REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE EXTENSIÓN CARÚPANO TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL Carúpano, 27 de Enero de 2010 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2009-002711 ASUNTO: RP11-P-2009-002711 SENTENCIA INTERLOCUTORIA NEGANDO SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD Visto el escrito presentado por la Abg. Ubencia Miguelina Quijada Sucre, en su carácter de Defensora Pública de los ciudadanos Josué Alberto Ordaz Rodríguez y Jairo José Carreño, de fecha 25-01-2010, mediante el cual solicita se Acuerde la Revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una Medida Menos Gravosa a favor de sus defendidos, de conformidad con el artículo 264 en concordancia con el artículo 256 ordinal 3°; este Tribunal Cuarto de Control pasa a resolver tal solicitud en los términos siguientes: Primero: La Defensa en su escrito invoca a favor de sus defendidos, los Fundamentos Jurídicos contenidos en el artículo 7 ordinales 5° y 6° de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y en el artículo 49 ordinal 4° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así mismo, señala que en virtud de estos fundamentos y solo con ellos, debe proceder su solicitud, por lo que solicita se acuerde la Revisión de la Privación Judicial de Libertad por una Medida Menos Gravosa, de conformidad con el artículo 264 en concordancia con el artículo 256 ordinal 3° ambos del Código Orgánico Procesal Penal, a favor de sus defendidos Josué Alberto Ordaz Rodríguez y Jairo José Carreño. En tal sentido quien decide observa: De la revisión de la causa se observa, que por auto de fecha 14-12-2009, se decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los imputados Josué Alberto Rodríguez y Jairo José Carreño, por encontrarse suficientes y fundados elementos de convicción en contra de los mismos como autores o participes del delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 en su tercer y último aparte de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de La Colectividad, para el cual se establece una importante sanción corporal que oscila entre los cuatro (04) y seis (06) años de prisión, ante este tipo de delito, considerado como uno de los más graves y de Lesa Humanidad por Nuestro Máximo Tribunal, y surge por Ley la posibilidad de imponer por vía de excepción a los principios de afirmación de libertad y juzgamiento en libertad, la medida de coerción privativa de libertad, por lo que revisada la medida desde el estricto punto de vista objetivo, se siguen manteniendo las circunstancias bajo las cuales se decretó la aludida medida de coerción personal la cual sigue resultando proporcionada en atención a la entidad del delito imputado lo que hace necesario el mantenimiento de la misma a tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal; igualmente se mantienen todas las circunstancias que motivaron la Privación Judicial Preventiva de Libertad del imputado, así mismo, ha de señalarse que la Defensa argumenta que la Privación de Libertad de su defendido, puede ser revisada y otorgársele una Medida Cautelar Sustitutiva, fundamentado solamente en los artículos antes señalados, lo que para este Juzgador no es cierto ni suficiente, ya que no basta para este Juzgador los fundamentos realizados por la Defensa, para revisar la Medida Privativa de Libertad, ya que existen otros elementos suficientes en contra de los imputados que los hacen presumir como autores o participes del hecho punible por el cual fueron aprehendidos; en virtud de todas estas circunstancia quien decide considera ajustada a derecho la Medida Privativa de Libertad de dichos imputados; así mismo, si bien es cierto, que la Medida Privativa de Libertad, debe ser de carácter excepcional, quien decide que no menos cierto es que con dicha medida lo que se busca en esta primera etapa del proceso, es asegurar la presencia de los imputados a los futuros actos del mismo, y así garantizar la búsqueda de la verdad, y aplicar correctamente la Justicia, todo de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, igualmente ha de hacerse referencia que el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que sólo procederán Medidas Cautelares Sustitutivas, cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda en su limite máximo de tres (03) años, y por lo señalado anteriormente en el presente caso no se puede aplicar dicho artículo; Negando en consecuencia lo solicitado. Segundo: De la revisión de la presente causa, se puede constatar que efectivamente que en fecha 07-01-2010, fue remitida la presente causa a la Fiscalia con Competencia en Materia de Drogas par que presentara en el lapso legal su Acto Conclusivo; en fecha 11-01-2010, se Acordó la Prorroga solicitada por la Fiscalia con Competencia en Materia de Drogas del Ministerio Público, para presentar el correspondiente Acto Conclusivo, y en fecha 12-01-2010, fue remitida las Actuaciones Complementarias de la presente causa a la Fiscalia antes mencionada, estando dentro del plazo legal para hacerlo, lo que evidencia que no sea ha producido hasta la presente fecha ningún retraso procesal en perjuicio del imputado, por lo tanto se Niega, la presente solicitud hecha por la Defensora Pública, con lo que se evidencia que el proceso está fluyendo de manera normal sin dilación perjudicial para el imputado. Así se decide. DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de La Ley, luego de revisar la necesidad de Mantener la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre los imputados Josué Alberto Rodríguez y Jairo José Carreño, se Acuerda: Mantener la misma y por ende se NIEGA, la solicitud hecha por la Defensora Pública, todo de conformidad con los artículos 244 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Remítase las presentes actuaciones a la Fiscalia con Competencia en Materia de Drogas del Ministerio Público. Notifíquese a las partes. Así se decide. Cúmplase. El Juez Cuarto de Control. Abg. Luís Beltran Campos Marchan. La Secretaria. Abg. Roraima Ortiz G.