fue notificado de la convocatoria a la Audiencia Preliminar. Esto puede apreciarse del acta levantada por secretaría con motivo al diferimiento de la Audiencia Preliminar en fecha 09/02/2010 cursante al folio 268 y 269 de la PRIMERA PIEZA PROCESAL, en la cual se dejó constancia de la incomparecencia del hoy recurrente, a pesar de haber sido libradas las respectivas Boletas de Notificación (ver folio 265); fijándose nueva oportunidad para dicha celebración para el día 02/03/2010.


Ahora bien, del cuerpo íntegro del presente asunto no riela resultas de las Boletas de Notificación libradas al abogado Rafael Latorre, y ante esa ausencia en fecha 02/07/2010 –previa solicitud- esta Corte de Apelaciones recibió información mediante oficio No. 1C-10206-2010, proveniente del Juzgado A quo, en el cual se indica que hasta la fecha de remisión del asunto principal a la Unidad de Jueces de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Sucre – Sede Cumaná, no habían consignación de resultas de las referidas boletas de notificación. Circunstancias que refuerzan los argumentos emitidos por el recurrente.



El artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

Artículo 327 Audiencia Preliminar ….
Presentada la acusación el Juez o Jueza convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de quince días ni mayor de veinte. En caso de que hubiere que diferir la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podar exceder de diez días. (subrayado nuestro)


Aunado a lo anterior, el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal establece la oportunidad procesal para oponer excepciones previstas en la ley penal adjetiva, de la siguiente manera:


Artículo 328. Facultades y cargas de las partes. Hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado, podrán realizar por escrito los actos siguientes:

1. Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;



Este Tribunal Colegiado observa, que ante la imposibilidad de ser notificado el defensor privado, se visualiza que el mismo fue sorprendido ante la celebración de la Audiencia Preliminar, conllevándolo a presentar el mismo día el escrito de contestación y oposición de excepciones, lo que implica una flagrante violación al debido proceso en lo que respecta al derecho a la defensa.

El artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, rige el citado derecho constitucional, de la manera siguiente:


Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.(subrayado nuestro)

Se desprende del acápite anterior que para ejercer una defensa adecuada las partes y su abogado de confianza deben contar con el tiempo necesario para ello, y en tal sentido, el Código Orgánico Procesal Penal, establece los lapsos para llevar a cabo cada uno de sus actos.

En consecuencia, tales circunstancias se ajustan al contenido del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual prevé la procedencia de las Nulidades Absolutas, ante la violación de derechos y garantías fundamentales, de la siguiente manera:


Artículo 191. Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.(subrayado nuestro)


Como se observa, en el estudio del caso de marras se desprende y se constata una violación al debido proceso en lo que respecta al derecho a la defensa, pues el recurrente no fue debidamente notificado para acudir a la Audiencia Preliminar, incumpliéndose lo preceptuado en el citado artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que sin lugar a dudas, le asiste la razón al recurrente en el presente asunto, siendo lo procedente y ajustado a derecho declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia se ANULA la decisión recurrida conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por la violación al debido proceso en lo que respecta al derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se ORDENA reponer la presente causa a la Fase Intermedia a los fines que se notifique a las partes y se realice nueva Audiencia Preliminar por ante un Juez distinto al que dictó la decisión anulada, debiendo dictar el pronunciamiento correspondiente, esto de conformidad con el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.-


D E C I S I Ó N

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RAFAEL LATORRE CACERES, en su carácter de Defensor Privado, SEGUNDO: Se ANULA de conformidad con el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal la decisión dictada en fecha 02 de Marzo de 2010, por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Sede Cumaná, mediante la cual ADMITIÓ LA ACUSACIÓN Y LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO; DECLARÓ LA EXTEMPORANEIDAD DEL ESCRITO DE EXCEPCIONES PROPUESTO Y SIN LUGAR LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD al ciudadano KENSIE JOSÉ SOTILLO SOMOSA, en la causa que se le sigue por la presunta comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR y APROPIACIÓN DE BIENES EN RESGUARDO PÚBLICO en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; TERCERO: se ORDENA reponer la presente causa a la Fase Intermedia a los fines que se notifique a las partes y se realice nueva Audiencia Preliminar por ante un Juez distinto al que dictó la decisión anulada, debiendo dictar el pronunciamiento correspondiente, Todo de conformidad con los artículos 191, 196, 434, 447, 450 del Código Orgánico Procesal Penal y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-

Publíquese Regístrese y Remítase al Tribunal A quo a quien se comisiona a los fines que libre las notificaciones a las partes, proceda a su redistribución y darle cumplimiento al contenido de la decisión.
El Juez Presidente,

Abg. SAMER ROMHAÍN MARÍN
La Juez Superior,

Abg. CECILIA YASELLY FIGUEREDO

El Juez Superior, (Ponente)

Abg. OMAR ARTURO SULBARÁN DÁVILA
El Secretario

Abg. LUIS A. BELLORIN MATA.


Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que antecede.
El Secretario


OASD/EDG.-